La Asociación ‘Víctimas Descarrilamiento Adamuz’ señala deficiencias y supuestas irregularidades en la coordinación de los servicios de emergencia tras el accidente.
El colectivo denuncia una gestión confusa en las llamadas y fallos en los sistemas informáticos del 061, lo que obligó a manejar la emergencia con métodos manuales y teléfonos personales.
Afirman que no se siguieron los protocolos básicos de comunicación, lo que podría haber agravado las consecuencias del accidente y retrasado la atención a las víctimas.
Reclaman una investigación exhaustiva, la responsabilidad política y jurídica pertinente, y una revisión urgente de los planes de actuación sanitaria.
La Asociación ‘Víctimas Descarrilamiento Adamuz’ ha manifestado su profunda inquietud por «las deficiencias» y «presuntas irregularidades» en la coordinación a nivel estatal y andaluz de los servicios de emergencia durante la noche del siniestro.
Este pronunciamiento ha sido presentado en un escrito formal ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Además, se elevará a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, al Defensor del Pueblo Andaluz y al juzgado de Montoro, encargado del caso.
A través de su representante legal, el abogado Antonio Benítez Ostos, la organización solicita «una investigación minuciosa» de los hechos y reclama «el esclarecimiento de las responsabilidades políticas y jurídicas correspondientes».
Consideran que, en caso de confirmarse, «podría tratarse de una posible y clara responsabilidad patrimonial debido a una actuación anómala de la Administración Pública, entre otras posibles implicaciones legales».
En este contexto, se hace eco del informe de la Guardia Civil recibido. Este señala que el análisis inicial de las grabaciones de los diferentes operadores de emergencias, tanto a nivel andaluz como estatal, indica que «existió una considerable confusión inicial«.
Esto se atribuye al alto volumen de llamadas simultáneas y el desconcierto generado, relacionándose inicialmente todas las llamadas de emergencia recibidas con el tren Iryo.
«Las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron, o bien como un accidente sin colisión con el Iryo y de menor gravedad, o se confundieron como relacionadas con el accidente del mencionado tren Iryo», continúa el documento.
Bloqueo del sistema informático
Además, según el texto, el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia del 061 tuvo que «atender el accidente ferroviario Adamuz ‘con papel y lápiz’ debido a la caída del sistema informático«.
También se indica que el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba «tuvo que manejar las llamadas con teléfonos personales de los gestores y sin la conexión al centro coordinador 112″, tras un nuevo fallo en el sistema habitual.
Desde el colectivo defienden al equipo profesional. «Solo su intervención, con muchos años de experiencia, permitió superar lo que desde el punto de vista técnico fue un caos», destacando «la gravedad de la situación vivida en esta emergencia de gran escala».
El escrito también señala que estos problemas «no son recientes», dado que «gestores telefónicos, técnicos de sistemas y coordinadores médicos en todas las provincias andaluzas sufren varias carencias y fallos desde la implementación del sistema actual».
Una situación que, según la asociación, «ha sido denunciada repetidamente sin recibir respuesta».
Las críticas se basan en «fuentes cercanas al operativo de rescate», que han declarado públicamente que la información sobre el accidente «no circuló adecuadamente» entre la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (Asema) y el COS (Centro Operativo de Servicios) de la Comandancia de Córdoba.
Los protocolos básicos
Según esta versión, «no se cumplirían los protocolos básicos en la comunicación de la emergencia«, como, por ejemplo, «indicar cuántos focos de siniestro existían y su ubicación».
El abogado explica que el protocolo de comunicación de emergencias del 112 español exige un procedimiento de entrevista mediante el cual el operador telefónico solicita al alertante siete datos distintos.
Entre ellos están la localización, qué ha ocurrido, número de víctimas, síntomas observados en los heridos, acciones realizadas, peligros presentes (fuego, gases) y nombre y teléfono para mantener contacto en caso de perder conexión.
Se indica que este protocolo civil es una versión adaptada de la comunicación ‘Nueve Líneas’, que el Ejército utiliza reglamentariamente en las Medeva (Evacuaciones Médicas), conforme al formato OTAN.
Fuentes cercanas al dispositivo de Adamuz aseguran públicamente, según el escrito, que los datos sobre número y estado de víctimas «fueron incorporados posteriormente, tras la llegada de la Guardia Civil al Alvia, 43 minutos después del accidente«.
La entidad enfatiza que «esta grave falta de coordinación y de asistencia inmediata por parte de los medios sanitarios pudo presuntamente causar más víctimas, más lesiones y de mayor severidad».
Sostienen que, «de no haberse fallado en los protocolos, la gravedad de las consecuencias del siniestro habría sido menor«.
Finalmente, la asociación recuerda que la protección de la salud y su adecuada prestación es «un derecho constitucional expresamente reconocido en el artículo 43 de la Carta Magna y íntimamente vinculado con el derecho fundamental a la vida, establecido en el artículo 15 de nuestra norma suprema».
Por ello, la asociación solicita «la revisión inmediata del plan de actuación y la corrección urgente de las deficiencias del sistema de gestión».
El objetivo es que los centros coordinadores del 061 y 112 «dispongan de un soporte aplicativo adecuado para asegurar la atención ciudadana en situaciones críticas».
Asimismo, reclaman la entrega de un informe detallado y toda la documentación e información disponible sobre «lo realmente acontecido» en relación con los hechos, así como que «se realice una investigación exhaustiva y se depuren las responsabilidades políticas y jurídicas correspondientes».