El Ejecutivo ha ordenado a los centros penitenciarios facilitar la gestión de las solicitudes de regularización para los presos extranjeros.
La instrucción requiere que las prisiones identifiquen a los internos extranjeros susceptibles de obtener la regularización y participen activamente en dicho proceso.
Más del 30% de los reclusos en España son extranjeros, sumando más de 15.000 individuos, principalmente procedentes de Marruecos y Argelia.
Esta medida ha provocado descontento entre los empleados penitenciarios, quienes critican la ausencia de respuesta a sus demandas laborales mientras se priorizan iniciativas dirigidas a los internos.
El Gobierno ha impartido instrucciones a las cárceles para facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de presos extranjeros, tras la petición del socio parlamentario del PSOE, Más Madrid, que instó a activar este procedimiento.
No obstante, esta medida no ha sido comunicada oficialmente. EL ESPAÑOL ha tenido conocimiento de la misma a través de una comunicación interna de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y un escrito enviado por el sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM).
La directiva se encuentra reflejada en un documento interno sobre la aplicación del Real Decreto 316/2026, aprobado el 14 de abril pasado.
El texto, firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, insta a los centros penitenciarios a detectar a los internos extranjeros que puedan acogerse a procesos de regularización y a colaborar de forma activa en su gestión.
Aunque no modifica la normativa, la instrucción tiene implicaciones prácticas: obliga a los centros a involucrarse en la gestión administrativa de dichas solicitudes y a mejorar la coordinación con las oficinas de extranjería y las delegaciones del Gobierno.
El propósito es evitar que los internos queden en situación irregular tras cumplir su condena, un escenario que dificultaría su reinserción, según detalla el documento al que ha accedido este medio.
Esta medida afecta a un grupo considerable. Más del 30% del total de reclusos en España son extranjeros, superando las 15.000 personas. La mayoría procede de Marruecos y Argelia.
Esta iniciativa gubernamental ha generado tensión con los trabajadores de prisiones.
El sindicato TAMPM denuncia que la Secretaría General actúa con «rapidez» cuando se trata de disposiciones que favorecen a los internos, mientras que mantiene un «silencio constante» ante las demandas de los funcionarios.
Aunque el sindicato no cuestiona el contenido de la regularización, critica la falta de respuesta a las propuestas que buscan mejorar las condiciones laborales.
Entre tales demandas se encuentran la concentración horaria para reducir desplazamientos —que en numerosos casos alcanzan hasta 50 kilómetros— o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad, iniciativa paralizada desde hace más de siete años.
Exigencia de Más Madrid
De forma paralela, la regularización de extranjeros en situación de privación de libertad ya era un tema en la agenda del Consejo de Ministros, aunque no se ha tratado públicamente.
El pasado 15 de abril, Más Madrid presentó en el Congreso una serie de preguntas para exigir que el Gobierno garantice el acceso de los migrantes internos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a estos procedimientos.
El partido advirtió sobre posibles fallos en la aplicación del Reglamento de Extranjería y denunció casos donde personas con arraigo comprobado continúan bajo órdenes de expulsión sin acceso a vías de regularización, lo que —según su criterio— podría vulnerar principios como la seguridad jurídica o la proporcionalidad.
Así, la instrucción de Instituciones Penitenciarias —conocida a través de canales internos y sindicales— sitúa al Ejecutivo en una nueva posición política: responder a las demandas de sus socios respecto a migración mientras enfrenta el creciente malestar de los funcionarios de prisiones.