Por Andalucía presenta su propuesta para el 17M: límites en alquiler, control de precios y nuevos impuestos a grandes fortunas

Antonio Maíllo, candidato a la Presidencia de la Junta con la confluencia Por Andalucía, en la presentación del programa electoral. Las claves

Por Andalucía plantea restringir los precios del alquiler y declarar áreas tensionadas, además de aumentar los impuestos para los grandes propietarios de viviendas.

El plan electoral contempla intervenir en la cesta de la compra, crear supermercados públicos y establecer un observatorio de precios alimentarios.

Proponen la creación de un banco público para financiar pymes y cooperativas, así como elevar los impuestos a grandes fortunas, entidades bancarias y propietarios de extensas tierras.

Sugieren expropiar temporalmente hospitales concertados para asegurar el acceso público, reducir los tiempos de espera en dependencia y declarar nuevos lugares como Memoria Democrática.

Limitar los alquileres, intervenir en la cesta de la compra con la creación de supermercados públicos y subir impuestos a los ‘superricos’. Así es el programa electoral de la confluencia de izquierdas Por Andalucía.

Se trata de un conjunto de propuestas que otorgan especial importancia a la precariedad y a la pérdida del poder adquisitivo en los últimos años por parte de la ciudadanía.

Esto es especialmente evidente en el ámbito de la vivienda, una preocupación principal para los votantes y asunto candente en la sociedad española. La coalición que integra a IU, Sumar y Unidas Podemos asegura que declarará zonas tensionadas y limitará los precios del alquiler.

Vivienda

Aumentaremos los impuestos para los grandes tenedores, tanto personas físicas como jurídicas», afirman. Este cambio relevante implica que el gran propietario ya no será quien posea 10 viviendas, sino 5. Además, se aplicarán «importantes recargos» a quienes mantengan pisos vacíos sin alquilar.

De particular importancia para una región turística y con segundas residencias como Andalucía: «En los municipios tensionados, solo se permitirá adquirir vivienda para residir en ella» y se suspenderán nuevas licencias para vivienda turística en estas zonas.

Con un enfoque también en la economía doméstica, se propone intervenir en la cesta de la compra.

Supermercados y banco públicos

«Intervendremos en la cesta de la compra y en la cadena alimentaria», explican. ¿De qué manera? Mediante una nueva entidad pública de alimentación, actuando en la distribución y «estableciendo supermercados públicos con productos locales, de calidad, sostenibles y a precios accesibles».

También plantean crear un observatorio de precios. Entre las medidas económicas figura la constitución de un banco público dependiente del Parlamento de Andalucía, destinado a canalizar créditos hacia la economía real (pymes, cooperativas y proyectos generadores de empleo), bajo los principios de banca ética, transparencia, profesionalismo e inclusión financiera.

Y más tributos para los ‘superricos’. «No ocultamos nuestras intenciones y lo expresamos claramente: buscamos subir impuestos, pero pretendemos incrementarlos para las grandes fortunas de Andalucía: banca, rentistas, propietarios de grandes tierras, fondos de inversión y operadores de sanidad y educación privadas».

Expropiación temporal de hospitales

La sanidad es también un eje fundamental para Por Andalucía. «Todo ciudadano andaluz tendrá acceso garantizado a un hospital público. La red hospitalaria abarcará toda la comunidad».

«Y si resulta preciso expropiar temporalmente hospitales concertados mientras se construye un centro público, lo haremos«, aseguran. Además, prometen eliminar «lo antes posible» los conciertos con la sanidad privada y prohibir que jefes de servicio o directivos intermedios de la sanidad pública trabajen simultáneamente en el sector privado.

También anuncian que investigarán los contratos con la sanidad privada durante el actual gobierno de la Junta y esclarecerán la verdad sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama.

Dependencia y Memoria

Entre otras promesas está reducir los plazos de espera para recibir ayudas de dependencia: «Un máximo de 180 días frente a los 500 días promedio que existen actualmente en Andalucía. Para ello, duplicaremos el número de profesionales encargados de la valoración».

No se olvidan tampoco de la Memoria Histórica. Junto con la recuperación de la Dirección General de Memoria Democrática, planean declarar Lugar de Memoria Democrática al Cortijo de Gambogaz, un inmueble que pasará de estar bajo la propiedad de los herederos del golpista Queipo de Llano a convertirse en un centro de investigación y reparación.

Esta medida vuelve a poner en primer plano la situación respecto a dichos herederos, que ya acapararon titulares hace cuatro años, cuando sus restos fueron exhumados de la Basílica de la Macarena, respuesta histórica a la demanda de los familiares de las víctimas.

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