PP y Vox han llegado a un acuerdo conjunto para impedir el cierre de la central nuclear de Almaraz, estableciendo este asunto como el eje principal de su preacuerdo para la investidura en Extremadura.
Ambas formaciones incluyen la protección de Almaraz como una cláusula política, comprometiéndose a revisar la fiscalidad y a emplear todas las vías jurídicas disponibles para garantizar el mantenimiento operativo de la central.
La crisis energética y el reciente apagón en España han fortalecido el discurso favorable a mantener una base nuclear sólida, situando a Almaraz en el centro del debate nacional sobre el equilibrio entre energías renovables y nuclear.
La investidura de María Guardiola y el pacto PP-Vox en Extremadura posicionan a la región como pionera en el nuevo equilibrio energético, con Almaraz como emblema político y estratégico.
La central nuclear de Almaraz ha evolucionado en pocas semanas de ser el principal obstáculo en las negociaciones a convertirse en uno de los factores clave para acercar a PP y Vox en Extremadura.
La posición compartida para evitar su cierre, contemplado en el calendario pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez, es hoy el eje político y simbólico del preacuerdo que allana el camino para la investidura de María Guardiola.
Ambos partidos han entendido que sin una señal clara respecto a Almaraz no sería posible un pacto ni un relato sólido que presentar ante su electorado. Por eso han establecido la defensa de la central como una cláusula política dentro de su entendimiento, a la espera de definir el reparto de cargos y los detalles programáticos.
El punto de partida fue muy diferente en febrero, cuando las conversaciones se estancaron tras las elecciones en Aragón, donde Vox ganó fuerza, y en espera de los comicios en Castilla y León, cuyos resultados no cumplían del todo sus expectativas.
Por aquel entonces, los de Santiago Abascal exigían «impuestos cero» para Almaraz, la eliminación total de los tributos autonómicos y una serie de compromisos explícitos para evitar su cierre.
Por su parte, los de Alberto Núñez Feijóo adoptaban una postura más moderada, enfocada en aliviar la carga fiscal sin romper relaciones con el Gobierno central ni con las compañías eléctricas.
Los populares defendían que Extremadura debía luchar por la continuidad de la central, evitando un enfrentamiento directo que pudiera dejar a la Junta sin influencia en la negociación nacional sobre el calendario nuclear.
Vox, en contraste, usaba la ruptura con dicha hoja de ruta como su distintivo y advirtió que no respaldaría la investidura sin una salvaguardia política y normativa mucho más rígida.
Desde entonces, el equilibrio de fuerzas y el contexto han cambiado. De hecho, hace pocos días el Gobierno en funciones de la región anunció un acuerdo con Vox para aprobar un decreto de medidas sociales que consideran «urgente para salvar la administración».
PP y Vox han ido convergiendo hasta aceptar un marco común: rechazo explícito al cierre en la fecha prevista, compromiso de revisar toda la fiscalidad autonómica que afecta a la central y voluntad de convertir a la Junta en un frente político opositor contra Moncloa en defensa de la nuclear.
El preacuerdo alcanzado este miércoles, sin embargo, no garantiza la investidura. Por ahora, ambos coinciden en formar Gobierno, pero aún queda definir cómo.
Lo que las partes quisieron dejar claro de inmediato es el mensaje: Extremadura contará con un Gobierno comprometido con la defensa de Almaraz, dispuesto a utilizar todas las herramientas legales y regulatorias a su alcance para mantener la central en funcionamiento.
Crisis energética y apagón
De forma paralela, la crisis energética originada por la guerra en Irán ha reforzado el argumento de quienes defienden un parque nuclear robusto dentro del sistema eléctrico español.
La volatilidad de precios, la tensión en los mercados de gas y petróleo y la necesidad de garantizar un suministro estable, suficiente, económico y descarbonizado han devuelto al centro del debate político el papel de nucleares como Almaraz.
Este cambio ocurre además cuando se acerca el aniversario del gran apagón del 28 de abril de 2025.
La investigación realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó que el colapso se produjo por «una serie de errores encadenados».
Entre esos factores, destacó la ausencia de una fuente de generación estable en los días previos y durante el evento, en un sistema donde las nucleares estaban desconectadas y la mezcla energética tenía una predominancia elevada de renovables, caracterizadas por su intermitencia.
Los audios internos de Red Eléctrica difundidos esta semana, con responsables del centro de control narrando en tiempo real cómo «todo se iba desconectando» y cómo «la red se perdió», expresan la tensión de una red afectada por una combinación de errores operativos y falta de respaldo estable.
En este contexto, la apuesta conjunta de PP y Vox por conservar Almaraz representa algo más que un conflicto local.
También constituye una manera de participar en el debate nacional sobre el cierre progresivo del parque nuclear y la función que debe tener esta tecnología en un sistema cada vez más electrificado y dependiente de factores externos.
La investidura de Guardiola, si el pacto se concreta pronto, convertirá a Extremadura en uno de los territorios pioneros donde se evaluará ese nuevo equilibrio entre renovables y nuclear.
Además, establecerá a Almaraz como símbolo de una alianza política que ha comprendido que, en medio de la crisis energética y el recuerdo reciente del gran apagón, la seguridad del suministro puede determinar tanto un pacto de Gobierno como una legislatura completa.