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- Autor, Redacción
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El Parlamento israelí dio luz verde a una ley que establece la pena capital y autoriza juicios públicos para quienes participaron en los ataques sin precedentes que Hamás llevó a cabo en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.
La norma, impulsada tanto por el gobierno como por la oposición, fue ratificada en la Knesset con 93 votos a favor, ninguno en contra, y 27 legisladores se abstuvieron o estuvieron ausentes.
Yulia Malinovsky, coproponente del proyecto, declaró en rueda de prensa antes de la votación: «Que todos puedan observar cómo las víctimas y sus familias miran sin intermediarios a estos asesinos, violadores y secuestradores».
El 7 de octubre de 2023 se registró como la jornada más letal en la historia de Israel. Combatientes dirigidos por Hamás cruzaron desde Gaza hacia el sur de Israel, causando la muerte de más de 1.200 personas, en su mayoría civiles. Además, 251 personas fueron capturadas y retenidas en la Franja, incluyendo hombres, mujeres, niños y extranjeros.
La reacción israelí a este ataque desencadenó el conflicto más violento y mortal hasta ahora en Gaza, donde han fallecido al menos 72.740 personas, predominantemente niños, mujeres y ancianos, según reportes del Ministerio de Salud de la Franja.
¿Qué establece la nueva ley?
En marzo, la Knesset aprobó la Ley sobre la Pena de Muerte para Terroristas, destinada a palestinos condenados por delitos terroristas, pero no tiene efecto retroactivo. Por ello, se creó una legislación independiente para procesar a los presuntos involucrados en el asalto de octubre de 2023.
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Esta nueva legislación establece un régimen jurídico específico para procesar a los presuntos responsables directos de los ataques, incluyendo a miembros de la unidad especial Nukhba de las Brigadas al-Qassam, la rama militar de Hamás, que fueron capturados en territorio israelí.
Los acusados enfrentarán cargos que van desde terrorismo y homicidio hasta agresión sexual y genocidio, todos castigados con la pena de muerte. Los juicios se celebrarán ante un tribunal militar excepcional en Jerusalén, con procedimientos diferentes a los de un juicio penal ordinario.
Críticas a los procedimientos judiciales
Aunque el tribunal militar adaptará ciertas normas relacionadas con el procedimiento y la admisión de pruebas, los promotores sostienen que estos cambios no afectarán la equidad del juicio.
Por el contrario, organizaciones de derechos humanos cuestionan esta perspectiva, señalando que los procesos vigentes fueron diseñados para salvaguardar los derechos de los acusados. También rechazan que algunas audiencias se realicen sin la presencia física de los imputados.
Sari Bashi, directora ejecutiva del Comité Público contra la Tortura en Israel, expresó: «Los integrantes de la coalición de gobierno han dejado claro que esperan ejecuciones masivas a partir de este tribunal que han implementado».
Bashi agregó: «Está comprobado que los palestinos detenidos bajo sospecha de participación en los crímenes del 7 de octubre han sufrido torturas sistemáticas y extensas. Mi temor es que puedan ser sentenciados y ejecutados basándose en confesiones obtenidas mediante tortura».
Reconoce que los responsables de los ataques deben rendir cuentas, pero sostiene que «merecen un proceso justo, y la pena capital nunca debería considerarse».
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Número de acusados
Actualmente, el Servicio Prisional de Israel detiene a 1.283 combatientes catalogados como ilegales, sin cargos formales en su contra. La mayoría proviene de Gaza.
Asimismo, se estima que un número reducido de gazatíes está bajo custodia del ejército israelí, y se reporta que entre 300 y 400 están formalmente acusados y presos bajo sospecha de haber participado en los ataques del 7 de octubre.
Muchos residentes en Gaza continúan buscando noticias sobre parientes que supuestamente cruzaron a Israel durante los ataques o que fueron detenidos posteriormente.
Un pequeño grupo de personas se manifestó contra la nueva ley de pena de muerte frente a la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja en la Ciudad de Gaza, el lunes.
Entre ellos estaba el hermano del camarógrafo desaparecido Haitham al Wahad, quien fue visto por última vez mientras cubría los hechos del 7 de octubre en el cruce de Erez, entre Gaza e Israel.
Hisham al Wahad manifestó: «Esta ley es cruel, intenta arrebatarnos la esperanza que nos queda». Añadió: «Como familiares de los prisioneros y desaparecidos, hacemos un llamado a los estados y a las opiniones públicas internacional, árabe e islámica para que actúen y detengan esta ley».