Aragón representa la primera comunidad en la que Vox asume esta consejería, implementando un programa de gobierno que integra sus planteamientos en este ámbito.
Dos son los principales emblemas ideológicos que Vox destaca sobre los demás: su rechazo a la «inmigración masiva» y a las «políticas verdes». Estas consignas están reflejadas en los acuerdos alcanzados con los populares en Extremadura y Aragón, pues en estas materias los equipos de Santiago Abascal consiguen mayores concesiones del PP. Y no solo en el plano programático, sino también en la gestión: en ambas comunidades, Vox asumirá consejerías que gestionan competencias migratorias -específicamente en servicios sociales- y, además, en Aragón, controlará también la cartera vinculada a la política medioambiental.
Esto ocurrirá por primera vez. Durante el anterior ciclo electoral, PP y Vox constituyeron cinco gobiernos autonómicos de coalición, y los representantes de Abascal gestionaron un total de 11 consejerías. Ninguna de ellas incluía la mayoría de las competencias sobre Medio Ambiente. Tampoco se le asignó esta cartera en el pacto recientemente firmado con María Guardiola en Extremadura, donde Vox obtuvo dos consejerías; sin embargo, en el acuerdo de Aragón sí se le otorgan las responsabilidades de Medio Ambiente y Turismo, además de otras dos carteras.
En Aragón, Medio Ambiente funciona como una cartera autónoma (junto con Turismo) desde 2023, cuando bajo el primer Ejecutivo de Jorge Azcón se separó de Agricultura y Ganadería. Justo esta última consigió Vox, por lo que la reducción de competencias relacionada con la separación de Medio Ambiente afectó a los de Abascal, limitando su capacidad para llevar adelante sus propuestas climáticas. Ahora, esta situación cambia: tanto Agricultura y Ganadería como Medio Ambiente y Turismo quedarán bajo control de Vox.
Por contraste, en Extremadura, según los términos del pacto, el partido más a la derecha no gestionará las competencias medioambientales, aunque durante la legislatura que concluye estas se encontraban dentro de una de las carteras que ahora tomará Vox. La consejería a su cargo será Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que unifica materias previamente distribuidas en dos áreas y excluye temas relacionados con el «desarrollo sostenible» —antes asociados a Agricultura—. De esta manera, Aragón será la única comunidad donde Vox podrá implementar directamente su política medioambiental, que se opone a las directrices establecidas en Bruselas.
Tendrá libertad prácticamente total debido a que el pacto programático firmado con el PP de Azcón integra en gran medida sus postulados en esta materia. Por ejemplo, indica que el gobierno autonómico «protegerá activamente —económica, política y jurídicamente—» al sector primario «de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde«. También prevé eliminar el impuesto medioambiental sobre las emisiones contaminantes a la atmósfera, así como «promover el saneamiento, la retirada de vegetación y la adecuada gestión del cauce» del Ebro, acciones que Vox ha defendido desde la dana que afectó a Valencia en 2024.
Los cargos de Vox en Aragón asumirán direcciones generales competentes en estos ámbitos, además de contar con la supervisión de organismos públicos relacionados, siempre y cuando se mantenga la estructura de la legislatura anterior. Un ejemplo es el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), organismo responsable de tramitar expedientes ambientales, como la autorización de proyectos renovables, si bien la dirección general de Energía también posee competencias en este sector. El INAGA está actualmente en el centro de atención por el caso Forestalia: la Guardia Civil investiga la supuesta aprobación irregular por parte de este ente —y del Ministerio de Transición Ecológica— de Declaraciones de Impacto Ambiental relacionadas con proyectos liderados por Forestalia, en lo que se interpreta como un «trato de favor» hacia dicha empresa.
Asimismo, la cartera de Medio Ambiente que asumirá Vox en Aragón incluye la gestión forestal, incluida la prevención de incendios. Este aspecto ya estuvo bajo control de Vox en Extremadura durante la legislatura anterior —excepto durante la ola de incendios del último verano, cuando ya se había roto el pacto de gobierno—, pero allí ahora el PP recuperará esta función. Queda pendiente definir quién gestionará en Extremadura las competencias en Energía y, con ello, cierta influencia sobre la central nuclear de Almaraz, aspecto que resulta clave para Vox.