El presidente de Castilla-La Mancha expresa su pesar por el difícil momento que implica llevar ante la justicia a un Ejecutivo perteneciente al «mismo partido».
La Junta de Castilla-La Mancha ha dado luz verde para presentar un recurso contencioso administrativo dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo es solicitar la revisión de las nuevas normas que regulan la explotación del trasvase Tajo-Segura, las cuales implicarían una reducción del volumen de agua llevado hacia el Levante español. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha señalado el «duro» trance que significa tener que llevar al Gobierno «del mismo partido político» ante los tribunales, debido a las «graves consecuencias» que ello conlleva.
En opinión del dirigente socialista más crítico con las medidas tomadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la «incumplimiento» reiterado de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo referentes a los caudales ecológicos del río que atraviesa su comunidad podría constituir, según diversos servicios jurídicos, incluso un «delito ecológico». En este marco, ha detallado que se otorgó un plazo superior a un año para cumplir con dichas resoluciones, aunque finalmente fue necesario adoptar una postura «clara y práctica».
«Desconozco cuántos políticos existen en Castilla-La Mancha y posiblemente en otras regiones que, llegado un momento crucial, estarían verdaderamente dispuestos a anteponer los intereses de su territorio, hasta el punto de recurrir a la vía judicial con consecuencias relevantes contra un Gobierno de su mismo partido político», ha subrayado Page, según informa Europa Press. No obstante, mantiene la esperanza de que se encuentre una «solución» a este conflicto e incluso de que pueda retirarse la demanda presentada.
Por otra parte, el líder del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha criticado que Page «reafirma su hipocresía» al «exigir solidaridad territorial mientras la niega respecto al agua». A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el delegado autonómico del Gobierno ha afirmado que, ante todo, defenderá los intereses de su comunidad y ha destacado que el recurso interpuesto por su compañero de partido «desmiente el argumento» del presidente murciano, el popular Fernando López Miras, sobre el supuesto recorte en el trasvase.
El Ejecutivo de Page fundamenta su demanda en el «balance hídrico negativo que se está produciendo» a raíz del traslado de agua a la cuenca del Segura, lo que genera «un daño ecológico irreversible en cinco espacios protegidos de Castilla-La Mancha dentro de la Red Natura 2000». Asimismo, señala que han detectado «anomalías en los volúmenes de agua correspondientes a los caudales ecológicos fijados para el año 2025».
El secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, respondió a su homólogo en Murcia señalando que ningún socialista puede oponerse a exigir el cumplimiento de cinco sentencias del Tribunal Supremo, «basadas en una directiva europea de carácter ecológico» promovida por la ex vicepresidenta Teresa Ribera y «respaldadas por planes hidrológicos aprobados por el actual gobierno del PSOE». «Querido amigo, creo que te equivocas», le expresó Lucas en otro mensaje difundido a través de X.