Las claves
Dos informes señalan al Gobierno asturiano de Adrián Barbón por no haber evitado el trágico accidente en la mina Cerredo, donde cinco mineros fallecieron tras una explosión de grisú.
La comisión de investigación de la Junta General concluye que existió una secuencia de decisiones administrativas negligentes y extracciones ilegales que debieron ser detectadas y evitadas.
El informe apunta a siete personas, entre ellas exconsejeros y un viceconsejero, e insta a remitir los indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía.
Se documentan denuncias previas y fallos en la inspección minera, además de irregularidades en la concesión de derechos mineros a Blue Solving SL, sin los debidos controles ni garantías.
A las 9:00 del 31 de marzo de 2025, la montaña de Degaña, en el suroeste de Asturias, cobró cinco vidas. Once mineros trabajaban en el tercer nivel de la mina Cerredo. Una bolsa de grisú —metano acumulado por falta de ventilación— estalló en la galería Mangueiro: cinco perdieron la vida, cuatro resultaron gravemente heridos, y dos lograron escapar del desastre.
Aunque clausurada desde 2019, la mina de Blue Solving SL operaba como una entidad jurídica falsa: con 3.000 € de capital social, un administrador de 21 años, sin trabajadores registrados y sin maquinaria oficial. En una Asturias con casi todos los pozos cerrados —solo tres activos de más de 50 de hace 30 años—, persiste la minería ilegal alimentando el mercado negro del carbón.
Un año después, dos informes ponen en jaque al Gobierno socialista de Adrián Barbón.
El primero proviene de la comisión de investigación de la Junta General, el Parlamento de Asturias. Su dictamen es contundente: “El accidente de Cerredo no fue un hecho fortuito en sentido estricto”, sino que se trató de “la culminación de decisiones administrativas erróneas, omisiones en los controles y una extracción clandestina prolongada y consciente que debió ser detectada y prevenida.”
El borrador de conclusiones, preparado por Covadonga Tomé, presidenta de la comisión y exmiembro de Podemos, será sometido a aprobación a principios de mayo con un consenso amplio —desde IU hasta Vox—, salvo probablemente la FSA-PSOE.
Este informe, basado en documentación y testimonios de decenas de comparecientes, propone enviarlo a la Fiscalía para que analice los “indicios de responsabilidad penal”.
En particular, señala a siete personas, cuatro de ellas ex altos cargos: tres exconsejeros del Ejecutivo regional y un viceconsejero.
Esto genera una división en la federación socialista, con alcaldes de áreas mineras exigiendo responsabilidades políticas a Adrián Barbón y con IU—socio del Gobierno regional—apoyando el informe.
El documento destaca las fallas en las inspecciones. Ya en 2022 hubo una muerte en esta mina y, pese a que en 2023 se produjo un cambio en la titularidad, los informes de inspección —mayoritariamente realizados por el mismo inspector— no detectaron indicios de extracción ilegal, aunque había “elementos exteriores que sugerían lo que sucedía dentro”.
“Elementos como mampostería y maquinaria indicaban que la actividad extractiva no se había detenido”, junto con equipos y compresores grandes, además de mangueras de aire y ventilación que “sugieren que se alimentaban los martillos picadores y sistemas de aire en sótanos sin ventilación natural”. Ese hecho resultó fatal más adelante.
“Las turbinas neumáticas de ventilación estaban paralizadas porque las válvulas que controlan el flujo de aire comprimido estaban cerradas. La falta de circulación provocó la acumulación de metano en las cavidades generadas por la extracción, alcanzando concentraciones superiores al 4,5%, lo que creó un entorno altamente explosivo”, alerta el informe.
Por ello, la comisión señala que la inspección “no abrió procedimientos sancionadores ante incumplimientos esenciales, avisó a las empresas antes de inspeccionarlas y redujo progresivamente la cantidad y calidad de las visitas de control, por lo que no puede alegar que actuó con diligencia”.
Múltiples denuncias
La extracción ilegal parecía ser un secreto de dominio público. Un segundo informe, de más de 300 páginas, elaborado por la Inspección General de Servicios del propio Gobierno del Principado y también publicado esta semana, confirma que desde el accidente mortal de 2022 se recibieron diversas denuncias contra la mina de Cerredo.
En 2023, un correo enviado a la cuenta corporativa [email protected] indicaba: “Los vecinos del pueblo pueden ver cómo se siguen cargando camiones de carbón en la mina en horas muy tempranas para evitar ser vistos durante el día.”
