Las claves
La alcaldesa de Alhama de Murcia reclama con urgencia el inicio de los trabajos de construcción del Centro de Salud y del SUAP, tras más de una década de demoras.
Estas instalaciones, edificadas en 1994, están saturadas y no han sido ampliadas pese al crecimiento de la población, que supera los 25.000 habitantes.
Representantes municipales, sindicatos y políticos denuncian la escasez de espacio, la espera de hasta dos semanas para atender citas y las condiciones inapropiadas tanto para usuarios como para trabajadores.
Se exige la reapertura urgente de los consultorios en las pedanías y una solución definitiva que garantice una atención sanitaria adecuada en todo el municipio.
La alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez, y la concejal de Salud, Dori Muñoz, han mantenido una reunión con profesionales sanitarios, agentes sociales y representantes políticos regionales, con el fin de denunciar la situación crítica del Centro de Salud y del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).
La regidora ha instado a la Comunidad Autónoma a «comenzar de inmediato las obras de ampliación de ambas infraestructuras, esenciales para asegurar una atención adecuada a los pacientes de Atención Primaria en una localidad con más de 24.000 habitantes.
En la rueda de prensa también participaron el secretario del sector de Sanidad de UGT Región de Murcia, Juan Crevillén; la coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna; el secretario de Sanidad del PSRM-PSOE, José Ángel Ponce; y el secretario de Salud Laboral de UGT, Enrique Martínez.
Igualmente asistieron al encuentro de trabajo el delegado de UGT para el 061, Antonio Cano, y el responsable de la Red de Salud de Izquierda Unida en la Región de Murcia, Jonathan Yuste.
30 años sin modificaciones
La reunión sirvió para poner de manifiesto la sobresaturación de unas instalaciones construidas en 1994 para atender a una población cercana a los 15.000 habitantes, cifra muy inferior a la actual, que supera los 25.000 vecinos entre el casco urbano y las pedanías.
Una de las conclusiones fue la «insostenible» saturación que muestran las actuales instalaciones, sin haber sufrido modificaciones durante tres décadas.
Sánchez describe la situación como «insostenible y asfixiante», destacando la falta de espacio tanto para pacientes como para los profesionales. «Las dependencias actuales obligan incluso a habilitar salas de espera al aire libre y complican brindar una atención con garantías de privacidad, movilidad y dignidad», explicó la alcaldesa.
«La población no puede seguir soportando retrasos de hasta dos semanas para obtener cita médica, mientras las urgencias operan en condiciones inadecuadas», añadió.
La alcaldesa informa que el Ayuntamiento recibió este miércoles, tan solo 24 horas antes de la convocatoria pública, la documentación técnica pendiente que la Consejería debía corregir para otorgar la licencia de obras.
El Consistorio había planteado estas observaciones en mayo de 2025 tras analizar el proyecto presentado por la Comunidad Autónoma. No obstante, el documento recibido ahora está fechado el 19 de noviembre de 2025.
«Lo más grave es que esa documentación llevaba meses firmada sin haber sido enviada al Ayuntamiento», denuncia Sánchez, relacionando esta demora con la presión institucional reciente y la proximidad de las elecciones.
Sin embargo, considera «un avance relevante» que el expediente pueda avanzar y confía en que la Comunidad Autónoma licite las obras durante este año.
Por su parte, Dori Muñoz critica la «falta de transparencia, comunicación y lealtad institucional» de la Consejería durante todo el proceso.
«El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de varios acontecimientos relacionados con esta actuación a través de la prensa regional», lamenta la edil. Al mismo tiempo, asegura que el equipo de Gobierno hará un seguimiento constante de cada trámite.
Muñoz también solicitó la reapertura inmediata de los consultorios médicos en las pedanías, que ya cumplen la normativa vigente, y denunció las actuales demoras en Atención Primaria.
Adicionalmente, anuncia el inicio de una campaña de recogida de firmas para reclamar que las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama del Área I vuelvan a realizarse en el Hospital Universitario de La Arrixaca, que cuenta con un servicio de autobús directo. La iniciativa estará activa durante un mes y cuenta con la colaboración de 33 comercios del municipio.
Juan Crevillén, en representación de UGT, asegura que las instalaciones «han quedado totalmente saturadas» y no cumplen los requisitos mínimos para desarrollar la actividad sanitaria.
Luego de visitar el edificio junto a técnicos de Salud Laboral, el sindicalista advierte de múltiples deficiencias en accesibilidad, dimensiones, salidas de emergencia y áreas de descanso para el personal.
«Las demandas asistenciales se han multiplicado, pero el edificio permanece como hace más de treinta años», señala. Crevillén subraya la necesidad de construir «un edificio nuevo, espacioso y adaptado».
Enrique Martínez, también de UGT, enfatiza la urgencia de actuar «con la máxima rapidez» ante una situación que considera ya insostenible: «No se puede seguir haciendo esperar a pacientes en una tienda de campaña mientras crecen las necesidades asistenciales».
Penélope Luna, coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, describe la visita al centro sanitario como «informativa» y aseguró que las instalaciones «no cuentan con condiciones dignas ni para trabajar ni para atender urgencias médicas».
Adelanta que su formación supervisará el cumplimiento de los plazos comprometidos y relaciona la situación sanitaria de Alhama con el «deterioro progresivo de los servicios públicos».
José Ángel Ponce, del PSRM-PSOE, reconoció públicamente la presión ejercida por el Ayuntamiento para desbloquear el expediente y defendió la necesidad de contar con instalaciones «acordes a un municipio que supera los 25.000 habitantes».
«Es inaceptable que en pleno 2026 haya pacientes esperando en la calle por falta de espacio o consultorios cerrados en las pedanías», afirmó.
Ponce resalta además el esfuerzo de los profesionales sanitarios que trabajan «en condiciones muy difíciles» y reclama a la Comunidad Autónoma una solución «rápida y definitiva» para corregir deficiencias acumuladas tras años de abandono.