Fuente de la imagen, Getty Images
Información del artículo
-
- Autor,
- Título del autor, BBC News Mundo
- 28 minutos
- Tiempo de lectura: 7 min
Una cuestión sencilla pone en tensión al gobierno de Estados Unidos y a Nicolás Maduro en estos días: ¿quién debe asumir el pago de la defensa del expresidente venezolano en Nueva York?
Se espera que este tema sea central en la próxima audiencia de Maduro ante un tribunal federal en Manhattan, programada para este jueves, en la etapa inicial del proceso por cargos relacionados con narcotráfico que él rechaza.
Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, también acusada de cargos semejantes y detenida en Nueva York, argumentan que los gastos de su defensa deberían ser cubiertos por el Estado venezolano.
Por otro lado, el gobierno estadounidense sostiene que esta opción queda prohibida debido a las sanciones impuestas contra Venezuela, y que los acusados únicamente pueden financiar su defensa con recursos personales.
Los honorarios para abogados en casos complejos como este pueden superar con facilidad cifras millonarias.
Maduro y Flores aseguran no contar con fondos propios para costear su defensa, y sus abogados solicitaron al juez Alvin Hellerstein que desestime las acusaciones alegando que sus derechos fueron vulnerados.
Especialistas legales consideran poco probable que Hellerstein anule el caso, que ha captado atención global tras la captura de Maduro y Flores en una operación militar relámpago realizada en Caracas el 3 de enero.
“La petición de desechar la acusación resulta absurda”, comenta Ronald Allen, profesor de derecho en la Universidad Northwestern y experto en derecho penal, en diálogo con BBC Mundo.
No obstante, la controversia sobre quién debe cubrir los gastos de defensa se interpreta como una señal anticipada de los desafíos que presenta este proceso de gran envergadura, con pocos precedentes que ofrezcan un marco de referencia.
“Obligación de pagar”
Pocos días después de la detención y traslado a Nueva York de Maduro y Flores, sus abogados iniciaron gestiones para que sus honorarios pudieran sufragarse con fondos provenientes del gobierno venezolano.
El 7 de enero solicitaron la aprobación para ello a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), una agencia del Tesoro de EE.UU. responsable de imponer las sanciones económicas internacionales.
Obtener el permiso de la OFAC es fundamental, ya que tanto Maduro como el gobierno de Venezuela bajo su liderazgo entre 2013 y el momento de su arresto, están sancionados por acusaciones de corrupción, violación de derechos humanos, narcotráfico y otros delitos.
Fuente de la imagen, AFP via Getty Images
El 9 de enero, la OFAC aprobó inicialmente las licencias solicitadas para que Maduro y Flores pudieran financiar su defensa desde fondos venezolanos. Sin embargo, revocó la primera menos de tres horas después y la segunda semanas más tarde.
En febrero, Barry Pollack, abogado de Maduro, solicitó ante el tribunal de Manhattan desestimar la acusación considerando que el gobierno estadounidense había interferido en el derecho a elegir la defensa, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución.
“Según las leyes venezolanas, el gobierno tiene la obligación de cubrir los gastos de defensa del señor Maduro”, aseguró.
Para fundamentar esta postura, presentó la declaración de un experto jurídico venezolano y señaló que el gobierno estaría dispuesto a cumplir con ese compromiso financiero.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, ha manifestado que Maduro continúa siendo el “presidente legítimo” y que tanto él como Flores son inocentes.
No obstante, Caracas y Washington restablecieron sus relaciones diplomáticas tras la captura, en un contexto marcado por múltiples presiones del gobierno de Donald Trump sobre Rodríguez.
Fuente de la imagen, Getty Images
Pollack es un abogado con experiencia en causas complejas que en 2024 logró la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acusado por EE.UU. de revelar información clasificada.
Sin embargo, en su carta en defensa de Maduro, Pollack agregó que dejaría el caso si se mantienen las restricciones impuestas por el Tesoro estadounidense.
