Las claves
El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón pide una condena de 24 años de prisión para el exministro Ábalos y 19 años y medio para su colaborador Koldo García por hechos relacionados con corrupción.
Luzón respalda la reducción de la pena para Víctor de Aldama, subrayando que su cooperación fue fundamental para el progreso de la investigación.
La Fiscalía considera probado que Ábalos, Koldo y Aldama formaban parte de una organización criminal que se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a cambio de manipular contratos.
El fiscal descarta que el presidente Pedro Sánchez ocupara el papel de ‘número 1’ en la red, asignando la responsabilidad principal a Ábalos y su círculo cercano.
Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, ha destacado en el informe de la acusación pública que abrió la última sesión del juicio del caso Koldo/Ábalos en el Tribunal Supremo, los motivos por los que solicita 24 años de prisión para el exministro Ábalos y 19 años y medio para su asistente, Koldo García.
«Enfrentan penas severas, ya que las conductas imputadas son sumamente graves«, afirmó. Luzón denunció que la «corrupción estructural» mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones: «La corrupción política erosiona nuestro sistema democrático y solo una respuesta firme puede detenerla. Por ello, solicito la imposición de dichas penas, que consideramos proporcionadas y disuasorias».
Por otra parte, Luzón ha considerado «clave» la colaboración de Víctor de Aldama, quien se incrimina voluntariamente, y afirmó que la declaración del empresario ha sido respaldada por otras pruebas que confirman los hechos presentados en el escrito de acusación.
«La evidencia es abundante», detalló, «y aunque su testimonio no es exclusivo, sí ha resultado crucial para avanzar en varios aspectos de la investigación». «Por esta razón, como sostiene la acusación popular, se puede reconocer la atenuante de confesión en un grado muy cualificado«, agregó, en referencia a la reducción significativa de la pena solicitada (cinco años y dos meses de prisión) por el abogado del PP, que lidera la acción popular.
La Fiscalía mantiene la petición inicial de siete años de condena para Aldama. La fiscal general, Teresa Peramato, no autorizó a Luzón a disminuir la pena solicitada, algo que el fiscal anticorrupción había considerado antes del juicio.
El fiscal jefe de Anticorrupción mostró sorpresa ante las dudas sobre la declaración incriminatoria y autoincriminatoria de Aldama. «El incentivo a la colaboración de personas implicadas en el delito mediante la reducción o exención de pena se ha convertido en una práctica creciente en política criminal para obtener pruebas de delitos que, de otro modo, serían muy difíciles de descubrir», recordó.
«Para combatir las organizaciones criminales es necesario recompensar a quienes abandonan esos entornos y denuncian. Sin esto, el silencio prevalecerá en toda investigación de corrupción», concluyó.
El ‘número 1’ no es Sánchez
El fiscal indicó en el inicio de su informe que los tres acusados, el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, acordaron «obtener un beneficio» en el marco de una «organización criminal» que supuestamente se dedicaba al cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos amañados.
«Aunque parecen pocos, hubo más de dos integrantes. Algunos se han presentado en este juicio. Los tres acusados tenían personas cercanas. En el caso de Koldo, su hermano y exmujer, y en el de Aldama, socios y testaferros…», detalló Luzón.
«Aldama no participó en ciertas actividades delictivas atribuidas a Ábalos y Koldo. Para algunos de estos delitos, Ábalos y Koldo actuaron sin necesidad de contar con Aldama», explicó el fiscal.
«El presidente del Gobierno no era el ‘número 1’ [de la trama], como afirmaba con confianza Aldama», sostuvo Luzón, atribuyendo a Ábalos la iniciativa de las supuestas acciones ilegales.
«Koldo fue el asesor, su alter ego, el hombre de confianza, la conexión directa, la sombra constante de Ábalos. Lo que decía Koldo, era lo que Ábalos decidía«, explicó el fiscal. «Aldama, mediante el pago de sumas elevadas, actuaba como el factor corruptor».
Luzón expresó que «no debería sorprendernos la implicación directa de un político en la cúspide o, al menos, en el funcionamiento interno de una organización criminal», refiriéndose a Ábalos. «¿Quién corrompió a quién? Lo más probable es que la insistencia fuera grande y la resistencia escasa», reflexionó, recordando que Aldama entregaba 10.000 euros mensuales al exministro.