Un miembro del CGPJ que busca ser juez español en la Corte de Estrasburgo cuestiona el procedimiento de selección iniciado por el Gobierno

Carlos Hugo Preciado solicita a la Audiencia Nacional la suspensión del procedimiento iniciado por el Ministerio de Justicia.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Carlos Hugo Preciado en su despacho oficial.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Hugo Preciado, ha presentado oposición al proceso de selección del juez español destinado a desempeñar el próximo cargo como miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Según ha confirmado EL MUNDO, el vocal ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, solicitando la suspensión del procedimiento iniciado por el Gobierno.

Concretamente, la selección del sucesor de la magistrada María Elósegui en la Corte de Estrasburgo está siendo gestionada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños. El mandato de Elósegui finaliza en marzo de 2027, y un total de 28 juristas –incluyendo magistrados, catedráticos, fiscales, entre otros– han presentado candidaturas para ocupar el puesto de juez español en el TEDH. El seleccionado asumirá el cargo para el periodo comprendido entre 2027 y 2036.

Actualmente, un comité de selección integrado por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la vocal del CGPJ Gema Espinosa; y la miembro del Consejo de Estado Paz Andrés, debe presentar una terna a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es el órgano con la decisión final sobre el candidato español.

Fuentes jurídicas indican que el vocal Preciado ha optado por impugnar el procedimiento por considerar que no se ajusta a las recomendaciones del Consejo de Europa, especialmente en lo referido a la composición del comité de selección. El motivo señalado se basa en que en este comité de expertos, encargado de las entrevistas realizadas este mismo viernes a algunos aspirantes, predomina una mayoría gubernamental. Este medio ha intentado contactar con Preciado, quien ha declinado hacer declaraciones sobre el tema.

«Una composición equilibrada»

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha determinado que «el organismo responsable de recomendar candidatos debe contar con una composición equilibrada. Sus miembros deben poseer, en conjunto, suficiente conocimiento técnico e inspirar respeto y confianza. Deben provenir de diferentes ámbitos, tener trayectorias profesionales similares y estar libres de influencias indebidas, aunque pueden recabar información relevante de fuentes externas». Por ello, la composición del comité de selección diseñada por el Ejecutivo se considera contraria a dichas recomendaciones.

El Gobierno estableció mediante el Real Decreto 972/2020 que «cuando el procedimiento se refiera a puestos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el comité estará conformado por los titulares de la Secretaría de Estado de Justicia, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, y de la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por un miembro de la carrera judicial con al menos categoría de magistrado designado por el Consejo General del Poder Judicial, así como por un jurista reconocido con más de 15 años de ejercicio profesional». Este método de elección se aplica por primera vez, dado que Elósegui forma parte del TEDH desde 2018.

Por otra parte, las fuentes consultadas señalan que existen precedentes, como el caso de Hungría, donde la Asamblea Parlamentaria rechazó ternas porque los comités nacionales de selección estaban controlados por el gobierno o carecían de transparencia.

Además, el vocal Preciado ha impugnado en la Audiencia Nacional la falta de claridad de las bases, en particular respecto a los criterios para excluir candidatos de las entrevistas por parte del comité de selección. Considera que estas bases resultan confusas e imprecisas, ya que no definen con exactitud el procedimiento ni los criterios efectivos para seleccionar o descartar aspirantes.

El consejero ha optado por la vía contencioso-administrativa para obtener la suspensión del proceso. Por el momento, la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelarísima solicitada, aunque deberá pronunciarse próximamente sobre la medida cautelar.

Scroll al inicio