«La ley es igual para todos, sin excepciones, y partiendo de esta base, continuaremos cumpliendo con nuestra función constitucional y de servicio público hacia los ciudadanos», detallan en un comunicado firmado este viernes

La Junta General de Jueces del Tribunal de Instancia de Badajoz, presidida por Beatriz Biedma, ha emitido este viernes una declaración institucional en la que rechazan de manera explícita «las descalificaciones provenientes de autoridades del Ejecutivo que cuestionan la independencia judicial y la separación de poderes», en alusión a los ataques del ministro de Justicia, Félix Bolaños, dirigidos al juez Peinado tras la firma del auto de procesamiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por cuatro delitos.
Este colectivo, liderado por la magistrada que instruyó el caso de David Sánchez Pérez-Castejón —hermano del presidente del Gobierno— se reunió hoy para aprobar un acta al que tuvo acceso EL MUNDO, que incluye el respaldo explícito de 23 jueces con la finalidad de dejar claro («como han expresado nuestros colegas de Madrid») que «la ley es igual para todos, sin privilegios y, partiendo de esta premisa, seguiremos ejerciendo nuestra labor constitucional como miembros del Poder Judicial y al servicio público de la ciudadanía».
Desde el 19 de noviembre, Beatriz Biedma preside esta Junta General de jueces de Instrucción de Badajoz, tras obtener el apoyo de 20 de los 25 votos posibles, convirtiéndose así en la primera jueza decana de Badajoz y sucediendo en el cargo a Emilio García-Cancho Murillo, quien renunció el pasado 30 de septiembre para asumir la presidencia de la Audiencia Provincial.
Además, Biedma es titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz e investigó el supuesto trato preferencial hacia David Sánchez para obtener la plaza de coordinador de Artes Escénicas de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz, puesto que luego fue modificado a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Durante la fase de instrucción, la magistrada enfrentó diversas presiones para que abandonara el caso, junto con la intervención de la denominada ‘fontanera del PSOE’, Leire Díaz, quien en conjunto con un ex juez intentaron entorpecer la investigación.
Finalmente, David Sánchez y otros nueve imputados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, serán juzgados del 28 de mayo al 4 de junio, acusados de prevaricación y tráfico de influencias.

