El Ejecutivo no contempla asumir responsabilidades políticas en el caso de que el Tribunal Supremo emita una condena contra José Luis Ábalos.
La portavoz Elma Saiz ha esquivado ofrecer respuestas concretas acerca de posibles renuncias o explicaciones tras una eventual sentencia condenatoria.
Fuentes tanto del Gobierno como del PSOE indican que el coste político relacionado con el caso Ábalos ya ha sido asumido y que no se prevén repercusiones adicionales.
La investigación vinculada a Ábalos no ha influido en la relación con los aliados del Gobierno, y consideran que no aparecerán datos nuevos que impliquen a otros responsables.
En tres ocasiones este martes, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, fue cuestionada y en las tres respondió con expresiones habituales como «tolerancia cero con la corrupción» o «que la Justicia actúe y llegue hasta el final«.
En esencia, evitó contestar a las reiteradas preguntas precisas sobre si alguien asumirá responsabilidades políticas en caso de que el Tribunal Supremo acabe condenando a José Luis Ábalos.
Resulta común que en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros predominen respuestas con discursos prefabricados y sin contenido, independientemente de las preguntas formuladas. Esto es lo que se conoce como «lengua de madera».
Tres veces fue interpelada de diversas maneras sobre si una eventual sentencia condenatoria contra el exministro y exnúmero dos del PSOE implicaría responsabilidades políticas por haberlo nombrado y por no haber supervisado que no ocurrieran los hechos conocidos, que podrían formar parte de la verdad judicial que determine el Tribunal Supremo.
Esta cuestión cobra importancia, dado que esa sentencia sería definitiva, salvo un recurso extraordinario ante el Constitucional por una posible vulneración de derechos fundamentales de los acusados en el proceso.
Pedro Sánchez mencionó la asunción de responsabilidades políticas cuando se imputó a Ábalos y posteriormente cuando surgieron indicios contra Santos Cerdán, también número dos del presidente en el partido. Sin embargo, no se ha registrado ninguna responsabilidad asumida por parte alguna, aparte de la penal de los acusados.
Fuentes del Ejecutivo y del PSOE afirman que, en caso de condena, no se producirán dimisiones ni nuevas explicaciones por parte de nadie.
La versión oficial que comunican sostiene que el impacto político de estos escándalos ya fue absorbido y que el efecto de la corrupción está superado. Se considera que la etapa de las actividades de Ábalos está cerrada, ya que todo se conoce, aunque próximamente quede plasmado en una sentencia.
Por supuesto, Sánchez continúa decidido a cumplir el mandato legislativo, al margen de estos asuntos.
Los socialistas argumentan que el caso Ábalos no ha afectado la relación con sus socios y que no se esperan revelaciones nuevas que puedan impactar al partido o al Gobierno. Piensan que, si no han salido aún, no existen datos que impliquen a otros.
Eso sí, son pesimistas respecto al panorama penal de Ábalos, ya que reconocen que existen múltiples indicios penales en su contra y una conducta polémica. Destacan especialmente los hechos relacionados con mujeres prostituidas y actitudes claramente machistas.
‘El coste ya fue pagado’
No obstante, consideran que esos hechos ya eran de conocimiento público y que se ha pagado un costo político que no se incrementaría con una sentencia.
Desde una perspectiva política, este tema sigue siendo una preocupación, pues llevan casi dos años intentando apartar la corrupción del centro del debate.
Sánchez ha tratado de centrar la agenda pública en el «no a la guerra» o en datos económicos favorables, mientras desde Moncloa se han impulsado asuntos sin necesidad de pasar por el Congreso, aunque generen discusión política. Ejemplos son la desclasificación de documentos sobre el 23-F o medidas sobre Internet, entre otros.
Este martes, intentó avanzar con la presentación ante el Congreso de una propuesta de reforma constitucional para incluir el aborto, que no tiene opciones de prosperar y que, de hecho, opta por una vía que reduce la protección del derecho.
La ministra portavoz se refirió a esta jornada como una «semana especialmente dura para la ciudadanía» mencionando la «desafección» que se genera al relacionar el juicio a Ábalos con el de Kitchen, vinculado a un ministro del Interior de Mariano Rajoy.
Frases como «Que la Justicia actúe y llegue hasta el final», «es el momento de la Justicia», «otras fuerzas políticas destruyen pruebas» y «ya se han tomado medidas» fueron usadas por la portavoz para dejar abierta la posibilidad de consecuencias frente a una posible condena.
Estas expresiones le sirven para enfrentar en los próximos meses otros procesos judiciales pendientes. Igual que desde 2022 han servido para justificar esfuerzos en la elaboración de Presupuestos Generales del Estado que luego no se presentaron, con expresiones como «sudar la camiseta» o «dejarse la piel».