El juzgado de Montoro ha otorgado un plazo de cinco días al gestor ferroviario para que proporcione información adicional y detalle quiénes recomendaron y autorizaron la sustitución del carril en la zona cercana al descarrilamiento.

La juez encargada de la investigación del accidente ocurrido en Adamuz ha solicitado a Adif una ampliación de explicaciones. La magistrada del juzgado de Montoro (Córdoba) ha impuesto un plazo de cinco días al responsable de la infraestructura ferroviaria para que «aclarare y completase los hechos y razones técnicas que motivaron la sustitución de un tramo de carril de 36 metros de longitud» en el área del accidente sucedido el 18 de enero.
El 20 de enero, Adif comunicó al juzgado que a comienzos de marzo se reemplazó dicho tramo debido a inconvenientes relacionados con el «certificado de calidad». La información fue entregada tras la petición de la juez Cristina Pastor, quien requirió detalles al conocer los hechos. Considera que las respuestas ofrecidas hasta ahora son insuficientes y solicita que se identifique «la mercantil o empresa proveedora del carril defectuoso, su representante legal, el director técnico de la empresa suministradora que informó sobre el defecto, la persona que aconsejó a Adif la sustitución preventiva, los trabajadores y/o técnicos de Adif con quienes la empresa y su director técnico trataron la incidencia, así como el trabajador y/o responsable de Adif que autorizó el cambio del carril».
Simultáneamente, la juez ha encargado a los investigadores que activen diligencias sobre estos hechos. Ha pedido a la Guardia Civil «llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer la sustitución del tramo de carril de 36 metros ubicado en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2». En particular, requiere determinar «si el presunto defecto podría haberse extendido a otros tramos en las vías 1 y 2, entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974, informando de manera inmediata a este órgano judicial». En esa zona se encuentra el lugar donde se produjo el descarrilamiento del convoy de Iryo (km 318,7) que se dirigía a Madrid, accidente que resultó en 46 víctimas mortales.
La desconfianza de la juez respecto a Adif la lleva a exigir, dentro del mismo plazo de cinco días, la entrega de documentación que acredite que el nuevo carril instalado cuenta con el certificado de calidad correspondiente, además de los documentos que permitan verificar su trazabilidad. Asimismo, solicita aclaraciones acerca de la sustitución de otros 42 metros del carril paralelo, realizada para uniformar la dureza de los materiales.
En sus primeras justificaciones ante la juez respecto a los 36 metros reemplazados, Adif explicó que el cambio se debió a «un problema relacionado con la trazabilidad de uno de los carriles» suministrados para las transiciones entre los nuevos desvíos y la vía principal de la línea Madrid-Sevilla. Concretamente, uno de los carriles instalados «no coincidía con los incluidos en la nota de entrega del pedido».
«Aunque esta circunstancia no implicaba la presencia de desperfectos ni anormalidades técnicas en el acero, la ausencia de documentación relativa a su certificado de calidad llevó a la empresa a recomendar a Adif, por motivos de control y trazabilidad del material, proceder a la sustitución preventiva por otro carril cuyas barras sí estaban certificadas», añadió el gestor ferroviario en su escrito dirigido al juzgado.

