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- Autor, Darío Brooks
- Título del autor, BBC News Mundo
- 29 abril 2026Actualizado 30 abril 2026
- Tiempo de lectura: 7 min
El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta cargos relacionados con narcotráfico ante un tribunal federal estadounidense, según informó este miércoles el Departamento de Justicia de EE.UU.
Este funcionario estatal, miembro de Morena, partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, es acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos vinculados al tráfico de drogas y armas.
«Se imputa que se asociaron con el Cartel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos», comunicó el Departamento de Justicia.
El caso fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, con la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla asignada al proceso.
Rocha Moya y los otros acusados están relacionados con «Los Chapitos», la facción del Cartel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán en ese estado y otras regiones de México.
«El Cartel de Sinaloa es una organización criminal implacable que ha inundado esta comunidad [EE.UU.] con drogas peligrosas por décadas», expresó el fiscal federal Jay Clayton, líder de la acusación contra Rocha Moya y sus coacusados.
«Como evidencia la acusación, el Cartel de Sinaloa y otros grupos similares no operarían con tanta libertad y éxito sin políticos y funcionarios corruptos dentro de las fuerzas del orden», añadió.
La Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció que analizará una solicitud de detención para extradición recibida a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Además del gobernador de 76 años, están acusados:
- Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Gobierno estatal.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito, exmandos policiales estatales.
- Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán.
- Juan Valenzuela Millán, exjefe de policía de Culiacán.
Tras darse a conocer la acusación en EE.UU., el gobernador Rocha Moya se manifestó en X: «Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento. Esto se demostrará con toda contundencia en el momento adecuado».
«Este ataque no está dirigido solo a mí, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus líderes emblemáticos y a los mexicanos que representamos esa causa. Forma parte de una estrategia perversa para vulnerar el orden constitucional, concretamente la soberanía nacional que establece el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que defendemos como un principio invariable e innegociable», añadió.
La presidenta Sheinbaum, en su conferencia matutina habitual llamada «La mañanera», sostuvo el jueves que «no protegeremos a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones del Departamento de Justicia (de EE.UU.) es político».
Sheinbaum enfatizó la defensa de la soberanía mexicana, comentando que por primera vez ocurre una situación de esta naturaleza: «Debe quedar muy claro: bajo ninguna circunstancia permitiremos la intervención o injerencia de un gobierno extranjero en decisiones que correspondan únicamente al pueblo de México».
Por su parte, el senador Insunza Cázarez afirmó que la acusación está relacionada con sus críticas recientes a la presencia de agentes de EE.UU. en México, tras un suceso ocurrido en Chihuahua.
«Hoy, casualmente, autoridades estadounidenses revelan una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo categórica y firmemente las imputaciones, por ser falsas y dolosas», escribió el senador en X.
Es la primera vez que un gobernador y un senador en funciones enfrentan acusaciones por parte de la justicia de EE.UU.
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¿De qué los acusan?
En un comunicado, el Departamento de Justicia de EE.UU. indicó que los acusados recibían sobornos para facilitar las operaciones del Cartel de Sinaloa y brindar protección a sus líderes en el estado del noroeste mexicano.
Supuestamente, apoyaban a la facción conocida como «Los Chapitos», que tomó el control de parte del cartel tras la captura y proceso judicial en EE.UU. de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Según la acusación, los jefes de esta agrupación ayudaron a Rocha Moya a ganar la gobernatura de Sinaloa en 2021 mediante «el secuestro e intimidación de sus rivales».
«A cambio, tanto antes como después de asumir el cargo de gobernador, Rocha Moya habría participado en reuniones con Los Chapitos, comprometiéndose a protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas en Estados Unidos. Como mandatario, permitió que esta facción operase con impunidad en Sinaloa».
El Departamento de Justicia señala que todos los señalados supuestamente facilitaron el tráfico de «varias toneladas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos» desde sus cargos públicos.
Entre las «funciones clave para el cartel» destacan «la protección de sus líderes» para evitar investigaciones, arrestos o juicios. Además, se les acusa de proporcionar «información confidencial de las fuerzas del orden y ejército» para respaldar sus operaciones.
Juan Valenzuela Millán está implicado en presuntos secuestros de un informante de la Agencia para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) y un familiar, que terminaron en la muerte de ambos.
«Esta acusación revela un esfuerzo intencionado para debilitar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados habrían usado sus cargos de confianza para proteger las actividades del cartel, permitiendo el ingreso de drogas letales a nuestro país», sostuvo Terrance Cole, administrador de la DEA.
El Departamento de Justicia también afirma que la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Culiacán presuntamente protegieron cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia EE.UU., y «permitieron que miembros del cartel cometieran actos violentos relacionados con el narcotráfico sin consecuencias».
Como contraprestación, los acusados habrían recibido «millones de dólares provenientes del narcotráfico del cartel», según la acusación.
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EE.UU. solicita su extradición
Tras la presentación de la acusación, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana informó que el martes por la tarde recibió una solicitud de detención con fines de extradición desde EE.UU. «de varias personas».
La Cancillería indicó que «la petición no cuenta con pruebas suficientes para establecer la responsabilidad de quienes se solicita la detención provisional con fines extradicionales».
«Sin embargo, conforme a los protocolos habituales, será la Fiscalía General de la República la encargada de evaluar si existen pruebas que respalden la solicitud según el sistema jurídico mexicano y la viabilidad del proceso», añadió.
También señaló que enviará a la Embajada de EE.UU. «un extrañamiento» debido a «la manera en que se divulgó» la petición de extradición.
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Posteriormente, la FGR confirmó la recepción de la solicitud de detención con fines de extradición bajo el acuerdo bilateral vigente entre México y EE.UU.
No obstante, enfatizó que no fue acompañada con las pruebas requeridas: «El tratado bilateral establece claramente que la extradición solo se concederá si las pruebas son suficientes conforme a las leyes del país requerido, en este caso México», detalló el fiscal especial Ulises Lara.
«Esta solicitud no viene respaldada con pruebas sólidas que demuestren de manera contundente los hechos descritos», agregó.
Sin embargo, anunció que iniciará una investigación propia para valorar si existen motivos para proceder con las detenciones y posible extradición de los acusados.
Respecto al gobernador Rocha Moya y al senador Inzunza Cázarez, el fiscal Lara explicó que para su arresto y enjuiciamiento, primero el Congreso debe aprobar la remoción de su fuero constitucional.