La medida se implementará de manera urgente: el plazo concluye el 30 de junio y coincide con la puesta en marcha completa del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
El real decreto dirigido a la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de inmigrantes está próximo a su lanzamiento, mientras la oposición se prepara para impedir su implementación. El Gobierno tiene previsto aprobarlo este martes en el Consejo de Ministros después de «trabajar» en el texto legislativo «basándose en el dictamen del Consejo de Estado».
Así lo confirmó ayer el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien afirmó que esta medida «es solicitada por la Patronal, la Conferencia Episcopal, el Vaticano, y sólo se oponen a ella el Partido Popular y Vox». De hecho, los partidos de oposición expresaron ayer su intención de bloquear la regularización, que se hará efectiva una vez se publique mañana en el Boletín Oficial del Estado.
Por ello, Vox tiene previsto recurrir el real decreto ante el Tribunal Supremo para exigir su suspensión cautelar. Así lo anunció el secretario general del partido, Ignacio Garriga, quien opinó que esta regularización transmite «al mundo» el mensaje de que «en España hay recompensa por irrumpir a la fuerza». Además de iniciar una batalla judicial contra la medida, los seguidores de Santiago Abascal lanzarán una «campaña» frente al Congreso para que «los españoles conozcan con detalle el coste y las consecuencias de esta invasión migratoria», informa Paloma H. Matellano.
El PP, en su particular lucha, declaró ayer que utilizará «todos los instrumentos» disponibles para frenar lo que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, definió como la «barbaridad» de una «regularización masiva». La representante popular destacó que el rechazo se efectuará desde las 11 comunidades autónomas bajo su gobierno, desde el Senado y, de ser necesario, también desde las calles. O incluso a través de los tribunales, aunque no especificó cómo ni confirmó esta última vía.
Una de las vías posibles es el Tribunal Constitucional, pero la principal alternativa sería llevar el caso ante la justicia europea, por ejemplo, el TJUE de Estrasburgo. «La justicia europea podría estar más al alcance que la española», señalan desde Génova. «Un partido político no puede llevar esto al Supremo», sostienen, según informa Juanma Lamet.
La regularización aguardaba la opinión del Consejo de Estado tras la aprobación del Consejo de Ministros el pasado 27 de enero para iniciar el trámite de urgencia, fruto de un acuerdo entre PSOE y Podemos. El viernes pasado, el órgano consultivo envió al Gobierno un dictamen en el que cuestionaba los criterios de vulnerabilidad, la verificación de antecedentes penales y la compatibilidad entre ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional y otro bajo la nueva disposición.
Aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones celebró ese día el «aval» del Consejo, sus observaciones señalaban «un considerable desorden y una falta sistemática en la estructura y distribución de los temas». En esta línea, su presidenta, Carmen Calvo, recordó que «la función del Consejo no es aprobar ni rechazar decisiones políticas, sino mejorarlas desde el punto de vista jurídico». Los ministerios involucrados en la redacción de la norma trabajaron en las horas previas al Consejo de Ministros de hoy con el objetivo de aprobar el decreto.
Así, la regularización entrará en vigor mañana, miércoles 15 de abril, con un retraso considerable —se esperaba que la iniciativa arrancara a comienzos de este mes— y a contrarreloj: el plazo se cierra el 30 de junio, coincidiendo con la implementación efectiva del Pacto Europeo de Migración y Asilo. La mayoría de sus disposiciones comenzarán a aplicarse el 12 de junio, mientras que el resto entrará en vigor el 1 de julio.