Las comunidades autónomas regidas por el PP decidieron no asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada por la ministra Sira Rego, argumentando que la reunión es “ilegal”.
Las regiones bajo mando del PP acusan al Ejecutivo de intentar reabrir la discusión sobre la distribución de menores extranjeros no acompañados, un tema que había sido descartado previamente en los órganos técnicos.
El conflicto se origina porque el Ministerio incluyó en el orden del día la cuestión de la capacidad de acogida y posible distribución de menores migrantes, algo que las autonomías del PP consideran contrario al proceso establecido.
Las autonomías del PP defienden que el mecanismo vigente para el traslado de menores ya carece de base legal y denuncian que se lleva a cabo sin la coordinación necesaria ni valoración individualizada.
Este miércoles, las comunidades autónomas gobernadas por el PP decidieron no conectarse a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada de forma telemática, dejando plantada a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
El boicot conjunto responde, según estas regiones, a la supuesta “ilegalidad” de la convocatoria y a la intención del Gobierno de reabrir el debate sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados.
El enfrentamiento surge después de que el Ministerio incluyera en el orden del día un punto relativo a la capacidad de acogida y eventual reparto de menores migrantes que, según denuncian las autonomías del PP, había sido rechazado previamente en los órganos técnicos preparatorios.
En concreto, este tema fue descartado en la comisión de directores generales donde estas comunidades tienen mayoría, por lo que consideran que su inclusión vulnera el procedimiento establecido.
Fuentes de varios gobiernos autonómicos sostienen que, al no haber sido aprobado ese contenido en la reunión previa, la conferencia de este miércoles carece de validez.
Por ello decidieron no participar conjuntamente, mostrando de este modo su rechazo a lo que interpretan como un intento del Gobierno de Pedro Sánchez de prolongar un sistema de traslados que consideran sin respaldo legal.
La Comunidad de Madrid, especialmente crítica con este asunto, fue una de las primeras en confirmar su ausencia.
La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, denunció que la convocatoria era “ilegal” y acusó al Ejecutivo central de promover un reparto “forzoso” de menores “como si fuesen paquetes”.
Sin embargo, esta postura ha sido compartida por el resto de territorios gobernados por el PP.
Tanto Castilla y León como la Xunta de Galicia confirmaron a EL ESPAÑOL que tampoco acudieron a la reunión.
Desde el Gobierno gallego indicaron que ya habían advertido con antelación al Ministerio: «La Xunta de Galicia informó la semana pasada al Ministerio de Juventud e Infancia que la convocatoria para esta Conferencia Sectorial era ilegal, por lo que se envió un requerimiento que en ningún momento fue respondido».
«Esta situación es similar a la ocurrida en la Conferencia Sectorial del 17 de julio de 2025, cuyo orden del día tampoco cumplía con la normativa. Por ello, aunque la Xunta asiste habitualmente a todas las convocatorias de este Ministerio, la realidad es que Galicia no puede estar presente en una Conferencia que consideran ilegal».
El conflicto tiene su origen en la tramitación del orden del día y va más allá, vinculándose a la vigencia del actual marco jurídico que ha sustentado estos traslados hasta ahora: el Real Decreto-ley 2/2025.
Varias administraciones autonómicas del PP, entre ellas la Comunidad de Madrid, sostienen que el mecanismo extraordinario de reubicación de menores ya no dispone de cobertura legal debido a que han expirado los plazos establecidos.
Consideran que su aplicación ha generado un sistema que ha ignorado la coordinación con entidades de protección, la valoración individual de cada menor y, en ciertos casos, incluso su voluntad y situación familiar.
Con esta acción coordinada, las autonomías del PP aumentan la presión sobre el Gobierno en medio de una intensa disputa sobre política migratoria y dejan en evidencia la falta de consenso territorial respecto a la acogida de menores no acompañados.