Las claves
Ayuso ha puesto en duda la legalidad del principio de «prioridad nacional» previsto en el pacto PP-Vox en Extremadura para el acceso a ayudas públicas.
La presidenta madrileña advierte que dicho criterio podría infringir derechos reconocidos y excluir a personas que han aportado al sistema.
El acuerdo PP-Vox en Extremadura establece priorizar a quienes demuestren arraigo en el territorio frente a la población inmigrante en ayudas y prestaciones.
El Gobierno de Sánchez ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Constitucional cualquier medida derivada del pacto que vulneren derechos fundamentales.
Ayuso ha sembrado dudas sobre la legalidad del acuerdo entre su partido y Vox en Extremadura al cuestionar el encaje jurídico del concepto de «prioridad nacional» en la concesión de ayudas públicas.
La presidenta madrileña ha señalado que este criterio podría incumplir la ley al excluir a personas con derechos reconocidos.
Como presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha puesto en tela de juicio este viernes uno de los aspectos centrales del acuerdo PP-Vox en Extremadura, que facilitará la investidura de María Guardiola, alertando de que el principio de «prioridad nacional» «carece de legalidad».
Desde Bruselas, dado que se reunió con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, la líder madrileña ha defendido que este tipo de condiciones vulneran la normativa vigente.
«Creo en la ley y el orden, por tanto, considero que no se puede ilegalmente excluir a nadie de requisitos para los cuales posee derechos», declaró ante la prensa.
Ayuso fue más allá al indicar que «muchos de esos requisitos no cuentan con respaldo legal» y confía en que «el tiempo aclarará todo».
En este contexto, subrayó que no es posible dejar fuera a ninguna persona que ha contribuido al sistema, citando como ejemplo el acceso a la sanidad: «No se puede marginar a quienes han aportado al sistema, como también se ha reclamado en Madrid».
A pesar de estas críticas, la presidenta madrileña felicitó a María Guardiola por el acuerdo conseguido con Vox tras meses de negociación. «Es momento de ponerse a trabajar», afirmó, mostrando cercanía con la dirigente popular pero distanciándose del contenido del pacto.
El acuerdo PP-Vox en Extremadura incorpora el criterio de «prioridad nacional» para la concesión de ayudas, vivienda y prestaciones públicas, lo que implica favorecer a quienes demuestren arraigo en el territorio frente a la población inmigrante.
Además, contempla restringir ciertas prestaciones sociales a personas en situación irregular, limitándolas a casos de emergencia.
Desde Vox, el secretario general Ignacio Garriga ha defendido el pacto como un «hito histórico» y afirmó que la introducción de este principio marcará la pauta para futuras negociaciones con el Partido Popular.
Según su opinión, la «prioridad nacional» será un eje clave en negociaciones en otras regiones donde ambos partidos buscan formar gobierno, como Aragón o Castilla y León.
Gobierno de Sánchez
En respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado con firmeza y ha asegurado que impugnará cualquier medida que viole derechos fundamentales.
El presidente ha garantizado que el Ejecutivo actuará «con toda la fuerza del Estado de derecho» si el pacto se traduce en normas ilegales.
En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció que el Gobierno presentará recursos ante el Tribunal Constitucional contra cualquier disposición «discriminatoria y contraria a la ley», mientras que otros miembros del Ejecutivo calificaron el pacto de «racista» y acusaron al PP de asumir las posiciones de Vox en materia migratoria.
El pacto en Extremadura, que permitirá la investidura de Guardiola, continúa bajo intenso control político y jurídico, en especial en cuanto al acceso a servicios públicos, vivienda y prestaciones sociales.