La ONG Médicos del Mundo denuncia en el Día Mundial de la Salud las barreras sanitarias que sufre la población migrante en España
La sanidad pública en España no ha alcanzado la universalidad. Durante 2025, cerca de 13.000 personas experimentaron dificultades para acceder al Sistema Nacional de Salud (SNS), principalmente mujeres latinoamericanas, quienes no recibieron el tratamiento adecuado para sus enfermedades, según la ONG Médicos del Mundo.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, la organización ha publicado su IV Informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud, que identificó un total de 34.545 casos de obstáculos de acceso. La imposibilidad de obtener la tarjeta sanitaria, la carencia de información adecuada por parte del personal sanitario, las complicaciones en el transporte hacia los centros de salud y los problemas económicos son algunos de los retos identificados por Médicos del Mundo, afectando a 12.768 personas.
Estas barreras impactaron en mayor medida a la población femenina, con una proporción cercana a tres mujeres por cada hombre. La mayoría eran mujeres adultas, con edades entre 18 y 44 años, originarias de Latinoamérica, seguidas por personas del norte de África. Aunque la mayoría de quienes quedaron excluidos del sistema sanitario eran extranjeros, alrededor del 2% poseía la nacionalidad española, pero aún así carecían de acceso a la sanidad pública.
Desde Médicos del Mundo concluyen que “los datos reflejados en este informe no evidencian tanto un empeoramiento, sino la persistencia de un problema grave que las autoridades no están abordando de manera adecuada”.
El empadronamiento obligatorio, principal barrera sanitaria
Entre las razones principales que impidieron a estas personas acceder a la sanidad pública española, se encuentran las barreras discriminatorias, entendidas como aquellos requisitos legales o administrativos que afectan especialmente a individuos vulnerables. De los 12.826 casos documentados en esta categoría, la dificultad mayor para los extranjeros fue el empadronamiento.
Hasta la fecha, estar empadronado era condición indispensable para recibir atención sanitaria pública sin tener la nacionalidad. Los extranjeros residentes en España debían estar inscritos en el padrón durante tres meses antes de poder acceder a servicios médicos, un requisito complicado de cumplir debido a trabas administrativas. Según la plataforma Regularización Ya, muchos municipios imponen condiciones no obligatorias para inscribirse en el padrón, como contratos de alquiler, visados o permisos de residencia, lo que dificulta el acceso a la comunidad migrante.
La falta de información adecuada desde el propio sistema sanitario fue otra razón importante que obstaculizó el acceso público (12.593 casos), seguida de barreras culturales (3.141) y económicas (3.035), que limitaron el acceso a medicamentos necesarios para el tratamiento. También tuvieron relevancia las barreras físicas, documentadas en 2.950 casos por Médicos del Mundo. Destacan especialmente las dificultades en el transporte para llegar a los centros sanitarios, un problema que afecta con mayor fuerza a los asentamientos temporales. “Al no ser considerados núcleos urbanos, carecen de las conexiones necesarias”, explican desde la ONG.
Los horarios de los centros de salud constituyeron otra barrera significativa. “Impiden que personas en situación administrativa irregular puedan acudir, ya que no tienen la posibilidad de ausentarse del trabajo sin riesgo de perderlo”, señala el informe.
La falta de respuesta por parte de las administraciones públicas impactó significativamente en la salud de personas vulnerables. “Solo en 2025 se documentaron 45 casos de cáncer, 65 de enfermedades cardiovasculares, 105 de diabetes, 119 de hipertensión, 70 de VIH, 80 con problemas graves de salud mental, 26 con enfermedades respiratorias, 47 con enfermedades degenerativas como esclerosis o alzhéimer, y 29 casos de interrupción voluntaria del embarazo que no recibieron atención adecuada”, denuncian.
Hacia una sanidad pública universal
Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)
Para hacer frente a las barreras sanitarias que enfrentan las personas migrantes, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo un real decreto orientado a reducir esta brecha. La nueva regulación permitiría a los extranjeros acceder a atención médica mediante una declaración responsable donde indiquen que no cuentan con cobertura sanitaria por otra vía, que no pueden exportar este derecho desde otro país y que no existe un tercero obligado a costear su asistencia.
Después, el paciente deberá demostrar su residencia en España, pero el empadronamiento dejará de ser el único documento válido: podrán presentar certificados de escolarización o matriculación en centros públicos, facturas de servicios como luz, agua, gas o telefonía, documentos consulares, entre otros. La asistencia sanitaria quedará reconocida desde la fecha en que hagan la solicitud.
Para Médicos del Mundo, este es un “primer paso positivo”, aunque insuficiente para solucionar esta problemática. La organización demanda la aprobación del Proyecto de Ley de sanidad universal, actualmente en trámite, que garantice el derecho a la atención sanitaria “a todas las personas que viven realmente en España, independientemente de su situación administrativa”.