Los principales sindicados han solicitado al Ejecutivo una reunión para evaluar nuevas ayudas, entre ellas la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas del sector hasta 2026
El incremento en los precios del combustible, resultado directo de la crisis petrolera en Oriente Medio, ha puesto en una situación crítica a miles de pescadores españoles, quienes han calificado de insuficientes las ayudas proporcionadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, destacando que están en riesgo “miles de empleos directos e indirectos y la seguridad alimentaria” en España.
Los principales sindicatos han solicitado con urgencia al Ejecutivo español que adopte medidas para mitigar el aumento del gasóleo y evitar el “inminente cese de actividad” de numerosas embarcaciones debido a la falta de ingresos. Cepesca y la FNCP han remitido una carta al presidente, advirtiendo que la situación de la flota se ha deteriorado en las últimas semanas y que muchos barcos podrían verse forzados a permanecer en puerto, situación que ya ocurre en determinados enclaves.
Los representantes del sector señalan que el factor principal que impacta sobre la flota española es el incremento del combustible, cuyo precio ha pasado de 0,50 euros por litro en enero a superar 1,3 euros en varios puertos nacionales y alcanzar hasta 2,2 euros en otros países. “Este aumento ubica a muchas empresas bajo el umbral de rentabilidad”, indicaron.
Por ello, desde los sindicatos han demandado al Gobierno la implementación “inmediata” de medidas adicionales, como el incremento de las ayudas al combustible de 20 a 50 céntimos por litro y su pago mensual para asegurar la liquidez de las compañías. Además, han solicitado que la Administración disponga de todos los mecanismos necesarios para activar las ayudas del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), las cuales aún están pendientes de aprobación por la Comisión Europea.
Entre otras iniciativas reclamadas por los pescadores está la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y trabajadores hasta, como mínimo, finales de 2026, una medida que consideran “fundamental” para mantener el empleo en un contexto de “crisis excepcional”. Finalmente, el sector ha pedido convocar una reunión con el Gobierno nacional para analizar la situación y definir las acciones necesarias que permitan continuar operando y garantizar el suministro de productos pesqueros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para «proteger a los ciudadanos, apoyar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria».
Reclamaciones desde el inicio del conflicto
El sector pesquero ha estado solicitando al Gobierno la ampliación de las medidas desde noviembre pasado, cuando reconocieron las ayudas recibidas, pero las calificaron como “insuficientes para el precio actual”.
“Si salen con las condiciones vigentes, pierden más dinero. Cada vez que un barco zarpa, consume una gran cantidad de litros de gasoil, además de otros gastos habituales, y con los ingresos derivados de la venta, no pueden cubrir los costos para que la actividad sea rentable. Al menos aquí no tienen otros gastos, salvo los de mantenimiento”, explicó a este medio Javier Garat, secretario general de Cepesca.
El secretario también alertó que el conflicto en Oriente Medio no solamente incrementa el costo del combustible para los pescadores, sino que afecta el relevo de tripulaciones, dado que varios puertos del océano Índico, donde se realizaban estos cambios, han cerrado, obligando a buscar alternativas más costosas.
El cierre de puertos en Oriente Medio también impacta en las exportaciones españolas. Según explicó Garat, antes se utilizaba el aeropuerto de Qatar para el tránsito por ser la ruta más económica hacia Asia, pero actualmente deben utilizar otras opciones que incrementan los costos.
El sector pesquero español lo integran unos 30.000 pescadores y genera alrededor de 150.000 empleos indirectos, aportando cerca de 10.000 millones de euros en valor agregado bruto. Las consecuencias de la guerra han afectado principalmente a Galicia, que posee la mitad de la flota española, seguida por Andalucía y, en la flota de gran altura, el País Vasco, donde la Organización de Productores Pesqueros de Ondárroa decidió suspender su actividad, mientras que las flotas de arrastre en Cádiz y el Mediterráneo están valorando adoptar medidas similares.