Durante las dos últimas temporadas, LaLiga, junto a otras competiciones europeas, ha implementado varias estrategias y campañas dirigidas a eliminar la piratería en el fútbol. En España, lograron incluso respaldo legal que potencia su enfoque y eficacia en la detección de IPTV, plataformas o enlaces ilegales que difunden estos contenidos.
La erradicación de la piratería se convirtió en la prioridad absoluta para el organismo presidido por Javier Tebas, dado que, según sus propias estimaciones, el pirateo en el fútbol provoca pérdidas superiores a 700 millones de euros para los titulares de los derechos audiovisuales.
A pesar de que el objetivo sea legítimo, la forma en que LaLiga está llevando a cabo esta labor ha generado controversias significativas. Esto se debe a que, en los últimos dos años, cada fin de semana en que se bloquean plataformas y enlaces ilegales, también se ha afectado a sitios web completamente legales y desvinculados de la piratería, solo por compartir la misma dirección IP.
Lo más preocupante es que estas páginas inocentes no pueden evitar esta situación, porque tanto ellas como las plataformas piratas utilizan servidores en la nube como Cloudflare, lo que implica la imposibilidad de no compartir la misma IP. Aunque la ley respalda a LaLiga, se exige que estos bloqueos no perjudiquen a terceros, requisito que, como se indicó, no se está cumpliendo.
A pesar de las continuas quejas de los usuarios afectados, tanto la justicia como LaLiga han ignorado estas denuncias y mantienen este procedimiento. Recientemente, el Centro de Estudios de Política Europea ha difundido un estudio que analiza los impactos causados por estos bloqueos, titulado Los beneficios y costes de la legislación sobre el bloqueo de sitios web: una evaluación económica, jurídica y política.
El estudio ofrece una conclusión clara: «Dado que las direcciones IP de Cloudflare dan servicio a millones de dominios legítimos dentro de una infraestructura compartida, esto ha provocado el bloqueo de cerca de 3.300 servicios legales, incluyendo plataformas de uso habitual. El daño colateral ha sido considerable para usuarios particulares, empresas y servicios sin ninguna relación con la piratería».
En dicho informe, se critica que los bloqueos son gestionados por entidades privadas, y se señala la ausencia de supervisión y garantías en el proceso. Por lo tanto, se concluye que estas medidas son incompatibles con el estado de derecho y el principio de proporcionalidad establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«El medio más eficaz para combatir la piratería sería garantizar una disponibilidad generalizada de contenidos asequibles»
El informe finaliza destacando dos puntos principales: por un lado, la necesidad de establecer un procedimiento común sobre el bloqueo de contenidos en internet que evite que cada estado actúe de manera independiente. Por otro lado, explica la razón por la cual la piratería en el fútbol persiste, mientras que en sectores como la música o el cine se ha reducido notablemente.
«El método más efectivo para luchar contra la piratería consiste en asegurar una amplia disponibilidad de contenidos a precios accesibles«, pues mientras el coste para ver fútbol sea elevado, los usuarios no pagarán por ello. Está demostrado que los consumidores están dispuestos a abonar por estos contenidos, siempre que el precio sea adecuado a sus posibilidades.