Durante una exposición de una hora y cuarenta minutos, Luzón detalló la gravedad del caso que ha llevado a juicio al ex secretario de Organización del PSOE, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama
«La corrupción política organizada, nada menos que desde un Ministerio del Gobierno de España, está erosionando la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes manipulan, poniéndolas a su servicio». Así de contundente se mostró este miércoles el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, al referirse a la corrupción que se gestó en el Ministerio de Transportes bajo la dirección del antaño poderoso José Luis Ábalos. «Estamos ante una corrupción estructurada, organizada y persistente», afirmó.
En el transcurso de una intervención que duró una hora y cuarenta minutos, el fiscal de Sala profundizó en la gravedad del proceso que ha llevado al ex secretario de Organización del PSOE, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama al banquillo. Explicó cómo operaba la supuesta organización criminal y los papeles que desempeñaba cada uno de sus miembros. El fiscal aseguró que los acusados «pronto identificaron la oportunidad de obtener un lucro, un beneficio mutuo, amparados por el cargo que ostentaba José Luis Ábalos como ministro del Gobierno de España».
El jefe Anticorrupción añadió que esta organización criminal nació con una «clara intención de mantenerse en el tiempo», operó durante «varios años» y fue «planeando su actividad delictiva». «¿De quién partió la iniciativa?», se cuestionó Luzón para concluir que «probablemente la insistencia fue grande y la resistencia escasa».
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El fiscal explicó que «ya como líder de la organización, o al menos como figura clave, José Luis Ábalos raramente bajaba al terreno de la ejecución material de los delitos, puesto que contaba con el fidelísimo Koldo García», a quien calificó de «fundamental» porque gestionaba «las peticiones de terceros». Finalmente, Víctor de Aldama fue quien «en beneficio propio y de otros aprovechó esa influencia que se mantuvo mediante pagos continuados de sumas elevadas».
El jefe Anticorrupción mencionó al jurista y fiscal del Tribunal Supremo, Joaquín Francisco Pacheco, quien sostuvo que «el delito no aparece en la realidad como Minerva, adulto y totalmente armada, sino que sigue un proceso». Luego Luzón añadió: «Eso mismo sucede con la corrupción, que no emerge de golpe con la entrega de 10.000 ¤ por parte de Aldama a Koldo García y José Luis Ábalos, sino que comienza con favores, pequeños regalos, contactos, un trato especial, una moto o cualquier cosa similar. El pago de la vivienda de la pareja de Ábalos es la primera dádiva identificada y, a partir de ahí, es más natural que unos y otros entreguen y reciban cantidades en efectivo».
El fiscal repasó minuciosamente -vinculando los testimonios recogidos en el juicio con los mensajes de WhatsApp incautados por la UCO- todos los sobornos y tráfico de influencias que durante un mes se han juzgado en el Salón de Plenos del Supremo: desde la contratación de mascarillas; los enchufes para las amigas del ex ministro, Jésica Rodríguez y Claudia Montes, en empresas públicas; las gestiones para el rescate de Air Europa; el chalé de La Alcaidesa como contraprestación por las labores para favorecer a la empresa de hidrocarburos Villafuel; el piso de La Castellana como garantía de pago a Ábalos; la vivienda de lujo de Jésica en Plaza de España (Madrid); los 10.000 euros mensuales…
Y llegó entonces una segunda reflexión contundente del jefe de todos los fiscales Anticorrupción de España: «La deslegitimación del Estado de Derecho y el principio de separación de poderes causada por las actuaciones de responsables públicos que normalizan o impulsan conductas de corrupción, o que desacreditan a quienes deben combatir la corrupción política, está minando nuestro sistema democrático, y solo una respuesta firme contra ella puede detener esta dinámica».
Luzón no dejó pasar la oportunidad en su informe para denunciar la situación que sufren las empresas públicas «colonizadas», «casi parasitadas por el poder político», algo contraria a lo establecido en el artículo 103 de la Constitución y que provoca cierta desolación. Añadió que «el interés general es un concepto jurídico definido que no puede someterse a la voluntad arbitraria política» y defendió claramente a quienes deciden denunciar la corrupción.
El fiscal Anticorrupción también abordó la confesión de Aldama. Recordó la importancia en política criminal de contar con investigados que «rompen con el entorno criminal y lo denuncian», señalando que si esta colaboración no se recompensa, predominará la «ley del silencio». El fiscal de Sala —quien evitó convertir en un choque público la orden dada por su superior, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de impedirle solicitar una reducción mayor de la pena para Aldama— defendió que «es viable considerar la atenuante muy cualificada» para el comisionista.
Una colaboración «decisiva»
En relación a esto, el representante del Ministerio Fiscal indicó que «la incentivación de la colaboración de personas que participaron en el delito, mediante una rebaja sustancial o exención de pena, es una necesidad creciente en política criminal para obtener pruebas de delitos que de otra forma serían muy difíciles de alcanzar».
En este sentido, Luzón definió como «decisiva» la cooperación de Aldama para descubrir aspectos que inicialmente eran desconocidos para los investigadores, en referencia a los amaños en adjudicaciones de obra pública bajo investigación en la Audiencia Nacional; causa que llevó a prisión al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Además, destacó que sus declaraciones «no tuvieron como objetivo ocultar ni minimizar su propia participación en estos hechos».
El fiscal también dejó claro que las palabras de Aldama no constituyen una verdad absoluta al señalar que «desde luego» el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no era el número 1 de la trama criminal, como afirmó el acusado.
Asimismo, negó haber firmado un acuerdo previo con el comisionista. «Frente a la insistente acusación de pacto con el fiscal, lo único existente por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley», enfatizó el acusador público. Y aunque acató la orden de la fiscal general, que asumió sin intención de generar polémica, el jefe de Anticorrupción consideró posible reducir hasta dos grados la pena para Aldama, tal y como han solicitado su defensa y las acusaciones populares encabezadas por el PP.
Además de la atenuante muy cualificada —que permite una reducción de la pena hasta en dos grados—, Luzón también mencionó la posibilidad de que la Sala aplique el artículo 570 quater del Código Penal para rebajar hasta dos grados únicamente en el delito de organización criminal.