«El PSOE no se atreve a implementar medidas firmes conforme al Derecho Internacional por temor a las reacciones de Marruecos», denuncia Enrique Santiago
La «discriminación» hacia los saharauis en el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno ha generado un conflicto entre los dos miembros del Ejecutivo de coalición. Esta situación ha resaltado aún más la complejidad de la proposición de ley de Sumar para otorgar la nacionalidad a los saharauis que eran españoles cuando este territorio estaba bajo dominio español, así como a sus descendientes. La ley cuenta con un respaldo aparentemente suficiente para ser aprobada en el Congreso, sin embargo, el PSOE la ha dejado estancada en la fase final de su tramitación.
Sumar ha advertido al PSOE que podría buscar apoyo en el PP para lograr la aprobación si los socialistas no cambian su postura y facilitan su avance en la Comisión de Justicia.
Enrique Santiago, portavoz de Sumar en el Congreso y referente parlamentario de IU, ha señalado que «lo lógico» es que esta ley progrese con el respaldo de «las fuerzas que integran la alianza de Gobierno», pero que si esto no ocurre, «existen numerosas combinaciones para impulsar su aprobación».
Esta advertencia para considerar otras opciones alude implícitamente a la posibilidad de contar con el PP y alejarse del PSOE. De hecho, en la elaboración de esta proposición de ley hay un consenso considerable entre Sumar y el partido popular. También en las enmiendas presentadas por los diputados de Feijóo. Por lo tanto, PP y Sumar podrían colaborar en la Mesa de la Comisión de Justicia para desbloquear la situación y dar el impulso final a la ley.
«La sacarremos adelante, que quede claro», ha avisado Santiago durante una rueda de prensa en el Congreso, donde recordó haber mantenido «múltiples conversaciones» con el PSOE sobre este asunto y que ahora insistirán para que «no se dilate con excusas irrelevantes».
Las justificaciones a las que se refiere están relacionadas con la posición diplomática que el Gobierno mantiene frente a Marruecos y con la política de Pedro Sánchez de evitar incomodar a Rabat. Conviene recordar que el presidente ordenó un cambio histórico unilateral en la postura española respecto al Sáhara Occidental, aceptando que se convierta en una provincia marroquí. Este giro supuso un cambio radical frente a la posición mantenida por todos los gobiernos precedentes, que defendían la celebración de un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de Naciones Unidas. La vuelta de Sánchez en favor de Rabat se produjo sin contar con la entonces coalición gubernamental (Unidas Podemos), con el resto de partidos y contrariando la mayoría parlamentaria del Congreso.
«Error grave» del PSOE
Al ser preguntado por las razones que lleva al PSOE a bloquear la ley de reconocimiento de la nacionalidad saharaui, Santiago profundizó en el «error grave» de estrategia que supone la postura socialista en las relaciones con Marruecos. «El PSOE, al abordar los derechos del pueblo saharaui, no se atreve a adoptar medidas firmes conforme al Derecho Internacional por temor a las reacciones de Marruecos», explicó. Por ejemplo, el riesgo de que Marruecos utilice nuevamente la inmigración como «arma» contra España.
Desde la perspectiva del diputado de IU, existe una «urgente necesidad de acelerar» la aprobación de la ley de nacionalidad para los saharauis, destacando que «hay una amplia mayoría parlamentaria que la apoyaría».
Simultáneamente, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso abordó la polémica exclusión de los saharauis en el proceso de regularización, dado que el Gobierno, atendiendo al dictamen del Consejo de Estado, consideró que este procedimiento no es compatible con la situación de apatridia. Así, informó que ya están buscando una solución inmediata para eliminar esta «discriminación».
Santiago visualiza dos caminos: uno, que el procedimiento para solicitantes apátridas se resuelva en un plazo de «meses», y no durante «tres o cuatro años» como ha ocurrido hasta ahora; y otro, que se adopte alguna medida legal que permita que estas solicitudes tengan «los mismos efectos» que las concedidas a inmigrantes en proceso de regularización.
Desde el lado del PSOE, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, declaró que el proceso que «ampara a los apátridas sigue un camino propio y continuará así».
«Los apátridas están incluidos en un mecanismo particular, el suyo. Por tanto, no se relaciona con el proceso de regularización», defendió en unas declaraciones a Efe.