El Gobierno aprobó este viernes la reducción de la jornada laboral para los empleados públicos de la Administración General, que pasarán a trabajar 35 horas por semana
Este viernes, el Gobierno junto con los principales sindicatos comunicaron la disminución de la jornada laboral para los funcionarios de la Administración General del Estado, que pasarán de trabajar 37,5 a 35 horas semanales, acortando su horario en 2,5 horas. Según expresaron los representantes sindicales, esta medida beneficiará la conciliación familiar, la salud mental, la motivación y el bienestar en general de los empleados.
La reducción abarcará a la jornada de 264.000 empleados públicos distribuidos en 22 ministerios, las tres vicepresidencias, delegaciones y organismos estatales. Sin embargo, no será aplicable para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni para el personal militar, quienes poseen un régimen laboral independiente. Además, el Gobierno solicitó un plazo de 15 días para implementar esta medida, por lo que la reducción entrará en vigor a mediados de abril.
Aunque la jornada de 35 horas supone una novedad para los funcionarios de la Administración General, esta ya se viene aplicando desde hace años en diversas comunidades autónomas. La Junta de Andalucía fue pionera en reducir el horario de sus empleados públicos en 2017, beneficiando a más de 270.000 trabajadores. Extremadura se sumó a esta iniciativa al año siguiente, seguida de Castilla-La Mancha y País Vasco en 2019.
Por otro lado, hay tres comunidades españolas que aún no han reducido la jornada laboral para sus funcionarios. La Comunidad Valenciana acordó esta reducción, pero hasta ahora no la ha implementado. Navarra mantiene la jornada de 37,5 horas en la mayoría de los sectores, y la Comunidad de Madrid continúa con el calendario semanal de 37,5 horas.
La funcionaria del centro penitenciario de Más d’Enric, Francina: "En 6-7 años, el nivel de agresiones se ha incrementado un 300%. Hemos acabado con el asesinato brutal de una compañera. ¿Cómo los trabajadores que estamos a pie de patio con los internos, codo a codo 24 horas, podemos decir que este sistema es un sistema de éxito?" (Fuente: Europa Press)
Desigualdad entre funcionarios y con el sector privado
Esta reducción incrementa la disparidad entre funcionarios de diferentes administraciones. En Madrid, dos empleados públicos con funciones similares pueden tener una diferencia de 2,5 horas semanales a favor del trabajador de la Administración General (por ejemplo, del Ministerio de Educación) frente al empleado de la Comunidad de Madrid (como el de la Consejería de Educación). Una situación similar ocurre con los empleados de las delegaciones de la Comunidad Valenciana y Navarra en comparación con los funcionarios de dichas regiones.
La comparación con los trabajadores del sector privado muestra aún mayores diferencias. Actualmente, un empleado privado realiza una jornada completa de entre 37,5 y 40 horas semanales. Durante 2025, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentó negociar con los principales sindicatos y la patronal CEOE una reducción generalizada de la jornada para todos los trabajadores por cuenta ajena, pero las discrepancias con Antonio Garamendi (CEOE) impidieron cerrar un acuerdo.
En septiembre de 2025, el proyecto de ley presentado por el Gobierno para reducir la jornada llegó al Congreso de los Diputados, pero no superó la votación debido a los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya. En aquel momento, el partido catalán argumentó que el costo de disminuir la jornada laboral manteniendo los sueldos sería insostenible para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 99% del tejido empresarial del país.