El nuevo horario entrará en vigor el 1 de enero de 2027, conforme al acuerdo alcanzado entre la Administración autonómica y SCIF, el principal representante de los trabajadores de la Generalitat
La Generalitat Valenciana sigue la línea de la Administración central y se sienta a negociar con los sindicatos la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, con vigencia desde el 1 de enero de 2027. Este viernes, el conseller José Antonio Rovira encabezó la Mesa General de Negociación del personal funcionario, estatutario y laboral, donde se instó a cada mesa sectorial a negociar la implementación de las 35 horas en su ámbito correspondiente.
Con esta medida por parte del gobierno autonómico, liderado por el popular Juanfran Pérez Llorca —sucesor de Carlos Mazón—, la Comunidad de Madrid queda como la única administración con jornadas más extensas para sus funcionarios, registrando un promedio de 37,5 horas en sus distintos sectores. Para avanzar en esta reducción, será necesario constituir las mesas sectoriales de Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública.
Según informó la Administración autonómica, llevan meses trabajando en informes que permitan determinar el coste económico de esta reducción horaria. En este contexto, desde Hacienda subrayaron que cualquier avance será “serio y riguroso, basado en la capacidad de ejecución conforme a la viabilidad presupuestaria y los recursos disponibles”.
Además, la Agencia Tributaria de la Generalitat indicó que el crédito presupuestario es limitado y que deben respetar la regla de gasto establecida por el Gobierno central y la Unión Europea, la cual fija para 2026 un límite del crecimiento del gasto del 3,5%; para 2027 un 3,4% y para 2028 un 3,2%. Este aumento en 2026 se debe principalmente a los acuerdos salariales estatales, que implican un incremento estimado del 6,5%.
La funcionaria del centro penitenciario de Más d’Enric, Francina: «En 6-7 años, el nivel de agresiones ha subido un 300%. Hemos sufrido el asesinato brutal de una compañera. ¿Cómo pueden los trabajadores que estamos en contacto directo con los internos, codo a codo 24 horas, afirmar que este sistema es exitoso?» (Fuente: Europa Press)
CSIF pide respetar el acuerdo
El sindicato mayoritario en la Mesa General, CSIF, destacó la importancia de respetar el acuerdo de legislatura, que contempla la aplicación de esta medida antes de mayo de 2027. En la última reunión, la organización mostró su conformidad con el calendario previsto, ya que cumple con los plazos establecidos.
El sindicato también solicitó la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Legislatura para evaluar el grado de cumplimiento de lo pactado. Asimismo, demandó que el compromiso de implementar la medida a partir del 1 de enero de 2027 se traslade pronto a las diversas mesas sectoriales, con el fin de asegurar su ejecución en todos los ámbitos respetando sus particularidades.
Durante el encuentro de este sábado, se destacó la disposición del Consell para abordar la brecha salarial dentro de los sectores de la Generalitat. Se revisaron los fondos asignados al Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y a la racionalización y mejora de la clasificación de puestos, relativos a los años 2025 y 2026.
El presupuesto contempla un total de 14 millones de euros para este programa, que se distribuirán en siete millones en 2025 y otros siete millones en 2026. En función del número de trabajadores de cada sector, la asignación será hasta 5,58 millones de euros para Sanidad, hasta 4,15 millones para Educación, hasta 520.000 euros para Justicia y hasta 3,75 millones para Función Pública.
Madrid, las jornadas más largas
Previo a Valencia, la Junta de Andalucía fue pionera en reducir la jornada de sus funcionarios en 2017, beneficiando a más de 270.000 empleados públicos. Un año más tarde, se sumó Extremadura, seguida por Castilla-La Mancha y País Vasco en 2019. En cambio, la Comunidad de Madrid mantiene su calendario de 37,5 horas semanales.
La comparación con los trabajadores del sector privado resulta más marcada. Actualmente, un asalariado privado realiza una jornada completa de entre 37,5 y 40 horas semanales. En 2025, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentó negociar con los principales sindicatos y la patronal CEOE una reducción general de la jornada para los trabajadores por cuenta ajena, pero las divergencias con Antonio Garamendi (CEOE) impidieron alcanzar un acuerdo.
En septiembre de 2025, el proyecto de ley gubernamental para la reducción de la jornada se presentó en el Congreso de los Diputados, pero fue rechazado, debido a los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya. En ese momento, el partido catalán argumentó que el coste de reducir la jornada sin modificar los salarios no sería asumible para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 99% del tejido empresarial del país.