El marroquí Bouzza, residente en Sevilla, denuncia la manipulación que rodea al proceso de regularización
Una veintena de personas espera en las inmediaciones del Consulado de Marruecos en Sevilla , ubicado en la isla de la Cartuja. No hay atasco ni filas largas, y tampoco se prevé una gran afluencia. La mayoría de los presentes son inmigrantes sin documentación que buscan inscribirse en el proceso extraordinario de regularización recién iniciado por el Gobierno. Para ello, requieren documentos que esta oficina proporciona, como el certificado que acredita la ausencia de antecedentes penales.
Bouzza, un marroquí de 40 años con más de diez años viviendo en España y todos sus papeles en regla, muestra satisfacción. Acompaña a dos compatriotas, uno de 25 años y otro de más de 30, que apenas dominan el español y llevan más de un año residiendo irregularmente en Palma del Río (Córdoba). Los asiste con la documentación en el Consulado y se siente aliviado al haber obtenido cita para la mañana misma, confiando en que podrán regresar en pocas horas a su lugar de residencia.
Sin embargo, no todo es motivo de alegría. El proceso ha generado esperanza en muchos inmigrantes que buscan empleo digno, pero también ha intensificado prácticas fraudulentas. Las asociaciones dedicadas a este colectivo han detectado que algunos abogados cobran hasta 600 euros por gestiones cuyo costo real no supera los 50 euros, según explican a EL MUNDO fuentes de Pro Derechos Humanos de Andalucía. Esta situación no se limita a los profesionales del derecho.
«Intentaron engañarlos. Les solicitaron 200 euros a cada uno para ayudarles con los trámites, ¡pero ni siquiera tienen dinero para comer! ¡No poseen nada!», expresa Bouzza molesto, pues no comprende que un compatriota haya pedido esa cantidad a personas tan necesitadas.
El más joven del grupo, Mohamed, desea trabajar en el campo. En Palma del Río, conocida por sus naranjas, hay demanda de mano de obra agrícola. «Sin documentación es complicado hallar empleo, aunque algunas empresas sí contratan. Depende», explica Bouzza, quien trabaja como fontanero desde su llegada a España. Refiere que sólo descansa dos días al mes y que ha colocado su número de teléfono en varios locutorios para inmigrantes en Palma del Río, para quienes necesiten reparaciones de fontanería. Combina su trabajo empresarial con labores particulares fuera de su horario habitual.
Aunque actualmente su situación laboral es estable, no olvida que llegó a España escondido bajo un camión, arriesgando su vida. En ese entonces, durmió a la intemperie porque «no tenía nada, pero pedí ayuda y me la ofrecieron; lo mismo que hoy hago con ellos», relata.
Los tres marroquíes accedieron a ser fotografiados para este diario y a facilitar sus nombres, aunque no todos los que esperan junto al Consulado se atreven a hacerlo. Algunos temen ser arrestados, otros no desean que sus empleadores los vean en los medios.
Una mujer de más de 50 años, desplazada desde la localidad jiennense de Andújar hasta Sevilla, rehúye revelar su identidad y rechaza fotografías. Sin embargo, comenta que trabaja como empleada interna, tiene seis hijos y carece de papeles. Reside en España desde hace tres años y confía en lograr la regularización con este proceso. Tres mujeres marroquíes que viajaron desde Huelva y suelen trabajar en la «fresa, la mora y todo lo que haya» tampoco han regularizado su situación. Son acompañadas por otra persona que actúa como traductor y las traslada en coche. «No se atreven a usar autobús porque temen controles y las complicaciones que surgirían sin documentación», aclara.
Una mañana entera «deambulando» en Valencia
El colapso en Valencia no ocurrió en la Oficina de Extranjería ni en las oficinas de Correos, sino frente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, el padrón y las ONG colaboradoras en el proceso. Las demandas principales eran dos: un empadronamiento especial —necesario para quienes comparten vivienda— y, principalmente, el certificado de vulnerabilidad. En estas dependencias municipales, la fila daba la vuelta al edificio desde primera hora y motivó que la alcaldesa, María José Catalá, criticase que el proceso se haya ejecutado «sin contar con los ayuntamientos». «Si las colas fueran frente a las delegaciones del Gobierno, la situación sería distinta», advirtió.