“Error administrativo”
La fiscalía respondió que la autorización inicial otorgada para que Maduro y Flores pagaran su defensa con fondos venezolanos fue un “error administrativo” que luego fue corregido.
“La regulación de la OFAC prohíbe de forma expresa usar los fondos de una entidad sancionada para abonar los honorarios de abogados de otra persona sancionada”, explicaron en un documento remitido al tribunal el 13 de marzo, firmado por Jay Clayton y otros fiscales.
El escrito niega cualquier interferencia del gobierno estadounidense con el derecho a la defensa y destaca que tanto Maduro como Flores pueden sufragar sus gastos legales con recursos propios, pese a estar sancionados.
También rechazaron que tengan derecho a beneficios provenientes del gobierno venezolano porque —a juicio de EE.UU.— “no eran funcionarios ni empleados legítimos de Venezuela”.
Fuente de la imagen, Bloomberg via Getty Images
La semana pasada, Pollack y Mark Donnelly, abogado de Flores, reiteraron ante el juez que sus clientes carecen de fondos para pagar sus defensas, como declararon bajo juramento, y aseguraron que pueden aportar pruebas financieras al respecto.
Asimismo, rechazaron que la eventual asignación de abogados públicos para Maduro y Flores enmiende la supuesta vulneración de derechos que, en su opinión, implica impedirles el acceso a fondos venezolanos.
El profesor Allen comenta que una desestimación del caso por estas razones “sólo se justificaría si el retraso en el acceso a los fondos ocasionara daños irreparables”.
“Aquí, una vez que (Maduro) disponga de los recursos podrá financiar su defensa, lo que solucionaría el problema”, añade.
Pero advierte que “un acusado no posee derecho a emplear el dinero de terceros para costear su defensa”.
“Sin precedentes”
En Estados Unidos existen otros procesos contra expresidentes extranjeros con algunas similitudes al caso de Maduro, aunque también diferencias significativas.
Uno de los más parecidos fue el procedimiento contra el expresidente de Panamá, Manuel Noriega, tras la invasión estadounidense y su captura en 1990, juzgándolo por narcotráfico.
Al principio, el gobierno de EE.UU. negó a Noriega acceso a sus cuentas congeladas para pagar la defensa, cuyo costo se estimaba en millones de dólares.
No obstante, ante la amenaza de que sus abogados abandonaran la causa por falta de fondos y tras negociaciones con la fiscalía, se consensuó un acuerdo aprobado por el juez que permitió destinar parte de esos recursos congelados a los gastos legales.
El juicio se llevó a cabo en un tribunal federal de Miami y en 1992 Noriega fue condenado.
Fuente de la imagen, AFP via Getty Images
Más recientemente, en 2022, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado a EE.UU. para ser juzgado por narcotráfico en el mismo tribunal donde se tramita el caso de Maduro.
La familia de Hernández comunicó que la defensa se financiaría con fondos propios y donaciones. El expresidente fue condenado, aunque en diciembre obtuvo un indulto inesperado de Trump que le permitió recuperar la libertad.
Sin embargo, en ninguno de esos u otros procesos anteriores, los acusados eran reconocidos como presidentes en ejercicio por su país al enfrentar la justicia estadounidense, a diferencia de lo que acontece con Maduro.
Esta circunstancia comienza a generar dificultades que, probablemente, persistirán durante el transcurso del juicio, advierte Chimène Keitner, profesora de derecho internacional en la Universidad de California Davis.
“Nada impediría que Venezuela reembolsara a Maduro sus gastos legales dentro del país, fuera de la jurisdicción estadounidense”, sostiene Keitner en conversación con BBC Mundo. “Pero a los abogados que actúan ante tribunales de EE.UU. deben pagárseles de manera compatible con las sanciones vigentes”.
En su opinión, si se vulneran los derechos de Maduro garantizados por la Sexta Enmienda debido a la prohibición de utilizar fondos venezolanos en su defensa, “sin duda estamos ante una situación sin precedentes, considerando lo inusual de este caso”.