La Asamblea de Madrid fue el escenario este jueves de un nuevo choque entre el PSOE y Más Madrid, mostrando la profunda división que crece entre ambos partidos tras sus enfrentamientos sobre la inversión en gasto militar y la cotización del salario mínimo interprofesional (SMI).
La propuesta de Más Madrid para implantar contratos de alquiler indefinidos, presentada en el Congreso de los Diputados el lunes y debatida apenas cuatro días después en la Asamblea madrileña, fue rechazada con los votos en contra de PP y Vox.
Sin embargo, lo más destacado ha sido la firme oposición del PSOE. Aunque los socialistas apoyaron la toma en consideración, marcaron distancia respecto a su socio habitual de coalición en el Gobierno de España.
El enfrentamiento entre los socialistas y la formación de Mónica García se hizo evidente. Mientras Más Madrid defendía su iniciativa como una acción para brindar estabilidad a los inquilinos y evitar incrementos abusivos en el alquiler, el PSOE mostró escepticismo, advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas.
Aunque el PSOE reconoció la gravedad del problema de la vivienda en Madrid y apoyó la toma en consideración, su postura fue clara: la propuesta de Más Madrid no representa la solución. Cristina González, diputada socialista, señaló que la iniciativa podría «desincentivar la actividad habitual del alquiler, provocando una reducción de la oferta y un aumento en la cantidad de viviendas vacías».
«Nos inquieta que este modelo pueda generar un efecto contrario al esperado: menos viviendas en alquiler y un incremento de precios a medio plazo«, explicó González. Asimismo, remarcó que «la experiencia con los contratos de renta antigua ya evidenció que estas medidas desalientan la inversión en la rehabilitación del parque inmobiliario».
El PSOE, intentando definir un espacio propio en este debate, también criticó al PP por su gestión en vivienda, sin alinearse con Más Madrid. «No pretendemos criminalizar a los propietarios, pero tampoco dejaremos desprotegidos a los inquilinos, como propone el PP», sentenció González.
«Franco ha vuelto»
Desde PP y Vox aprovecharon el debate para desacreditar la propuesta, estableciendo paralelos con la legislación franquista sobre la renta antigua. Javier Pérez Gallardo, diputado de Vox, calificó la propuesta de «franquista» y bromeó sobre sus semejanzas con la ley de arrendamientos de 1956.
«Sostienen que la ley del 56 no permitía la recuperación de la vivienda por parte del propietario, pero sí lo contemplaba», afirmó Gallardo, insistiendo en que ese modelo terminó deteriorando la inversión y el mantenimiento de los edificios en Madrid.
El PP fue aún más lejos y acusó a la izquierda de «resucitar a Franco». Tanto la diputada Paula de las Heras como el portavoz Carlos Díaz-Pache ironizaron sobre que, según ellos, esta medida sería un «homenaje» de Pedro Sánchez al franquismo.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso también se sumó a la polémica, afirmando que, de aprobarse la ley, se instalarían «placas de memoria histórica» en cada vivienda con contrato de alquiler indefinido, en referencia a la iniciativa del Gobierno central para colocar una placa en la Puerta del Sol debido a su pasado como sede de la Dirección General de Seguridad.
Estabilidad para los inquilinos
A pesar del rechazo, Más Madrid defendió su propuesta asegurando que busca brindar mayor estabilidad a los inquilinos y evitar aumentos excesivos del alquiler. La iniciativa plantea contratos indefinidos, con actualizaciones de renta ligadas al IPC y un margen del 20% para incrementos siempre que el propietario realice mejoras en la vivienda.
Para implementar esta propuesta de Más Madrid, únicamente sería necesario reformar la LAU de 1994. Específicamente, aquellas partes relacionadas con la duración del contrato, la resolución del derecho del arrendador, la transferencia de la vivienda arrendada y la subida de renta por mejoras.
Así, llegado el vencimiento del contrato, este se prorrogaría automáticamente por plazos anuales, salvo que el propietario notifique al inquilino con mínimo 30 días de antelación su intención de no renovarlo, o que el arrendatario haya incumplido el contrato o el dueño requiera la vivienda para los casos previstos.
Aunque la propuesta fue rechazada en la Asamblea de Madrid, seguirá su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde la división entre PSOE y Sumar promete seguir influyendo el debate sobre vivienda.