Entre los asistentes, algunos tenían claro qué documentación precisaban, mientras otros desconocían el procedimiento. Muchos rellenaban el formulario de solicitud en la puerta para que se les sellara. Melinda, cubana, ni siquiera pudo completar ese trámite. Pasó la mañana «de un lado a otro buscando quién le puede emitir el certificado, que es el único documento que le falta». Visitó desde el ayuntamiento a extranjería y luego a una ONG. Felipe y Fátima, colaboradores de Valencia Acull, también estaban desbordados. «Nos remiten a todos aquí aunque ellos también podrían resolverlo», lamentan. Intentaban aclarar que no todos requieren el certificado de vulnerabilidad y que no emitirán dicho certificado hasta el jueves, cuando el Ministerio precise las formalidades. «No sabemos si debe llevar firma manual o electrónica. Es algo que deben aclararnos para evitar errores», explicaban entre múltiples preguntas.
50.000 irregulares en Málaga
Se calcula que en la provincia de Málaga residen aproximadamente 50.000 personas en situación irregular, es decir, extranjeros sin permiso de trabajo ni residencia. Para muchos de ellos, aquellos capaces de demostrar estancia prolongada en España, este lunes 20 de abril comenzó el proceso presencial para solicitar la documentación. No obstante, las solicitudes en línea están disponibles desde el jueves pasado.
Carmen, venezolana radicada en la Costa del Sol desde hace años, lamenta la experiencia que enfrentan algunos allegados para regularizarse. «No es tan sencillo como lo presentan. Todo está saturado y siempre falta algún documento».
Finalmente, relata a EL MUNDO mientras atiende a una clienta en el centro estético donde trabaja que «no queda otra que recurrir a un abogado para asegurarte de que todo esté en orden».
Originario del estado Monaga, en la zona oriental de Venezuela, es Reinaldo. Es uno de los cientos de extranjeros con residencia irregular en Marbella. Relata que emigró a España hace un año y medio. Le costó abandonar lo importante para él, especialmente a su hija de 13 años, pero «la situación en mi país era insostenible. No teníamos cómo cubrir lo básico y no tuve otra opción».
En Venezuela trabajaba en transporte público; en España, le resulta muy complicado, casi imposible. «Lo primero que te preguntan es si tienes los papeles en regla», detalla, y luego «nada más».
«No importa la experiencia que tengas. Si eres inmigrante sin documentación en regla, debes aceptar cualquier trabajo. No tienes derechos, ni puedes reclamar, y lo sabemos porque no tenemos responsabilidades aquí», comenta, por ello desea regularizar su situación para contribuir y sentirse «un ciudadano de pleno derecho».
Para Reinaldo, «los papeles representan empleo, estabilidad económica y ciudadanía». Sobre todo, simbolizan una luz al final del camino, la esperanza de un futuro mejor que buscó para sí y su familia.
En el área de limpieza trabaja Mariana, una colombiana de 19 años. Los cuatro miembros de su familia —hermano, madre y padrastro— buscan obtener sus papeles, aunque aún no han podido. Están a la espera del certificado de vulnerabilidad emitido por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, donde están empadronados actualmente.
«Nos prepararon bien y ya tenemos todo listo», comenta sonriente. En su hogar han guardado desde el principio toda la documentación que demuestra su arraigo: comprobantes de transferencias a familiares en Colombia, informes médicos, certificados de empadronamiento e incluso tickets de supermercado. Cualquier documento que avale su residencia es válido para solicitar el permiso.
Mariana se muestra entusiasmada ante la posibilidad de obtener la documentación en regla. La sonrisa en su rostro lo confirma.
Ella y su hermano mayor, de 26 años, llegaron a España hace algo más de año y medio desde Risaralda, en la región andina central del país. Su madre y padrastro arribaron un año antes y, tras asentarse, los hijos se unieron posteriormente.