El caso de corrupción que derribó a Rajoy reaparece y afecta a Sánchez durante el periodo electoral

PP y PSOE afrontan dos procesos judiciales que impactan a sus formaciones: la trama ‘Kitchen’, cuyo juicio oral dará inicio el lunes en la Audiencia Nacional, y el ‘caso Koldo’, que empezará a juzgarse el martes en el Supremo.

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El PP y el PSOE se enfrentan al espectro de la corrupción mediante dos juicios que monopolizarán la atención de todos los medios en las próximas semanas: la trama Kitchen y el caso Koldo. Estos procesos estallan en un periodo de intensa actividad política, con las elecciones andaluzas previstas para el 17 de mayo y las negociaciones abiertas para la formación de gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, mientras la legislatura de Sánchez pende de un hilo.

Este lunes se dará inicio en la Audiencia Nacional al juicio oral contra la ex cúpula del Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, acusada de llevar a cabo una operación parapolicial destinada a espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas tras su confesión sobre la financiación ilegal del partido ante el magistrado Pablo Ruz.

Un día más tarde comenzará en el Tribunal Supremo el proceso contra el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por la compra irregular de material sanitario en uno de los momentos más duros de la pandemia de Covid, así como por varios sobornos recibidos mientras ejercía como mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La operación Kitchen tuvo lugar hace 13 años, específicamente durante el primer semestre de 2013; acontecimiento que siguió a la publicación de EL MUNDO el 18 de enero de ese año, con un titular a cinco columnas: «Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP». En este juicio contra las cloacas del Estado están involucrados el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Francisco Martínez, junto con varios ex altos cargos policiales.

Por otro lado, los incidentes que serán juzgados en el denominado caso Koldo son más actuales y afectan directamente al Gobierno vigente. «Los españoles no pueden aceptar la corrupción y la indecencia como algo habitual, no podemos normalizar la corrupción», defendió José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE, el 31 de mayo de 2018 desde la tribuna del Congreso de los Diputados durante la moción de censura contra la corrupción del PP.

Sin embargo, la investigación del Supremo ha revelado que los vínculos entre los integrantes de la presunta organización criminal que será juzgada desde el martes comenzaron a formarse en agosto de 2018; apenas dos meses después de que Ábalos asumiera el cargo de ministro de Fomento en el primer Ejecutivo de Sánchez. El ex dirigente socialista no dudó en utilizar rápidamente su posición ministerial para obtener un beneficio económico palpable.

En Kitchen, el propósito de la operación era sustraer a Bárcenas documentación comprometedora para líderes del PP relacionada con la caja B. Tanto Fernández Díaz como su número dos, Francisco Martínez, enfrentan cargos por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento u obstrucción a la Justicia.

Entre los ex altos cargos que deberán sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional figuran el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y varios de sus subordinados, entre ellos el ex comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y el comisario José Manuel Villarejo. No será juzgado, por el contrario, debido a un deterioro cognitivo grave, el ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCAO), Enrique García Castaño, figura clave dentro de la estructura parapolicial diseñada desde Interior.

Esta causa penal comenzó a finales de 2018, cuando la Fiscalía Anticorrupción incautó documentos y grabaciones vinculados al operativo para espiar a Bárcenas en la residencia del ex comisario Villarejo. En poder de este alto mando policial se encontraron recibos de pagos con fondos reservados al chófer del ex tesorero del Partido Popular, Sergio Ríos Esgueva, quien fue reclutado como confidente y se convirtió en la principal fuente para localizar los lugares donde Luis Bárcenas había ocultado documentos sensibles contra la antigua dirigencia del partido.

Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, se tornó junto a su marido en principal blanco de la operación Kitchen. La Policía vigiló todos sus movimientos, intervino en sus encuentros y conversaciones y le sustrajo manuscritos que hacían referencia a «pagos en negro en casa de Mariano [Rajoy]», al «dinero en negro que llegaba anualmente a Génova» y a la entrega de sobresueldos a altos cargos. El juicio probablemente se extenderá hasta mayo próximo y entre los testigos estarán el matrimonio Bárcenas-Iglesias, el ex presidente Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y el ex ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, entre otros.

