La resolución del Tribunal Supremo respecto al Pazo de Meirás posibilita la revisión de otras propiedades vinculadas a los herederos del dictador.
No se trataba únicamente del Pazo de Meirás. Lo que estaba en juego era que la Justicia confirmara lo que durante años los historiadores sostuvieron fuera de los tribunales y dejara por escrito que su incorporación al patrimonio de la familia Franco no fue un obsequio, sino un expolio, y que existían vías para corregirlo. La recuperación definitiva de la residencia veraniega del dictador pone fin a una batalla de décadas y traslada ahora la discusión más allá de sus muros, planteando una cuestión pendiente: ¿qué ocurrirá con las demás propiedades que los herederos de Franco aún poseen en Galicia?
«Aunque cada propiedad tiene sus características y debe analizarse individualmente, el respaldo judicial establece un precedente y abre al menos la posibilidad de explorar un catálogo mucho más amplio de bienes que permanecen en sus manos», señala el historiador Manuel Pérez Lorenzo, quien apunta al caso más cercano en la conocida como Casa de las Conchas y su hórreo anexo.
Esta casa de gran tamaño, ubicada en el municipio coruñés de Sada, fuera del recinto de Meirás pero contigua a la finca, llegó a las manos de Franco y Carmen Polo en los años sesenta. Su relación con el pazo fue tal que apareció en el proceso judicial, incluida en un primer inventario elaborado por la Abogacía del Estado, aunque fue excluida cuando la demanda se limitó a los bienes dentro del recinto vallado. «El interés de los Franco por adquirirla surgió en 1938, tras hacerse con Meirás. Se fijaron entonces en la casa, pero no lograron comprarla porque pertenecía a un particular que había emigrado a Estados Unidos», explica Pérez Lorenzo.
Fue necesario esperar su regreso, décadas después, para retomar la operación, aunque no sin obstáculos. Los historiadores documentan la resistencia del propietario, que demoró el acuerdo todo lo posible, hasta que la salida se gestionó desde la Casa Civil, con la implicación del entonces alcalde de La Coruña y el respaldo del Ejército, que financió con fondos públicos la construcción de una vivienda alternativa para el dueño. Esta fórmula permitió desbloquear la situación a cambio de que abandonara definitivamente la Casa de las Conchas.
«Después, los gastos públicos continuaron llegando», detalla Pérez Lorenzo, quien describe cómo el inmueble fue objeto de una reforma integral también financiada con dinero estatal, proceso en que se vació completamente el interior y se reconstruyó. Fue en esa intervención cuando una de sus fachadas se recubrió con vieiras por iniciativa de la propia esposa del dictador, según reportó El Ideal Gallego en 1981, dando origen al nombre bajo el que se la conoce.
Hoy, con el precedente ya establecido, la atención comienza a centrarse también en esta propiedad: «Es razonable pensar que, ante este escenario, pueda abrirse ahora el estudio de las vías legales para su recuperación. Hay numerosos elementos de Meirás que nunca se conocerán, piezas que se perdieron tras el incendio de 1978 o que nunca se documentaron. Por eso, es fundamental continuar la lucha por aquellos bienes de los que al menos se tiene constancia».
La lucha por Cornide
La otra importante disputa por el patrimonio relacionado con los Franco se centra en la Casa Cornide, un palacete barroco del siglo XVIII situado en el casco antiguo de La Coruña que todavía pertenece a la familia, a pesar de que su adquisición en 1962 está ampliamente documentada como una operación impulsada desde las propias instituciones. El inmueble, previamente patrimonio público —primero del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento—, terminó en manos de Carmen Polo tras una subasta promovida por el Consistorio en la que solo participó Pedro Barrié de la Maza, banquero coruñés y figura económica destacada del franquismo en Galicia. La adquirió por poco más de 300.000 pesetas y en apenas tres días la revendió a la esposa del dictador por 25.000.
Respecto a este proceso, el historiador Emilio Grandío elaboró en 2020 un informe que reconstruye la operación y revela una carta enviada el día previo a la adjudicación por Ricardo Catoira, secretario personal de Franco, al subsecretario de Hacienda, donde se detalla el mecanismo diseñado para la transferencia: «Hoy se reúne el Pleno para adjudicarla a un particular y este venderla a la Señora. Así se lo hemos explicado a Su Excelencia porque es la mejor fórmula, ya que de esta manera no se realiza una adjudicación de bienes estatales al propio Caudillo».
