Murcia, Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia ya analizan sendos recursos
Al menos ocho de las 11 comunidades gobernadas por el PP se preparan para iniciar una disputa legal contra el Real Decreto que busca regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de inmigrantes. Estas son la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Algunas ya han tomado la decisión, otras lo analizan con detalle, pero las ocho comparten la voluntad de oponerse al procedimiento aprobado por el Consejo de Ministros el martes.
Dos más —Extremadura y La Rioja— todavía no han dejado claro si se encuentran estudiando la vía judicial, mientras que sólo una se excluye por ahora: Andalucía. Fuentes de la Junta argumentan que las particularidades de esta comunidad influyen: «Estamos en campaña, no es aún el momento para abordar esto». Otras voces cercanas a Juanma Moreno añaden: «Estamos centrados en las elecciones».
EL MUNDO ha consultado a las 11 comunidades lideradas por el PP, y lo más destacable no es tanto la unidad de casi todas ellas, sino la abstención de Andalucía, justo en un momento en que Moreno intenta consolidar su estrategia «atrapalotodo» desde una posición política centrada. El PP andaluz ha diseñado una campaña orientada a que su candidato maximice los beneficios derivados de la gestión con mayoría absoluta, procurando además pisar el menor número posible de sensibilidades, dado que existe un porcentaje significativo de ex votantes socialistas que prefieren a él antes que a María Jesús Montero.
El PSOE andaluz resume esta situación con claridad: «Si Juanma se limita a sonreír y actuar como una madre protectora para los andaluces, repetirá mayoría absoluta». El PP manifiesta un rechazo claro y firme al real decreto. Alberto Núñez Feijóo calificó ayer de verdadero «despropósito» la medida de regularizar «masivamente» a personas con antecedentes penales y «con historial policial».
El PP anticipa una batalla legal contra esta norma y planea llevarla ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la UE, aunque en Génova depositan mayores expectativas en los recursos que puedan presentar las comunidades autónomas: «Hay que considerar que los partidos no poseen legitimación ante el Supremo en un real decreto que no nos afecta directamente como formaciones políticas. Sin embargo, las CCAA sí tienen intereses legítimos, como sus servicios públicos o las políticas activas de empleo», argumentan en la dirección de Feijóo.
Isabel Díaz Ayuso fue la primera en declarar que emprenderá la batalla legal contra este decreto, además de solicitar su suspensión cautelar. «Sí, lo recurriremos ante los tribunales», aseguran con certeza en Sol.
Murcia sigue la misma línea: «Recurriremos todo aquello que pueda ser susceptible de impugnación», afirmó Fernando López Miras. En Baleares no albergan dudas: recurrirán y pedirán la suspensión cautelar del decreto. «Una regularización planteada así, sin consenso y sin consultar a las comunidades, representa un avance en la imposición de la política migratoria del Gobierno».
La Xunta de Galicia «está estudiando jurídicamente el texto», que recibió ayer por la mañana «vía BOE». «Presentamos alegaciones que aparentemente no fueron consideradas», señalan fuentes cercanas a Alfonso Rueda, insinuando que acudirán a la vía judicial: «No descartamos ninguna opción».
El Gobierno de Aragón también ha anunciado que promoverá todas las acciones legales posibles contra el real decreto, al igual que la Generalitat Valenciana, según confirmó su presidente, Juanfran Pérez Llorca. En Cantabria son contundentes: «Estudiaremos el decreto y si hay posibilidad, se presentará recurso». En Castilla y León, el Consejo de Gobierno analizará el asunto este jueves, con intenciones de tomar las mismas medidas legales que el resto.
Las fuentes consultadas por este medio en la Junta de Extremadura y en La Rioja aún no han tomado una postura definitiva.