Un subordinado de David Oliva, vinculado con estos delincuentes, acumuló seis propiedades en pocos años. Asuntos Internos sospecha que este guardia civil, conocido por sus destacables logros en la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, en realidad colaboraba con el clan de los Ariza.
Es un relato más antiguo que las propias series de Netflix que parecen emularlo: los supuestos héroes que en realidad son villanos. Y ocurrió, presuntamente, en España, en el Estrecho de Gibraltar. Guardias civiles dedicados a combatir el narcotráfico que, en verdad, se relacionaban estrechamente con los líderes de los clanes: salían con ellos de fiesta o viajaban juntos a Punta Cana y Estambul.
Soldados en la lucha contra las drogas que, en la práctica, compartían celebraciones familiares con los narcotraficantes a quienes debían perseguir. Inclusive asistían a los bautizos de sus hijos. Funcionarios públicos que repentinamente obtenían logros sorprendentes—en la competencia de sus asociados narcos—y cuyos bienes aumentaban de manera inexplicable, sin límites ni razones aparentes.
La Audiencia Provincial de Madrid acaba de establecer, en auto fechado el 7 de abril y al que ha tenido acceso EL MUNDO, que un jurado juzgará, probablemente este otoño, a David Oliva, el teniente coronel de la Guardia Civil que fuera exjefe antidroga del Estrecho de Gibraltar, por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
Tanto él como dos colaboradores cruzaron la línea, según consideran tanto la Fiscalía Antidroga como Asuntos Internos de la Guardia Civil, y supuestamente se habrían confabulado para apoyar al clan de los Ariza, que se supone investigaban. Oliva fue durante años conocido en el Estrecho y en la Benemérita por su ritmo excepcional de decomisos y sus éxitos notables. Los investigadores creen ahora que podría haber estado usando su proximidad a los Ariza para eliminar a la competencia.
La Justicia resuelve así una compleja red de causas relacionadas con Oliva, quien ha intentado desacreditar las pesquisas incluso acusando al Ministerio de Interior de Fernando Grande-Marlaska de disolver de manera injusta en 2022 el OCON Sur (Organismo de Coordinación del Narcotráfico), el grupo antinarcos bajo su mando.
En realidad, ya estaba decidido que los miembros de OCON serían reasignados a las comandancias de la región para integrar la lucha antidroga en grupos estables; y las autoridades sospechaban desde hacía tiempo que el volumen de decomisos de Oliva y su equipo, aunque el teniente coronel siempre mostrara en la Benemérita que rozaba y a veces sobrepasaba los límites, podría basarse en alguna conexión con los Ariza.
Diversos testimonios de confidentes corroboraban esta hipótesis, y tras varias investigaciones de la Policía Nacional, fue Asuntos Internos de la Guardia Civil quien consiguió la prueba crucial: al obtener permiso judicial para intervenir las comunicaciones, en el móvil del teniente Israel Fuentes aparecieron evidencias de que Oliva presionaba a otro guardia, David Bernal, para que escudriñara en las bases de Asuntos Internos y averiguara si el cuerpo ya estaba investigando sus vínculos con el narcotráfico.
¿Qué ofreció Oliva a Bernal a cambio? Lograr que lo trasladaran desde Asuntos Internos, donde Bernal buscaba la información —llegó a sustraer archivos—, al área Antidroga. De ahí deriva el delito de cohecho que la Audiencia Provincial de Madrid imputa provisionalmente a Oliva, eliminando la defensa mediática del exlíder del OCON Sur, quien intentó responsabilizar a Marlaska de la supresión de su grupo para, en realidad, según creen los investigadores, ocultar su relación con el clan de los Ariza. La Audiencia también rechazó la defensa de los tres guardias, que argumentaban que la investigación se basaba únicamente en un informe de la Policía Nacional con información parcialmente falsa. El juez comparte la opinión del fiscal antidroga Luis Uriarte: las pesquisas no provienen de ese informe y existen indicios suficientes para juzgar.
Las pruebas contra Fuentes son contundentes. Asuntos Internos lo sorprendió compartiendo «espacios y celebraciones» con un destacado miembro del clan Ariza, David Verdejo. Además, se le vio viajando con él a Punta Cana y Estambul, así como en la finca El Jaleo, propiedad de Verdejo.
Más aún, Fuentes, según sostienen tanto Asuntos Internos como la Fiscalía Antidroga, mantuvo la titularidad de un Mitsubishi Montero que realmente pertenecía a Verdejo para «evitar el control policial» del vehículo, y cuando en mayo de 2022 asistió al bautizo de un hijo de Verdejo, pidió permiso inventando una justificación claramente falsa.
Quizá más grave fue el sospechoso aumento de su patrimonio durante esos años, «totalmente incompatible» con su salario como Guardia Civil: entre 2005 y 2022 Fuentes adquirió seis viviendas, cinco plazas de garaje y un trastero, además con un nivel de endeudamiento bajo.
En 2022 compró una casa «a un precio muy inferior al valor de mercado y sin financiación»: presumiblemente en efectivo. También pagó en efectivo 180.000 euros para rehabilitar otro inmueble, participando en cuatro sociedades inmobiliarias sin financiación y utilizando testaferros, como su propia madre de 74 años.
Cuando en julio de 2022 los Ariza localizaron una baliza en uno de sus vehículos y acudieron directamente al cuartel de la Benemérita —lo que evidenció que sabían que era un dispositivo de la Guardia Civil, probablemente alertados por policías— Fuentes consultó las bases policiales para ayudarlos, desde su domicilio.
Fuentes, según consideran los investigadores, realizaba tareas de vigilancia para los Ariza, al igual que el otro importante agente doble descubierto recientemente en España, El Anodino, Óscar Sánchez Gil, a quien Asuntos Internos, esta vez de la Policía Nacional, halló 20 millones de euros escondidos en las paredes de su vivienda en Alcalá de Henares (Madrid), y otro más en su propia oficina policial.
Fuentes llegó a decirle a Verdejo, en un mensaje interceptado: «Tu único delito es ser amigo mío y de David [Oliva]». Otro mensaje de Oliva a Fuentes fue revelador: «Solo tenemos que tener cuidado con lo que nos rodea, que algunos nos traicionan». Fuentes respondió: «Lo que sepa nuestra mano izquierda no debe saberlo la derecha».
El Anodino, cuya causa investiga actualmente la Audiencia Nacional, fue detenido, entre otros aspectos, por buscar sus propias partidas de cocaína en las bases policiales para protegerlas, según la investigación. Los guardias de OCON hacían lo propio al rastrear los registros contra sí mismos.
Los tres guardias civiles imputados niegan categóricamente todas las acusaciones.