La acusación popular demanda que se cite al propio Pedro Sánchez como testigo y reclama, además, una condena de 22 años de prisión para la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.
Este lunes, la acusación popular ha presentado su escrito de petición de condena para el próximo juicio ante un jurado popular del caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La representación legal de Hazte Oír, que agrupa a las demás acusaciones personadas en el proceso, solicita 24 años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez, a quien atribuye cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
También pide 22 años de prisión para la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y seis años para Juan Carlos Barrabés, el empresario que supuestamente se benefició de varios contratos con la Administración.
Peinado ha decidido llevar a juicio a Gómez por diversos hechos que, a su juicio, constituyen indicios de probables delitos. En primer lugar, por haber utilizado su condición de esposa de Sánchez para obtener decisiones públicas favorables a su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. También por la presunta apropiación del software de dicha cátedra y por intentar aprovechar económicamente la plataforma digital que empresas como Google, Indra y Telefónica desarrollaban en una cátedra financiada por La Caixa y Reale Seguros.
Asimismo, el instructor acusa a Gómez de haber encargado a su asesora en Moncloa tareas relacionadas con sus negocios personales. «El desempeño laboral habitual era en el Palacio de la Moncloa y jamás incluía la gestión de la agenda privada, empresarial, laboral, universitaria o societaria de la acusada Begoña Gómez», señala la acusación respecto a Álvarez.
En relación con esto, el escrito destaca que «desde el momento en que su esposo fue nombrado presidente del Gobierno, se incrementó la proyección institucional de la investigada, así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados y su red de relaciones sociales y acceso a directivos de grandes empresas; siendo plenamente consciente de ello y, por tanto, de su capacidad de influir en otros debido a sus vínculos personales. Igualmente, accedió a la posibilidad de emplear medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y universitarios».
El escrito señala que, «tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, la investigada, con pleno conocimiento y de manera voluntaria, modificó radicalmente su trayectoria profesional, solicitando en junio de 2018 una excedencia (o bien en un momento concomitante o próximo a la llegada del esposo al poder)».
«En agosto de 2018, fue nombrada directora del IE Africa Center; estableció vínculos con la OMT y Wakalua (y sus colaboradores, como el Grupo Barrabés); y, manteniendo la codirección del Máster Propio en Dirección de Fundraising de la UCM iniciado en el curso 2014/2015, promovió en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (en adelante, ‘Cátedra TSC’), formalizada el 30 de octubre de 2020. Todo ello sin ser licenciada universitaria y sin que conste en autos un proceso abierto y competitivo de selección académica equiparable al ordinario de la Universidad Complutense», continúa el escrito.
Durante toda la instrucción del caso Begoña Gómez, la Fiscalía no ha detectado indicios de delito contra la esposa del presidente del Gobierno.
El pasado 13 de abril, el magistrado Juan Carlos Peinado finalizó la instrucción de la causa y otorgó cinco días a las partes personadas para que se pronunciaran sobre la apertura del juicio oral. Actualmente, la Sección 23 de la Audiencia de Madrid está a la espera de resolver sobre el procesamiento de Gómez.
Por otra parte, entre la extensa lista de testigos propuesta por las acusaciones populares figura el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. También se incluye al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache Goñi, al exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, así como a los empresarios Víctor de Aldama —imputado arrepentido en el caso Koldo— y Rosauro Varo, entre otros.
En concreto, la acusación popular solicita para la esposa del presidente seis años de prisión por tres supuestos delitos de tráfico de influencias (además de la prohibición de contratar con la Administración y recibir subvenciones por un período de 10 años), cuatro años de cárcel por corrupción en los negocios (con seis años de inhabilitación para ejercer el comercio), ocho años de prisión por malversación (y 20 años de inhabilitación absoluta), y seis años más por apropiación indebida.
Para el empresario Juan Carlos Barrabés, se solicitan dos años por tráfico de influencias (sumado a una inhabilitación de 10 años para contratar con el sector público) y cuatro años más por corrupción en los negocios (junto con seis años de inhabilitación para operar en el sector empresarial).
Las acusaciones populares sostienen que «existe un evidente y fundado riesgo de fuga de los tres acusados», derivado de la «gravedad de las penas solicitadas en este escrito», y por ello consideran necesarias medidas cautelares como la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial previa, la retirada del pasaporte con prohibición expresa de emitir uno nuevo mientras dure el procedimiento, así como la obligación de comparecer ante el Juzgado cada quince días.