El día 28 de abril se someterá a votación en el Congreso de los Diputados la decisión sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2026, que entró en vigor el pasado 22 de marzo con el objetivo de mitigar el impacto del conflicto de Oriente Medio en el bolsillo de los arrendatarios
Los arrendatarios cuyos contratos finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 disponen hasta el 28 de abril para notificar por escrito y con comprobante a sus caseros su intención de ampliar las condiciones vigentes de sus contratos. Esa fecha coincide con la sesión en el Congreso donde se decidirá si se convalida o se anula el Real Decreto-ley 8/2026, que entró en vigor en marzo.
La legislación, promovida por Sumar, otorga a los inquilinos el derecho a pedir una prórroga extraordinaria de dos años en sus contratos de arrendamiento de vivienda habitual, y establece que el alquiler solo podrá ajustarse hasta un máximo anual del 2%.
Con estas disposiciones, el Gobierno busca atenuar las consecuencias de la crisis económica provocada por el conflicto en Oriente Medio para los inquilinos, además de reforzar el “escudo social y la protección de los trabajadores y trabajadoras”, tal como afirmó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Una parte de esta protección se mantendrá incluso si finalmente no se convalida la norma, ya que podrán extender sus contratos aquellos inquilinos que hayan enviado la solicitud por escrito desde la entrada en vigor del real decreto el 22 de marzo hasta la eventual fecha de no convalidación, el 28 de abril.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, califica como una "anomalía" la abundancia de contratos de alquiler de duración inferior a un año, y aboga por una regulación más transversal del mercado para ofrecer mayor protección a familias y estudiantes.
Una medida condenada al fracaso
Por ahora, todo indica que la iniciativa será rechazada en el Congreso. Así lo admitió la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien reconoció que “será muy complicado” que el decreto ley prospere en el Congreso de los Diputados, “considerando las posturas expresadas por los grupos políticos, especialmente las derechas”.
Rodríguez aseguró que parece que Junts “no está dispuesta”, y que el PP y Vox tampoco parecen estarlo. No obstante, mantiene su disposición: “En política, nunca se debe abandonar la negociación”, añadió.
Junts no se habla con Yolanda Díaz
Desde la perspectiva de analistas, la postura de Junts está prácticamente descartada debido a que ha decidido suspender toda relación con Sumar hasta que «se disculpe», tras que Yolanda Díaz calificara al partido liderado por Carles Puigdemont como «racista y clasista». Si Yolanda Díaz y su grupo no rectifican, Junts no contestará llamadas ni mantendrá negociaciones sobre ningún tema, advirtieron. «Si desean aprobar algo en el Congreso, deberán acudir al PP», señalaron fuentes cercanas.
El conflicto se generó después de una entrevista de Díaz en Onda Cero, en la que el periodista Carlos Alsina recordó a la ministra de Trabajo que en ocasiones anteriores había definido a Junts como un proyecto “racista y clasista”, a lo que ella respondió que ha sido “siempre” así.
Antes de este enfrentamiento, Junts ya había anunciado su voto en contra al decreto de prórroga de los alquileres que Sumar defiende para evitar su rechazo en el Congreso. Para lograrlo, Sumar tenía previsto una ronda de negociaciones con los grupos reticentes, aunque fuentes de Puigdemont indicaron que no se establecieron contactos para diálogo.
El optimismo de la ministra de Trabajo
En este contexto, Yolanda Díaz mantiene una postura positiva y confía en que el próximo 28 de abril, en el debate congresual, se convalidará el real decreto.
“Estamos dialogando con todas las fuerzas políticas. Sin embargo, mantengo la esperanza. Siempre mantengo la esperanza”, afirmó Díaz. Añadió que no comprende cómo las tres derechas (Junts, PP y Vox) se oponen a una medida ya aplicada previamente en España, prorrogada en ocho ocasiones y que, en definitiva, “no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda”.
En caso de que la medida sea rechazada, Díaz considera que serán Junts, PP y Vox quienes deberán explicar por qué impugnan el decreto y “perjudican y afectan” a la población española, no al Gobierno, ya que “todos los votantes de Vox consideran necesaria una actuación en materia de vivienda”.
Topar al 2% la subida del alquiler ahorrará hasta 658 euros
Sumar también calcula que restringir la actualización del alquiler al 2% permitirá a las familias ahorrar entre 182 y 658 euros entre 2026 y 2027, con montos potencialmente mayores en áreas con mayor presión en el mercado, como la Comunidad de Madrid (867 euros) o Cataluña (790 euros).
Este ahorro, según Sumar, será aún más significativo para los hogares que extiendan dos años sus contratos, ya que además del límite, evitarán pagar al firmar un nuevo contrato a precios de mercado, un gasto que el Ministerio de Consumo ya cuantificó en más de 1.730 euros anuales.