El Gobierno desarrollará una inteligencia artificial educativa propia con el fin de disminuir la burocracia docente y limitar la dependencia en las aulas de plataformas privadas.
Este proyecto, planeado para implementar en 2026 y 2027, está orientado a profesores, estudiantes y familias, generando un impacto transversal en el sistema público.
La propuesta pretende gestionar los datos y contenidos educativos bajo control estatal, fomentando la confianza y evitando los riesgos derivados del uso de herramientas privadas.
Según datos de la OCDE, únicamente el 35% de los docentes españoles de Secundaria y el 28% de Primaria utilizan la inteligencia artificial en su labor diaria.
El Gobierno busca avanzar en la digitalización de las aulas… pero a partir de sus propios criterios.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes está diseñando un Programa de Inteligencia Artificial en Educación, con el propósito de reducir la carga administrativa para los docentes y mitigar la dependencia de plataformas privadas en los procesos educativos.
De acuerdo con fuentes del ministerio dirigido por Milagros Tolón, la iniciativa se implementará durante 2026 y 2027, abarcando a toda la comunidad educativa: profesores, alumnos y familias.
El plan tiene la meta de impactar de forma transversal en el sistema público español, integrando la inteligencia artificial en la enseñanza y en la gestión educativa.
El proyecto se basa en un doble enfoque clave. Por un lado, persigue la reducción de la burocracia para el profesorado, demanda recurrente en los últimos años. Por otro, apoya la gestión de centros y administraciones educativas con el uso de herramientas automatizadas.
Sin embargo, esta iniciativa trasciende la simple actualización tecnológica.
El Ministerio quiere crear una plataforma propia, una especie de IA educativa pública, que garantice el control sobre los datos y contenidos, evitando así el creciente uso de soluciones privadas.
No es la primera ocasión en la que Educación se orienta hacia este camino.
Ya en noviembre de 2025, el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), Julio Albalad, adelantó el desarrollo de una «IA soberana» gestionada por la Administración.
En aquel momento, en declaraciones a la Cadena SER, explicó que la idea era establecer un entorno donde docentes y alumnos pudieran interactuar con la IA con garantías: limitando las respuestas y asegurando que la información compartida permanezca dentro de ese ecosistema controlado.
Este planteamiento se materializa ahora en un contexto donde el uso de la inteligencia artificial en las aulas continúa siendo limitado y desigual, dependiendo enteramente del profesorado. Además, los estudiantes señalan que no reciben formación adecuada para aprovechar esta tecnología.
Según el último informe de la OCDE, el 36% del profesorado de Secundaria a nivel internacional declara haber utilizado estas herramientas. En la Unión Europea la cifra se reduce al 32%, mientras que en España alcanza el 35%.
En Primaria, el porcentaje es menor. Solo un 28% de los docentes españoles afirma haber empleado inteligencia artificial en su práctica diaria.
Apenas cuatro de cada diez profesores consideran que estas tecnologías aportan beneficios evidentes en actividades como la planificación de clases, la adaptación de materiales o la atención a estudiantes con necesidades específicas.
En este escenario, la estrategia del Gobierno también pretende disminuir las reticencias del profesorado.
La creación de una herramienta pública, con información controlada y alineada al currículo, busca generar confianza en el profesorado y facilitar su incorporación en las aulas, minimizando los riesgos vinculados a plataformas externas.