El llamado ‘método gallego’ ya ha provocado sanciones en España por comprometer operativos policiales
Con la llegada de la Semana Santa, uno de los periodos con mayor circulación en las carreteras españolas, se esperan millones de desplazamientos en cuestión de días. En este escenario, el empleo de apps de navegación y la abundancia de alertas en redes sociales y grupos de mensajería sobre la localización de radares y controles de tráfico se ha vuelto una costumbre entre los conductores. No obstante, no toda la información compartida es inocua ni carece de implicaciones legales.
Una función común de estas aplicaciones consiste en advertir sobre la presencia de radares, ya sean fijos o móviles, y controles policiales. A ello se suma la constante propagación de estas alertas en grupos de WhatsApp, donde miles de usuarios notifican en tiempo real la ubicación de dispositivos de vigilancia o patrullas. Aunque pueda parecer útil para evitar sanciones, las autoridades alertan que no siempre es legal ni aconsejable.
Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que existe una distinción importante entre radares fijos y móviles. En el caso de los primeros, su localización es pública y está señalizada correctamente en las vías. Además, la DGT proporciona su ubicación exacta a través de canales oficiales, lo que hace que compartir estos datos no implique problemas legales.
En cambio, la situación cambia considerablemente cuando el tema son los radares móviles o controles aleatorios. En estos casos, la DGT solo anuncia los tramos en los que estos pueden ubicarse, pero nunca el punto exacto. Esto busca preservar el carácter imprevisible de estos dispositivos, una herramienta fundamental para asegurar el cumplimiento de las normas de tráfico.
El riesgo de difundir controles en tiempo real
Tanto la Dirección General de Tráfico como la Guardia Civil han destacado en múltiples ocasiones los peligros que implica divulgar con precisión la ubicación de estos controles. Informar con exactitud sobre un radar móvil o un control puede permitir que algunos conductores modifiquen su conducta solo en ese punto, evitando ser captados mientras infringen en otros tramos.
Las autoridades indican que esta conducta no se limita a infracciones leves, como exceder los límites de velocidad, sino que puede tener repercusiones mucho más graves. Entre ellas se encuentra permitir a conductores manejar bajo la influencia del alcohol o drogas, hacerlo sin seguro obligatorio o incluso utilizar las vías para actividades delictivas sin ser detectados.
Este fenómeno, cada vez más común, recibe el nombre de ‘método gallego’. Esta denominación proviene de las primeras sanciones aplicadas en España por este motivo, originadas en Galicia tras varias investigaciones focalizadas en grupos locales que compartían este tipo de información de manera sistemática.
Base legal y primeras sanciones
Aunque la ley de tráfico no penaliza directamente alertar sobre radares, el marco normativo cambia con la intervención de la ley de seguridad ciudadana. Específicamente, el artículo 36.23 tipifica como infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando este uso pueda poner en peligro su seguridad, la de sus familias, instalaciones o el éxito de una operación en curso.
Este artículo ha servido como fundamento para las primeras multas en España relacionadas con la difusión de controles. El Sector de Tráfico de Galicia aplicó este precepto en varias ocasiones, considerando que la divulgación masiva de la localización exacta de controles en tiempo real podía afectar directamente su efectividad.
Las sanciones más destacadas fueron para una empresa responsable de gestionar una aplicación y para un particular de A Coruña que coordinaba varios grupos de WhatsApp. En total, estos grupos sumaban más de 15.000 usuarios que compartían sistemáticamente la ubicación de controles desplegados en la zona de la Costa da Morte.
La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.
La resolución emitida por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña concluyó que la continua difusión de estas alertas comprometía el éxito operativo de los controles policiales. En consecuencia, tanto la empresa como el administrador particular recibieron sanciones económicas.
Este precedente ha reforzado el mensaje de las autoridades en periodos de alta movilidad, como la Semana Santa. Mientras que compartir la localización de radares fijos continúa siendo totalmente legal, divulgar datos sobre controles móviles o dispositivos en tiempo real puede implicar consecuencias si se considera que pone en peligro la eficacia de los operativos o la seguridad de los agentes involucrados.