Por su parte, el primer juicio del caso Koldo —la trama que operó dentro del Gobierno y el PSOE y que sigue bajo investigación en la Audiencia Nacional— se prolongará durante todo el mes de abril. En el banquillo estarán el ex ministro Ábalos, su ex asesor Koldo y el empresario Víctor de Aldama, quien ha admitido los delitos y ha colaborado con la Justicia.

Además de la venta fraudulentamente gestionada de mascarillas durante la pandemia, en el Salón de Plenos del Alto Tribunal se juzgarán también la contratación de Jésica en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler del apartamento que esta amiga cercana de Ábalos tenía en la Plaza de España de Madrid, y el favorecimiento de otra amiga del ex ministro, Claudia Montes, en la empresa Logirail. Entre los delitos presuntos que serán investigados figuran el arrendamiento del chalé de la Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz), la estancia de Ábalos en un chalet vacacional en Marbella, su implicación en el rescate de la compañía Air Europa, las gestiones relacionadas con la red de hidrocarburos y el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid.

La investigación judicial también ha puesto de manifiesto que fue otro ex secretario de Organización del PSOE, actualmente imputado, Santos Cerdán, quien introdujo a Koldo García en la confianza de José Luis Ábalos.

Ábalos y Koldo se conocieron durante los viajes realizados para las primarias del PSOE en 2017 —las ganadas por Pedro Sánchez— siendo el ex asesor una persona vinculada al Partido Socialista de Navarra y de plena confianza de Santos Cerdán en ese momento. De hecho, fue Cerdán quien recomendó a Ábalos, una vez es nombrado secretario de Organización, contratar a Koldo como su conductor durante sus desplazamientos por España.

En agosto de 2018, el empresario Víctor de Aldama conoció a Koldo García a través de su hermano, que trabajaba como escolta del ministro Ábalos. A partir de estas relaciones personales, surgió la organización criminal que el Supremo juzgará y que, según la Fiscalía Anticorrupción, «nació con clara intención de perdurar en el tiempo». Los primeros negocios opacos e ilegales se desarrollaron rápidamente, ya que los investigados vieron pronto la oportunidad de obtener un beneficio económico común, el cual se extendió por varios años.

El ex titular de Transportes y su ex mano derecha Koldo García enfrentan una pena por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos. El fiscal solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García.

En cuanto al empresario Aldama, tras colaborar y facilitar nuevas líneas de investigación, será juzgado por organización criminal y cohecho, enfrentando una petición de siete años de cárcel por parte de Anticorrupción.

Más allá de este primer juicio, que involucra corrupción dentro del Gobierno de Sánchez, en la Audiencia Nacional siguen en curso investigaciones sobre irregularidades en grandes obras públicas gestionadas desde el Ministerio de Transportes y los pagos en efectivo en la sede del PSOE entre 2017 y 2024.

Dos ex ministros en el banquillo

JOSÉ LUIS ÁBALOS

El ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE está imputado junto a su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por orquestar una operación fraudulenta en la venta de mascarillas durante la pandemia, además de por la contratación de sus amigas en empresas públicas y el pago del alquiler de una de ellas, Jésica, en la Plaza de España de Madrid. Enfrenta una solicitud de condena de 24 años de prisión.

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ

El ex ministro del Interior será juzgado junto a su ‘número dos’, Francisco Martínez, y varios ex altos cargos policiales —entre ellos el comisario José Manuel Villarejo— por la supuesta ejecución de una operación parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas tras revelar este la existencia de una ‘caja B’ en el partido, entonces liderado por Mariano Rajoy. Se solicita para él una pena de 15 años de cárcel.

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