El Rey aprobará la próxima semana la reforma constitucional que asigna un senador exclusivo a Formentera

La iniciativa partió del Parlamento balear y se tramitó de forma rápida en el Congreso y el Senado.

Felipe VI, el miércoles, en un acto en Madrid.

El Rey Felipe VI firmará el próximo martes 19 de mayo en el Palacio de la Zarzuela la modificación del artículo 69.3 de la Constitución Española, que otorga a la isla de Formentera la posibilidad de contar con un senador propio, separándose así del ‘tándem’ electoral que compartía con Ibiza.

El jefe del Estado ratificará con su firma la entrada en vigor del texto reformado en un acto programado para las 9:30 horas del martes, según informó la Casa del Rey.

El 22 de abril pasado, el Pleno del Senado aprobó definitivamente la reforma del artículo 69.3 de la Constitución que concede a Formentera un senador individual.

La iniciativa fue impulsada por el Parlamento balear y se tramitó de forma exprés, aunque en el Congreso se introdujo un pequeño ajuste para que en la Constitución se conserve el nombre Ibiza en castellano, en lugar de Eivissa, como propuso la Cámara balear.

Concretamente, el nuevo apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española establece que corresponden senadores a las islas siguientes: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También se añade un único artículo adicional que establece que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral para el Senado en la isla de Formentera «quedará aplazada» hasta las próximas elecciones al Senado, una vez que esta reforma constitucional haya entrado en vigor.

En la exposición de motivos, el Parlamento balear argumenta que esta reforma constitucional busca que queden reconocidas de forma efectiva en el Senado «las particularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de territorios que forman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva».

Asimismo, subraya la importancia de las islas para que una medida de este tipo «sea considerada una reforma constitucional adecuada», percibida «como propia y valorada dentro del archipiélago balear (en igualdad plena con el canario) y, por extensión, en todo el territorio español».

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