Declaró en el juicio que nunca trató el tema ni con su superior, el secretario de Estado de Seguridad, ni con su subordinado, el DAO, quienes ambos están en el banquillo.
El tribunal de la Audiencia Nacional que instruye la operación Kitchen ha escuchado este miércoles la declaración como testigo de Ignacio Cosidó, director general de la Policía durante el desarrollo de la operación parapolicial destinada a impedir que material de Luis Bárcenas perjudicial para el PP llegara al juez encargado del caso Gürtel.
En el banquillo se encuentran quienes, en el momento de los hechos, ocupaban posiciones tanto superiores —ministro, secretario de Estado— como subordinadas —director Adjunto Operativo y varios comisarios relevantes—. Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino escucharon su declaración, en la que negó haber tenido conocimiento de que desde la DAO se realizara un operativo paralelo al oficial en relación con el ex tesorero que investigaba un juez de la Audiencia. El también ex diputado y ex senador popular nunca ha sido imputado.
«Siempre asumí que las pesquisas se realizaban por la Udef», declaró Cosidó, quien explicó al fiscal del caso que sus subordinados —especialmente el ex DAO y acusado Eugenio Pino— no le informaban sobre los pormenores de las investigaciones relacionadas. Solo estaba al tanto de la existencia de la operación policial judicializada, pero no conocía «las acciones concretas».
«¿Comentó alguna vez con el secretario de Estado Francisco Martínez alguna operación de la DAO [Dirección Adjunta Operativa] para obtener información sobre Luis Bárcenas?», preguntó el fiscal César de Rivas. «No desde el ámbito de la DAO. Los intercambios de información eran generales porque, repito, no tenía un conocimiento detallado de las actividades de la Udef».
Cosidó declaró que no consideraba a José Manuel Villarejo una «persona de confianza» y que, durante su etapa como director de la Policía, solo tuvo un saludo protocolario con él. Sobre sus conversaciones en torno al caso Gürtel con su superior, el entonces secretario de Estado Francisco Martínez, indicó que se trataban de referencias superficiales. «Los intercambios de información tenían carácter general. Insisto en que desconocía los detalles de las actuaciones de la Udef. Los agentes deben informar al juez y no a órganos políticos o administrativos».
Negó haber recibido información de que Villarejo «pudiera utilizar determinada documentación» en un conflicto que mantenía con el comisario responsable de Asuntos Internos. La acusación popular ejercida por el PSOE repasó su relación con otros mandos policiales investigados, la cual Cosidó calificó de muy escasa. «Coincidencias en el ministerio no implican criminalidad», llegó a señalar la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, durante el repaso que la abogada Gloria de Pascual hacía sobre las conexiones del testigo.
La magistrada interrumpió nuevamente a la letrada del PSOE cuando preguntó a Cosidó acerca de una anotación en la agenda de Villarejo que indicaba que Cospedal estaba politizando la Policía. «Perdone, la señora De Cospedal no está siendo juzgada aquí».
Podemos, que también actúa como acusación popular, intentó conocer si Cosidó estaba al tanto de los seguimientos a la familia Bárcenas por parte de la Unidad Central de Apoyo Operativo (Ucao). No conocía las pesquisas de la Udef ni que estuvieran involucradas otras unidades como la Ucao.
Relación con los acusados
En general, las preguntas de Podemos buscaron destacar la relación del testigo con mandos policiales acusados, incluyendo la concesión de medallas a algunos, como Andrés Gómez Gordo.
«¿Llegó en algún momento a investigar en el Ministerio si esta operación se había ejecutado?» La respuesta no fue directa: «He tenido conocimiento de esta operación principalmente a través de la investigación de la propia Audiencia Nacional y por múltiples informaciones».
«Además de director de la Policía, usted era dirigente del Partido Popular. ¿Recuerda si entonces era motivo de preocupación o inquietud la prisión preventiva de Luis Bárcenas?» No hubo respuesta, ya que intervino la presidenta: «Eso no forma parte de los hechos». El abogado replicó: «Sí, la inquietud que motivara cualquier acción del partido está en el escrito de acusación». «Preguntas irrelevantes, por favor; esto queda cerrado», concluyó la magistrada, y el abogado de Podemos no formuló más cuestionamientos.
La familia Bárcenas actúa como acusación particular. Su abogada, Marta Giménez-Cassina, intentó desmontar las tesis de las defensas: una, que las vigilancias a los Bárcenas buscaban proteger a la esposa del tesorero, Rosalía Iglesias, durante su estancia en prisión. «¿Ella debería saber sobre esa protección?» «Entiendo que sí».
También consideró poco probable la coincidencia de distintas unidades vigilando a una misma persona, puesto que existía un sistema de información en la Policía para evitarlo. Sin embargo, esto ocurrió cerca del domicilio de los Bárcenas. El martes declaró un agente de Asuntos Internos que detectó coches policiales de varias unidades en esa área.