Las claves
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha aportado nuevas pruebas incriminatorias contra José Luis Ábalos y su asistente Koldo García en la fase final del juicio.
Se sostiene que Ábalos y los demás acusados constituyeron una organización criminal con fines de lucro ilegal, admitiendo Aldama su implicación y colaborando con la acusación.
El fiscal especifica que Ábalos obtuvo beneficios personales, incluidos estancias en chalés y el pago del alquiler del domicilio de su examante, gracias a empresarios vinculados a la red.
Koldo García ejerció presión para la contratación de Claudia Montes en Logirail y reportaba directamente estas gestiones a Ábalos, según el escrito final del fiscal.
El proceso contra quien fuera el mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE, José Luis Ábalos, está próximo a su conclusión. El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, y los seis magistrados que dictarán la sentencia escucharán a partir de esta mañana los informes finales de acusaciones y defensas. Tras ello, Ábalos y los otros dos acusados —su asistente, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama— tendrán la oportunidad de pronunciar la última palabra.
Las acusaciones afrontan este momento confiadas en que su tesis, según la cual los tres acusados conformaron una organización criminal con finalidad lucrativa ilegal, ha quedado demostrada. Las defensas de Ábalos y García lo rechazan, mientras que Aldama acepta el relato acusatorio —a cuya elaboración ha contribuido— y busca beneficiarse de una atenuante muy cualificada para evitar volver a prisión o, al menos, reducir el tiempo de estancia en ella.
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha rebajado sus peticiones de condena. De hecho, su relato de hechos en el escrito de acusación definitivo incluye información adicional que agrava la situación del exministro y su asistente.
Estos hechos complementan los ya expuestos inicialmente en la acusación del Ministerio Público, centrados en cuatro de las conductas imputadas.
En primer término, Luzón precisa que el pago del alquiler del piso de lujo que ocupó la examante de Ábalos, Jésica Rodríguez, desde marzo de 2019 hasta marzo de 2022 estuvo íntegramente a cargo de un empresario amigo de Aldama y de éste mismo.
En la acusación provisional se señalaba que, tras una orden de Aldama, Luis Alberto Escolano dejó de realizar los pagos, y que dos meses de alquiler por 6.000 euros fueron asumidos por Koldo García. Ahora el fiscal añade que «estas cantidades le fueron reintegradas posteriormente en efectivo por Víctor de Aldama».
La nota de Air Europa
Luzón también ha ampliado el relato sobre la difusión a varios medios de una nota del Ministerio de Transportes favorable al rescate de Air Europa.
Contrariamente a la intención de las acusaciones y del exconsejero delegado de la aerolínea, Javier Hidalgo, de minimizar la importancia de dicha nota, el fiscal subraya que fue determinante para tranquilizar a los acreedores, alcanzó amplia difusión, Ábalos se implicó directamente y recibió como compensación una estancia en un chalet de Marbella.
Actualmente, Ábalos «autorizó» —no solo «promovió», como se indicaba en la acusación provisional— la nota de prensa, cuyo contenido se reproduce: Transportes señalaba que Air Europa era una empresa «estratégica» y afirmaba que «esta condición le permitiría recibir apoyo del Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas creado por el Gobierno».
El fiscal reproduce titulares de múltiples medios coincidentes en que «el Gobierno ultima el rescate de Air Europa», algunos destacando que Ábalos «lidera personalmente las negociaciones».
El entonces ministro de Transportes no solo envió esa nota, sino que, antes de su difusión, la remitió a Koldo García para que se la entregara a Aldama y, en consecuencia, a Hidalgo. El fiscal añade que una de las noticias que resaltaba la gestión de Ábalos para el rescate fue transmitida a Hidalgo por el mismo circuito (Ábalos-Koldo-Aldama) el 10 de agosto de 2019.
Ese mismo día, apenas horas después, «tras varias llamadas entre el asesor del ministro, Aldama e Hidalgo, Koldo García envió un ‘whatsapp’ a José Luis Ábalos informándole de que ‘Buenas te comento esto sale gratis por las molestias generadas’, adjuntando fotografías del chalet en Marbella», destaca el fiscal en su escrito final.
En este apartado también queda patente que Luzón no otorgó credibilidad al testimonio de Hidalgo y mantiene que «Aldama, agradecido a José Luis Ábalos por su valiosa intervención, gestionó junto a Francisco Javier Hidalgo el pago de la estancia en el chalet«. Esta referencia al directivo de Air Europa no aparecía previamente.
El representante del Ministerio Público ha sumado hechos verificados respecto al uso por parte de Ábalos de otro chalet sufragado por el empresario de hidrocarburos Claudio Rivas, como recompensa por las gestiones de la red para conseguir una licencia de operadora para Villafuel.
El escrito de acusación refuerza el vínculo entre el chalet de Cádiz y esas gestiones al señalar que «cuando el 9 de diciembre de 2021 se denegó la condición de operador a Villafuel, Claudio Rivas ordenó el desahucio de Ábalos de dicha vivienda».
El ‘enchufe’ de Claudia
También se han especificado detalles sobre la contratación de Claudia Montes en Logirail.
El fiscal destaca que Koldo García «envió el currículum de Montes al entonces presidente de Renfe Isaías Táboas Suárez con indicación expresa de su lugar de trabajo (Gijón) y poco después fue contratada».
Añade que esta contratación fue posible porque Koldo «presionó a altos responsables de Logirail y Renfe«. Esta versión se basa en la declaración del jefe de Montes, Enrique Martínez, durante el juicio el 9 de abril.
De todas las actuaciones favorables para Claudia, Koldo «informaba puntualmente al ministro», concluye Luzón.