El oleoducto que transporta petróleo ruso a Hungría a través de Ucrania ha generado tensiones entre Budapest y Kyiv tras la interrupción del flujo debido a daños causados por un ataque con drones.
El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, declaró el viernes que el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba podría reanudarse la próxima semana.
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Magyar comentó que la empresa húngara de petróleo y gas MOL MOLB.BU le informó que, «según datos proporcionados por sus socios, esperan que el oleoducto Druzhba reinicie sus operaciones la próxima semana.»
Este oleoducto, que conduce petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia atravesando territorio ucraniano, ha sido un foco de disputa entre Budapest y Kyiv desde que las operaciones fueron suspendidas tras un ataque con dron ruso a finales de enero.
Hungría, país sin salida al mar, depende en gran medida de Rusia para su energía y, una vez detenidos los flujos por el oleoducto, el primer ministro saliente Viktor Orbán usó su veto para bloquear un préstamo de 90 mil millones de euros destinado a Ucrania.
Este esquema financiero, aprobado por los 27 líderes de la Unión Europea en diciembre, fue bloqueado por Orbán con su veto a mediados de febrero, impidiendo el procedimiento legal relacionado con la disputa del Druzhba, y posicionando al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy como adversario en su fallida campaña de reelección.
Conversaciones cruciales con la UE
Por otro lado, representantes de la Unión Europea mantienen una reunión en Budapest con miembros del equipo de Magyar este viernes, para tratar diversos temas, entre ellos la liberación de aproximadamente 17 mil millones de euros en ayuda que estuvo retenida durante el mandato de Orbán.
Magyar asumirá el cargo en mayo, pero la UE busca acelerar las negociaciones para facilitar la colaboración con el nuevo gobierno, afirmó la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, desde Bruselas el jueves.
«El tiempo apremia en varios asuntos,» declaró Pinho. Las «conversaciones preliminares» en Budapest antes de que Magyar tome posesión tienen como objetivo «garantizar que se pueda actuar en cuanto el gobierno esté formado, si es pertinente, y evitar cualquier pérdida de tiempo.»
La UE congeló esos fondos debido a preocupaciones sobre corrupción y retroceso democrático durante los 16 años de gobierno de Orbán. Sin embargo, tanto la UE como las nuevas autoridades húngaras han manifestado su intención de desbloquear los recursos a la mayor brevedad para inyectar liquidez a la economía húngara, que atraviesa dificultades.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió en X el martes que «se requiere un trabajo rápido para restaurar, realinear y reformar» las políticas húngaras para poder liberar esos fondos.
«Restaurar el estado de derecho. Realinear con nuestros valores europeos compartidos. Reformar para aprovechar las oportunidades que ofrecen las inversiones europeas,» añadió la responsable de la UE, quien fue blanco frecuente de las críticas de Orbán durante su campaña.
Magyar, líder de Tisza que logró una mayoría absoluta en el parlamento, lo que le permitirá implementar reformas profundas y rápidas, afirmó que el gobierno se enfocará en temas como independencia judicial, libertad académica y mediática, y lucha contra la corrupción para asegurar el acceso a los fondos.
En su primera conferencia de prensa tras la victoria contundente del 12 de abril, Magyar declaró que Hungría «enfrenta una situación financiera muy complicada,» y que la tarea de su gobierno será «recuperar el dinero que le corresponde.»
Los fondos retenidos se dividen en 10 mil millones de euros para la recuperación post-COVID y 6.3 mil millones en fondos de cohesión, destinados a impulsar economías en dificultades dentro de la UE.
Bruselas y Budapest buscan priorizar la liberación de los fondos COVID, ya que vencen en agosto.
Hungría, que es uno de los principales receptores netos de fondos de la UE, ha sido objeto de críticas crecientes por desviarse de las normas democráticas. La Comisión Europea ha reprochado durante más de una década a Orbán por desmantelar instituciones democráticas, controlar medios de comunicación y restringir derechos de minorías.
Orbán ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de interferencia en la soberanía de Hungría.
Fuentes adicionales • AP