El 16 de octubre de 2023 se recibió otro correo con fotos y vídeos, donde se afirma que “la nueva zona está siendo explotada sin medidas de seguridad y se encuentra sobre el lugar donde falleció un trabajador hace un año”. Además, “desde el Ayuntamiento de Degaña no se advierte nada y permiten esto a cambio de que uno de sus concejales del PSOE, partido en el poder, trabajara para esta empresa”, lamentó un vecino.
A estas denuncias se suman las presentadas por empresas, como Promining, contra Blue Solving, donde se solicita “la anulación de todas las autorizaciones que permiten continuar con la actividad extractiva encubierta que, según parece, se realiza en las minas de Villares de Arriba y Cerredo”.
Los vecinos y empresas estaban al tanto, pero la Administración no, pues los correos se habrían perdido durante una migración del sistema, según explican desde el Principado. Aunque en el informe laboral sobre el accidente de 2022 ya se señalaba que “existen indicios razonables de actividad extractiva no autorizada”.
Las críticas al sistema de inspección se reflejan también en el informe gubernamental, donde se admite que desde el “Servicio de Minas” se reconoce que las inspecciones “se concertan”, sugiriendo una “planificación más o menos formal”.
El fallo no se limita a la inspección. El informe de la comisión cuestiona cómo se aprobaron “figuras jurídicas sin cobertura normativa” al otorgar derechos mineros a Blue Solving, “una empresa de reciente constitución, con un capital social de 3.000 euros, sin trabajadores registrados, sin activos tangibles, sin maquinaria propia ni financiación externa demostrada y con un administrador de apenas 21 años”.
¿Un ataque contra Barbón?
Algunos van más allá. Adrián Pumares, líder de Foro Asturias y uno de los diputados más críticos en la comisión, lo resume: “Un empresario pirata extraía carbón ilegalmente y lo que me preocupa es cómo pudo hacerlo impunemente”.
Pumares venía advirtiendo durante años sobre un claro “conflicto de intereses” en la Consejería de Industria y Minas. La exconsejera Nieves Roqueñí —una de las cuatro ex autoridades señaladas con responsabilidades políticas y actualmente al frente del Puerto de Gijón— tenía a su esposo y hermana en el consejo de la empresa Minersa.
Foro Asturias denunció estas relaciones aunque no están mencionadas en el informe de la comisión. La tensión crece y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (también de Foro), exige la destitución inmediata de Roqueñí, con quien ha mantenido relaciones conflictivas, “por su responsabilidad política”.
No sería la primera vez que Roqueñí es relevada. Tras revelarse su vínculo familiar con Minersa, dejó la Consejería para ser sustituida por Belarmina Díaz, hasta entonces directora de Energía y Minas.
Pocos días después de la tragedia en Cerredo, se supo que su hermano actuaba como intermediario en empresas mineras. En ese momento, ella dimitió. Su nombre vuelve a aparecer en el informe de la comisión, donde se le acusa de “no haber activado mecanismos de control, paralización, revisión o auditoría” y de “haber concedido transmisiones concesionales sin una verificación adecuada”.
Pumares apunta aún más alto, señalando como “responsable último” al presidente del Principado, Adrián Barbón, por haber desmantelado el servicio de seguridad minera al asumir el Gobierno. Pretende incluir esta conclusión en el informe final, aunque no parece probable que otros partidos de izquierda lo respalden.
Durante la comisión, mantuvo un enfrentamiento con el exconsejero Enrique Fernández, ahora al frente de la empresa pública Hunosa, quien admitió que la decisión de desmantelar el servicio de seguridad minera fue impuesta desde Hacienda, entre otras presiones.
El borrador de esta comisión ha alcanzado al presidente asturiano, Adrián Barbón, durante un viaje oficial en México. En el Principado anuncian que se pronunciará la próxima semana.
Por el momento, la única declaración pública es de la número dos de la FSA y actual delegada del Gobierno, Adriana Lastra, quien califica el informe como un “despropósito jurídico y un desvarío político”.
Para la vicesecretaria general de los socialistas asturianos, se trata de “una historia creada para perjudicar al Gobierno” de Barbón. “Relacionar a siete personas, tres funcionarios y tres técnicos con un accidente ocurrido en una empresa privada que actúa fuera de la ley y realiza una actividad ilegal, además de tener condiciones laborales deficientes, ¿qué vinculación tiene la Administración ahí?”, afirmó Lastra.
Mientras tanto, dirigentes del PSOE en las Cuencas Mineras comienzan a exigir responsabilidades políticas. No solo la comisión de investigación, sino también el Informe de la Inspección General de Servicios, denuncian las deficiencias prolongadas durante años en una Consejería con un futuro tan incierto como el carbón.