En ese contexto, el Ayuntamiento inició hace dos años un expediente para revisar de oficio los acuerdos que permitieron la privatización. El proceso, inicialmente planeado para seis meses, se extendió más allá de ese plazo y la familia Franco solicitó su caducidad. Sin embargo, este mes el pleno municipal lo mantuvo vigente por unanimidad al «considerar que existe interés general», reactivando así la vía administrativa, aunque el gobierno local de la socialista Inés Rey aún no ha decidido si anulará esos acuerdos o acudirá a los tribunales para intentar revertir la operación.
Paralelamente, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), aprobada por la Xunta en noviembre de 2023, ha fortalecido la protección pública del inmueble sin modificar su propiedad. Para el historiador Francisco Prado-Vilar, ambos movimientos siguen una pauta conocida: «No sorprendería que fuera el próximo objetivo. Da la impresión de que se están replicando los mismos pasos que con el pazo. Primero fortaleciendo la documentación y la protección del inmueble, y después abriendo la vía jurídica para su recuperación».
EL TRASPASO A GALICIA
No obstante, la reciente victoria judicial respecto al Pazo de Meirás no ha cerrado todos los frentes y deja pendiente quizás el más complejo: la indemnización. El Tribunal Supremo reconoce a los herederos como poseedores «de buena fe» y abre la posibilidad a una compensación que la Abogacía del Estado estudia recurrir, con el apoyo ya manifestado por la Xunta si finalmente se produce esa impugnación.
El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, ubicó en una entrevista con La Voz esa posible indemnización en «más de 800.000 euros», en referencia a las reformas realizadas y al mantenimiento del inmueble durante décadas. Esta cifra ha suscitado rechazo tanto en el ámbito político gallego como entre expertos en patrimonio.
El historiador Francisco Prado-Vilar cuestiona de fondo esa valoración: «¿Cómo se calcula la inversión en un pazo que actualmente está en un estado bastante precario?», plantea. Además, recuerda que el incendio de 1978 supuso «una oportunidad para retirar numerosos bienes muebles sin inventario», lo cual impide saber con certeza qué piezas formaban parte del conjunto original.
«Se sabe que no todos los bienes regresaron. Incluso esculturas significativas como las del Pórtico de la Gloria fueron trasladadas a la Casa Cornide y no volvieron hasta décadas después. Además, el pazo no solo generó gastos, sino que también fue fuente de ingresos al usarse como escenario para exclusivas de la prensa del corazón», explica.
En esta línea, Pérez Lorenzo sostiene que las intervenciones posteriores al incendio no justifican una compensación. «El pazo permaneció durante años en estado de semirruina y luego se intervino sin supervisión patrimonial, alterando o eliminando elementos valiosos. Además, la familia tenía el inmueble asegurado y recibió indemnización por los daños, mientras que durante años se siguieron destinando fondos públicos para su mantenimiento. No tiene sentido compensar ahora acciones que en muchos casos causaron o agravaron deterioros», afirma.
El siguiente paso será la ejecución de la sentencia y la liquidación del estado posesorio. La familia deberá presentar documentación que acredite los gastos reclamados, mientras que las administraciones fijarán su posición. Ese será el frente inmediato.
Posteriormente, surgirán las negociaciones sobre el coste de las reformas y la posible cesión o transferencia a Galicia. En este contexto, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció este lunes que la Xunta aspira a gestionar el pazo una vez concluya el trámite judicial y defendió la necesidad de «seguir protegiendo el interés público» del inmueble. Además, solicitó al Ejecutivo central la realización de las obras necesarias para garantizar su conservación y posibilitar su apertura completa al público «cuanto antes».
Simultáneamente, la Consellería de Cultura trabaja en la actualización del plan de usos de las Torres de Meirás, que partirá del documento elaborado en 2020 e incluirá todas las etapas del inmueble, desde el legado de Emilia Pardo Bazán hasta su uso como residencia del dictador. El objetivo es transformarlo en un espacio vinculado a la creación cultural contemporánea y a la difusión de la cultura gallega.
Para los historiadores, el futuro del pazo debe abordarse desde Galicia y con una función clara, que sea compatible con su significado histórico. El inmueble, sostienen, posee un «alto potencial didáctico» para explicar el funcionamiento de una dictadura y fomentar la memoria democrática, sin desvincularse de su origen relacionado con Emilia Pardo Bazán: «La museografía debe elaborarse con el asesoramiento de un comité amplio y diverso de expertos que garantice el rigor histórico y evite interpretaciones sesgadas».
En este sentido, coinciden en que las decisiones futuras serán igualmente decisivas. La recuperación del pazo ha marcado un punto de inflexión, pero la resolución sobre la indemnización y los pasos que adopten las administraciones condicionarán el desarrollo de otros casos. Porque si Meirás estableció la vía para revertir el expolio, lo que suceda con la compensación marcará también las condiciones —y el costo— de futuras recuperaciones, como las de la Casa Cornide o la Casa de las Conchas.