Santiago Pedraz señala que el informe de la UCO recibido ayer en el juzgado requiere la realización de nuevas diligencias que deben mantenerse ocultas a los imputados.
El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Sepi ha ampliado la investigación sobre el rescate de Tubos Reunidos, incorporando «nuevos investigados y nuevos hechos», en base a un nuevo informe de la UCO presentado ayer en el Juzgado Central 5. Así lo manifiesta el magistrado Santiago Pedraz en el auto emitido este viernes, con el que se extiende un mes más el secreto de las actuaciones.
«El 7 de mayo de 2026, se añadió a las actuaciones un nuevo atestado y sus anexos, que profundizan en las actividades realizadas por los investigados en relación con el rescate otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos. Este informe revela la existencia de nuevos investigados y hechos, lo que hace imprescindible la realización de nuevas diligencias de instrucción, cuya efectividad requiere mantener el secreto del procedimiento».
En la causa están bajo investigación el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la considerada fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.
El rescate urgente de Tubos Reunidos es una de las distintas líneas de investigación abiertas en estas diligencias, siendo la más relevante en términos económicos. SEPI inyectó 113 millones en dicha empresa, que actualmente nuevamente se encuentra al borde de la insolvencia. Según la investigación, los implicados habrían recibido sobornos por ello.
Además de la ampliación sobre Tubos Reunidos, el juez señala otras razones para mantener el secreto en la causa: «La naturaleza de los delitos investigados, la participación de múltiples personas, algunas aún sin identificar, así como la necesidad de examinar diversa documentación y emitir los correspondientes informes periciales, justifican plenamente mantener el secreto sumarial y realizar diligencias sin audiencia de los investigados».
El juez precisa que aún no se han analizado los dispositivos intervenidos en los 18 registros realizados. Se encontraron «dispositivos móviles, abundante documentación y elementos de almacenamiento masivo, todos pendientes de análisis», indica Pedraz. A esto se añade que el juzgado todavía espera recibir información bancaria y tributaria solicitada a finales de 2025, que solo ha sido parcialmente entregada.
Todo ello implica que existe riesgo de que la revelación del secreto en este momento «pueda dificultar u obstaculizar» estas diligencias por parte de los investigados. «La prórroga del secreto es plenamente ajustada a derecho, dado que la complejidad de los hechos investigados persiste y existen diligencias relevantes pendientes, cuyo resultado podría verse gravemente comprometido si el secreto se levantara de manera prematura», concluye el magistrado.