La Plataforma de Infancia alerta que, manteniendo el ritmo actual, España no logrará igualar los niveles de pobreza y exclusión social del resto de Europa hasta dentro de 12 años.
En España, uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Según el informe La pobreza infantil en España 2026, elaborado por la Plataforma de Infancia (POI), esto afecta a casi 2,6 millones de menores.
«No debe caer en el triunfalismo», señaló Ricardo Ibarra, director de la organización, quien, pese a que los datos muestran una mejora de nueve décimas respecto al año anterior, advierte que la pobreza infantil sigue siendo un problema estructural en España, concentrándose cada vez más en los grupos más vulnerables.
A este ritmo de descenso, España requeriría doce años para alcanzar las estadísticas actuales de la media europea. Por este motivo, Ibarra insiste en que hacen falta «políticas más ambiciosas» para superar unos datos que ha calificado como «vergonzosos».
Los hogares monoparentales, los más afectados
De acuerdo con el informe, basado en los últimos microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, los hogares monoparentales, predominantemente encabezados por mujeres, son el único tipo familiar donde la tasa de riesgo aumentó en el último año, alcanzando el 50,8%. Prácticamente uno de cada dos niños que convive con un solo progenitor está cerca de la exclusión social, y la pobreza severa afecta al 22,3% de estas familias.
Los datos se agravan en hogares numerosos. El 68,2% de los menores que viven con más de tres hermanos se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión. Asimismo, el caso de la infancia migrante es preocupante, ya que el 67,5% de los niños con ambos padres de origen extranjero están en esta situación. Estas cifras contrastan significativamente con el 22,7% de riesgo que afecta a niñas, niños y adolescentes con progenitores españoles.
Una brecha estructural
El informe describe, más allá de los números, una fractura que separa a la infancia del resto de la población española. El índice AROPE, que identifica a las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, registra una diferencia de casi 8 puntos entre menores de 18 años y el resto de ciudadanos.
Los adolescentes de 13 a 17 años —denominados los grandes olvidados de las políticas de protección por la técnica de incidencia política de la POI, Débora Quiroga— muestran las tasas más altas dentro de la infancia. “Las ayudas se concentran mayormente en la etapa de 0 a 3 años”, agregó Quiroga.
Además, el informe destaca que tener hijos incrementa el riesgo de pobreza. Las personas que habitan en hogares con menores perciben una renta media un 35,9% menor que quienes residen sin ellos. Esto implica una diferencia anual de 5.770 euros por persona, siendo la brecha más amplia registrada en toda la serie histórica.
Factores como el coste de la vivienda contribuyen al empobrecimiento adicional. Más de una cuarta parte de niños, niñas y adolescentes en familias con menores ingresos habitan en viviendas sobreendeudadas por alquiler o hipoteca, lo cual obliga a estas familias a recortar gastos en alimentación o educación.
Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, a la cabeza
El análisis regional indica que la pobreza infantil no se distribuye de forma homogénea. Murcia lidera el ranking autonómico con un 44% de menores en riesgo; seguida por Castilla-La Mancha (43,1%) y Andalucía (42,9%). En contraste, el País Vasco presenta la tasa más baja del país. La diferencia entre la comunidad con menor y mayor pobreza infantil supera los 25 puntos.
España se comprometió a reducir a la mitad la pobreza infantil para 2030, tomando como referencia la tasa de 2015, que era del 34,4%. Diez años después, el indicador apenas ha descendido 1,2 puntos. La distancia entre la evolución real y la meta marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible alcanza 10,3 puntos, por lo que, si continúa esta tendencia, el objetivo será prácticamente inalcanzable.
La Plataforma de Infancia pide implementar una ayuda universal para la crianza, duplicar el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), ampliado a niños mayores de seis años, y desarrollar políticas ambiciosas para facilitar el acceso a la vivienda. «Solo un cambio radical, mediante políticas audaces en vivienda y en ayudas a la crianza, podrá revertir este panorama», concluyó Ibarra.