La norma contempla reducciones fiscales en energía y carburantes, apoyos directos a sectores afectados y medidas de protección para hogares en situación vulnerable

El Congreso de los Diputados ha ratificado este jueves el decreto anticrisis impulsado por el Gobierno para responder a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio, tras una votación que resolvió las incertidumbres que persistieron durante gran parte de la mañana. La norma fue aprobada con 175 votos a favor, las abstenciones de PP y Podemos, y el rechazo de Vox, consolidando una mayoría suficiente para su aprobación.
El Ejecutivo aseguró los apoyos parlamentarios necesarios gracias al respaldo de PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, ERC, Junts y, finalmente, el BNG, cuya decisión resultó clave para garantizar un margen holgado en el resultado. La formación nacionalista gallega anunció su voto favorable a última hora de la mañana, invocando “responsabilidad política”, aunque puntualizó que considera insuficientes las medidas del decreto.
Pasadas las 13:00 horas, el Partido Popular comunicó su abstención, un movimiento que perdió peso numérico tras la postura del BNG. Por su parte, Coalición Canaria confirmó su voto a favor tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para compensar económicamente aquellas disposiciones del decreto que no se apliquen en el archipiélago. La cuantía específica de esta compensación se definirá el próximo lunes.
Reducciones fiscales y apoyos directos
El decreto ratificado incluye un amplio paquete de 80 medidas fiscales, sociales y económicas dirigidas a mitigar el encarecimiento de la energía y los combustibles. Entre las iniciativas principales figura la reducción del IVA de los carburantes al 10% y la disminución del impuesto especial sobre hidrocarburos, facilitando un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros por depósito para un vehículo promedio.
En el sector energético, la norma plantea una reducción del 60% en la carga tributaria sobre la electricidad, con la rebaja del IVA al 10%, la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica y la reducción del impuesto especial del 5,11% al 0,5%. Igualmente, el IVA del gas natural, pellets y leña se disminuye al 10%, al tiempo que se congelan los precios del butano y propano.

El decreto también contempla una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para las industrias con mayor consumo energético, además de la extensión durante todo el año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico. Se añade el aumento de la ayuda mínima del bono social térmico hasta los 50 euros y la prohibición de cortar los suministros esenciales a hogares vulnerables.
Respecto a las ayudas directas, el texto establece una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, junto con una ayuda similar destinada a la compra de fertilizantes.
Medidas estructurales y laborales
El plan aprobado no se limita a medidas temporales, sino que incorpora iniciativas estructurales que buscan reforzar la independencia energética y fomentar la transición hacia modelos más sostenibles. Entre ellas destacan las deducciones en el IRPF para la instalación de paneles solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de climatización eficientes, así como el impulso del autoconsumo energético.
En el ámbito empresarial, el decreto incluye la prórroga de la moratoria contable para las pérdidas registradas durante la pandemia en 2020 y 2021, con el fin de evitar la disolución de empresas afectadas. Además, se prohíbe el despido objetivo en las compañías que se beneficien de las ayudas previstas en la norma.
El texto fortalece también los planes de movilidad sostenible, exigiendo que las empresas con más de 200 empleados faciliten alternativas más eficientes para el desplazamiento de sus trabajadores al centro laboral.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, auxiliar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria".
Estas medidas forman parte de un paquete económico más amplio, publicado previamente en el Boletín Oficial del Estado y dotado con alrededor de 5.000 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo. Junto a este decreto, el Gobierno aprobó otro centrado en vivienda que incluye la congelación temporal del precio del alquiler y la prórroga extraordinaria de contratos, aunque este segundo texto deberá afrontará una votación posterior en el Congreso sin un apoyo mayoritario garantizado.

