Los recursos Next Generation EU no logran acelerar la inversión ni la productividad en España al ritmo previsto; para mejorar, “sería preciso optimizar tanto su gestión como su diseño”, advierten los especialistas
Los fondos europeos Next Generation EU, creados como una respuesta de la Unión Europea para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia, han contribuido de forma notable al crecimiento de la economía española, aunque de manera inferior al volumen total de recursos movilizados. Según un análisis realizado por Funcas y Afi, estas ayudas explican entre el 10% y el 14% del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español durante el periodo 2021-2025.
Cuantitativamente, esto implica una contribución de los fondos de entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales del PIB español en esos cuatro años, reflejando el impacto neto en el PIB derivado del gasto vinculado al programa europeo.
España ha sido uno de los grandes receptores de los fondos Next Generation EU. De los 160.000 millones de euros asignados en forma de transferencias y préstamos, “el Gobierno apenas ha solicitado una cuarta parte de los préstamos disponibles, de modo que la asignación efectiva asciende a 103.000 millones”, señala el informe.
Carlos Cuerpo explica la situación actual del Plan de Recuperación y el calendario para los próximos desembolsos de la Comisión Europea, describiendo la agenda como «ambiciosa, pero factible».
Estos recursos se canalizan mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incluye reformas estructurales e inversiones pactadas con Bruselas, con un calendario de ejecución que se prolonga hasta agosto de 2026.
A fines de 2025, España había recibido 71.366 millones de euros, de los cuales se habían comprometido algo más del 80% (57.395 millones), representando un 3,4% del PIB estimado para 2025, y se había gastado en términos de Contabilidad Nacional aproximadamente el 55% (unos 39.000 millones).
Un desfase de 14.000 millones pendiente de ejecución
La brecha entre los desembolsos y los compromisos roza los 14.000 millones, cifra que representa los fondos ya disponibles pero aún sin comprometer o ejecutar por parte de las administraciones. Este volumen será absorbido por el programa hasta agosto de 2026.
La disparidad entre los fondos comprometidos (3,4% del PIB) y su impacto en el crecimiento del PIB (entre 1,4 y 2,1 puntos) se observa en todos los países y se explica por el efecto de sustitución entre financiación pública y privada: “Algunas inversiones subvencionadas por el programa habrían tenido lugar igual sin esa ayuda, es decir, con recursos propios de las empresas”, indican los expertos.
Predomina una mayor inversión pública y un menor impulso empresarial del esperado
Aunque los volúmenes asignados a España han sido elevados, el efecto transformador sobre la economía del país no se ha manifestado con toda su fuerza. El análisis revela que los fondos se han utilizado principalmente para sostener la inversión pública, mientras que el estímulo a la inversión empresarial ha resultado más reducido de lo anticipado.
Esta tendencia queda reflejada en los datos agregados: hacia finales de 2025, la inversión empresarial continuaba 3,3 puntos por debajo de los niveles previos a la pandemia en términos reales, a pesar de mostrar una leve recuperación reciente.
La productividad mejora, aunque modestamente
En cuanto a la productividad, su evolución ha sido moderada. España ha sido el único entre los grandes países europeos donde la productividad por hora ha mejorado, con un aumento adicional de 0,4 puntos, frente a los descensos observados en Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, este avance sigue siendo limitado en comparación con la magnitud del estímulo recibido.
Los especialistas atribuyen parte de estas limitaciones a la complejidad intrínseca del programa. La envergadura del plan junto al breve plazo para su ejecución han generado tensiones en la capacidad de gestión y en la coordinación interadministrativa.
La tasa de resolución de convocatorias ronda el 60%, lo que denota complicaciones tanto en la tramitación como en el diseño de ciertos instrumentos de ayuda. Esto provoca una discrepancia entre la disponibilidad de fondos y su conversión en inversión efectiva.
Además, la estructura de gobernanza multinivel añade complejidad: el Estado administra cerca del 60% de los fondos, las comunidades autónomas el 25%, y las entidades locales el 15%, con notables diferencias en la capacidad ejecutora entre territorios.
Concentración empresarial y sectorial del impacto
El informe también destaca que la estructura empresarial española condiciona la incidencia de los fondos. Las grandes empresas, que constituyen solo el 0,4% del tejido empresarial, acaparan casi el 46% de los recursos del PRTR, mientras que las microempresas, que representan cerca del 90% del total, obtienen alrededor del 10%.
Esta concentración responde a la naturaleza de los proyectos financiados, que exigen una alta capacidad de inversión, aunque limita el efecto multiplicador sobre el conjunto del tejido productivo.
Sectores clave, pero con impacto desigual
En el ámbito sectorial, los fondos se concentran fundamentalmente en manufacturas, información y comunicaciones y construcción, que suman más del 60% del total. Sin embargo, esta distribución no siempre coincide con los sectores más dinámicos de la economía española.
El estudio sugiere que la intensidad del estímulo no se refleja de forma proporcional en inversión privada adicional, indicando que los fondos no están apoyando plenamente a los sectores más pujantes, donde reside la ventaja competitiva de la economía española.
Un impacto que se extenderá más allá de 2026
Aunque el programa Next Generation EU tiene una fecha de finalización fijada para el tercer trimestre de 2026, su repercusión económica se prolongará con el tiempo. La adenda de simplificación aprobada en diciembre de 2025 contempla el uso de instrumentos financieros cuya actividad se extenderá hasta 2036.
Esto abre la puerta a un efecto más prolongado en el tiempo, pero también enfatiza la necesidad de optimizar el diseño institucional y la coordinación administrativa para maximizar su poder transformador.
El sexto pago de fondos de recuperación se espera para el verano
En relación con la llegada de nuevos fondos europeos, el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, indicó este jueves que se espera la aprobación del sexto desembolso por parte de la Comisión Europea durante mayo, para que en junio y julio el Consejo de la UE otorgue la luz verde definitiva y se reciban los fondos alrededor del verano.
Durante su intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea, donde explicó los avances en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, Cuerpo afirmó que “ya encaramos la fase final de este Plan de Recuperación, cuyo cumplimiento de hitos y objetivos debe concluir antes de finales de agosto de 2026”.
Evaluación del sexto desembolso
En este marco, el Gobierno solicitó formalmente en marzo el sexto desembolso de fondos europeos vinculado al Plan de Recuperación, por un importe neto aproximado de 6.500 millones de euros, que incluyen alrededor de 5.500 millones en transferencias y cerca de 1.000 millones en préstamos.
España recibirá estos recursos una vez concluidas las verificaciones de 78 hitos y objetivos acordados con la Comisión, de los cuales 69 corresponden a transferencias no reembolsables y 9 a préstamos.
Según destacó Cuerpo, “España, que lidera en materia de transferencias recibidas con 55.000 millones, tiene ahora pendiente evaluar este sexto desembolso por parte de la Comisión Europea, cuya aprobación implicaría que habríamos logrado más de 60.000 millones en desembolsos”.