Las claves
Una agente de la Policía Nacional declaró que debía custodiar a Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, pero constató que ya se encontraba bajo vigilancia por otros agentes de la Comisaría General de Información.
El jefe de Vigilancias de la Unidad de Asuntos Internos explicó que recibió la orden de proteger a Iglesias sin recibir detalles sobre la amenaza, y al identificar la vigilancia paralela, se canceló la protección.
El juicio del caso Kitchen investiga un presunto espionaje policíaco contra Bárcenas, organizado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy, con el fin de sustraerle documentos comprometidos.
El chófer de Bárcenas percibió durante dos años 2.000 euros mensuales de fondos reservados por facilitar información a la red, y obtuvo una pistola Glock del responsable de la UCAO.
Este martes, en la cuarta jornada del juicio del caso Kitchen, testificó una agente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que fue encargada de «proteger» a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.
Esta policía, con número de identificación 122.395, describió cómo se sorprendió al descubrir que Iglesias ya estaba siendo vigilada por otros miembros del cuerpo. En concreto, por «un hombre calvo, que portaba dos móviles», adscrito a la Comisaría General de Información (CGI).
La agente, que testificó este martes ante la Audiencia Nacional, relató haber localizado a este individuo «cerca del portal» del domicilio de los Bárcenas y haberle fotografiado. Gracias a la matrícula de su vehículo, confirmó que pertenecía a la CGI.
Minutos antes de su declaración, también testificó, en la misma Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, el jefe de Sección de Vigilancias de la UAI, Jesús Galán, quien ya está jubilado.
Galán explicó que en 2013 recibió directamente del entonces máximo responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, acusado en este juicio, la orden de «proteger» a Rosalía Iglesias.
Aunque la instrucción le pareció somera, asignó la tarea a varios subordinados, entre ellos la agente 122.395.
«[Martín Blas] me señaló: ‘Rosalía Iglesias está en peligro. Debéis protegerla, sin que os detecten'», declaró este martes el jefe de Sección jubilado, al inicio de la sesión vespertina, poco antes que su antigua subordinada.
Las versiones de ambos agentes coinciden en lo fundamental: mientras realizaban la protección a Iglesias, constataron que la esposa de Bárcenas ya tenía vigilancia por parte de la CGI.
«[Mis subordinados] observaron a personas con una actitud similar a la suya,» dijo Galán. «Por las matrículas de los vehículos, confirmamos que pertenecían a la CGI», agregó.
«Marcelino Martín Blas no me detalló la naturaleza del peligro para Iglesias. Solo afirmó: ‘Está en peligro'», mencionó.
La vigilancia de la UAI se mantuvo por «una o dos semanas», hasta que descubrieron la vigilancia paralela por parte de la CGI. Ante esta situación, Galán decidió suspender la protección.
El caso Kitchen examina el supuesto espionaje policiaco sufrido por Luis Bárcenas desde 2013, que habría sido organizado por el Ministerio del Interior en la era de Mariano Rajoy como presidente y enfocado en robar documentos relevantes del ex tesorero del PP.
Durante la mañana y parte de la tarde de este martes, declaró Gonzalo Fraga, inspector jefe de la UAI que investigó la Operación Kitchen.
El chófer de Bárcenas
En un informe policial, Fraga concluyó que Rajoy habría tenido «conocimiento» del asunto. Este martes precisó que otro acusado, el excomisario José Manuel Villarejo, encomendó al chófer de Bárcenas «presionar» para localizar «grabaciones comprometedoras» que pudieran perjudicar al presidente en ese momento.
«Villarejo estableció a Sergio Ríos el objetivo de encontrarlas,» explicó Fraga. El contenido de esos audios es incierto, pero, de existir, se presume que incluirían conversaciones entre Bárcenas, Rajoy y Javier Arenas.
El letrado de Ríos —ex chófer de Bárcenas también acusado en este juicio— realizó parte del interrogatorio a Fraga.
—No es habitual que un confidente firme un recibo de pago, ¿verdad?— cuestionó el abogado Gonzalo Navarro.
—Supongo que puede ser común…— respondió el inspector jefe, obligado a declarar con sinceridad.
—¿No es habitual que sea el policía quien firme y justifique el pago? —insistió el letrado.
En el sumario constan varios recibos firmados por Ríos que probarían que durante dos años percibió, mensualmente, 2.000 euros de fondos reservados por aportar información a la presunta red investigada por espionaje a Luis Bárcenas.
El exchófer de Bárcenas también recibió una pistola Glock, adquirida en noviembre de 2013 con fondos reservados y entregada por Enrique García Castaño, conocido como El Gordo y uno de los principales responsables policiales, jefe desde 1994 de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Debido a su estado de salud, El Gordo está exento de este juicio.
Durante su extensa declaración, el inspector jefe Gonzalo Fraga recordó que en 2015 EL ESPAÑOL fue el primer medio en revelar una posible operación parapolicial destinada a espiar a Bárcenas y su familia, y sustraer datos sensibles que pudieran perjudicar al PP.
La cuarta jornada del juicio se extendió desde las diez de la mañana hasta pasadas las siete de la tarde (con recesos incluidos). Estaba previsto que este martes declarara Ignacio Cosidó, director de la Policía Nacional entre 2012 y 2016 y antiguo senador del PP.
El ex alto cargo se presentó en la Audiencia Nacional con esa intención. No obstante, debido a la demora provocada por el interrogatorio prolongado a Fraga, que duró casi 12 horas en dos jornadas, la declaración de Cosidó se ha reprogramado para este miércoles.