El propietario de una finca en Huelva, donde la Policía localizó más de 4,5 toneladas de cocaína junto con cuatro fusiles AK-47, ha solicitado su libertad ante la Audiencia Nacional.
La defensa del imputado reclama la puesta en libertad tras una serie de excarcelaciones recientes relacionadas con investigaciones de narcotráfico, motivadas por una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.
La finca servía como ‘guardería’ de droga y fue intervenida por la UDYCO, que descubrió fardos de cocaína y armamento bélico en el lugar.
La resolución del Constitucional y las liberaciones recientes han generado inquietud en la Audiencia Nacional acerca del efecto en la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional.
El propietario de una finca en Huelva donde la Policía encontró varias toneladas de cocaína y cuatro fusiles AK-47 ha solicitado la libertad ante la Audiencia Nacional.
Este ciudadano español fue puesto en prisión provisional el pasado 16 de marzo por el juez Francisco de Jorge, instructor de una causa judicial confidencial contra una supuesta organización criminal con conexiones internacionales dedicada al tráfico de drogas.
En una resolución, el magistrado señaló que este onubense, identificado con las siglas J. C. D. L., «estaba encargado de funciones de vigilancia de la cocaína almacenada en su finca». La propiedad se encuentra en la localidad de Gibraleón.
Ahora, menos de quince días después de su encarcelamiento, la defensa, representada por el abogado Juango Ospina, ha solicitado su excarcelación.
Esta petición se produce tras que la Audiencia Nacional haya liberado a más de veinte investigados implicados en diversas causas vinculadas al narcotráfico.
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), fechada en febrero pasado, concluyó que la Justicia vulneró los derechos de una persona —un guardia civil— al enviarlo a prisión dentro de una causa secreta sin facilitarle «acceso a los elementos esenciales» que justificaron su detención provisional.
Por esta razón, el TC anuló dicha medida. El Constitucional insistió en que no es suficiente presentar un resumen genérico de los indicios contra un investigado. Y el secreto del sumario
El guardia civil, sin embargo, ya se encontraba en libertad cuando se emitió esta sentencia. Aun así, este fallo se convirtió en un referente relevante.
Poco después, a principios de marzo —en una causa judicial confidencial distinta, pero también dirigida contra una red de narcotraficantes—, Ospina consiguió que otro de sus clientes recuperase la libertad basándose en la misma argumentación, tras haber sido encarcelado sin conocer en detalle los elementos que motivaron su prisión.
Por esta razón, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó la liberación de este segundo detenido. Estos dos precedentes derivaron en un incremento significativo de excarcelaciones.
En las últimas semanas, el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional —al que la Sala obligó a liberar al cliente de Ospina— ha excarcelado a más de una veintena de investigados en esta misma causa judicial.
‘Guardería’ de cocaína
En este contexto, Ospina mantiene su estrategia y ha presentado ya una solicitud de excarcelación para J. C. D. L., dirigida al Juzgado Central 1, bajo la titularidad de Francisco de Jorge.
Un informe policial al que tuvo acceso EL ESPAÑOL señala que la parcela propiedad del investigado funcionaba como una guardería, término utilizado en el ámbito del narcotráfico para designar lugares donde se almacena y resguarda la droga.
La Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional encontró en la finca más de 3,5 toneladas de cocaína.
Además, los agentes interceptaron mil kilos adicionales en una furgoneta que salía del terreno.
Como muestran las fotografías del informe policial, la finca contaba con una vivienda donde en el salón se encontraban apilados 116 fardos de cocaína, cada uno con un peso aproximado de 30 kilos.
La UDYCO también encontró 35 paquetes más pequeños, de un kilo cada uno. Junto al cargamento, había un fusil AK-47. En la cocina, se hallaron otras tres armas de este modelo, además de cargadores y munición.
Según el informe, al entrar en la propiedad, «los residentes intentaron escapar». Por este motivo, el juez De Jorge decretó prisión para J. C. D. L. por riesgo de fuga y la gravedad de las penas que enfrenta.
Sin embargo, en la resolución, el magistrado sólo indica que «la participación [de J. C. D. L.] en los hechos investigados se desprende del atestado policial y de las vigilancias efectuadas». No obstante, sí proporcionó a la defensa copias del atestado y del auto que autorizó el registro en la finca de Gibraleón.
El juez De Jorge también apuntó que el investigado podría ser acusado de delitos relacionados con el tráfico de drogas «en cantidad de notoria importancia», así como de pertenencia a organización criminal y tenencia de armas de guerra.
Inquietud en la Audiencia
Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por EL ESPAÑOL expresan cierta preocupación por las consecuencias derivadas de la citada sentencia de febrero del TC.
Especialmente en cuanto a cómo esta puede afectar la cooperación penal internacional en investigaciones donde España colabora con otros países de la Unión Europea para combatir grandes redes criminales.
«Podría poner en riesgo la seguridad de agentes encubiertos, por ejemplo, si los detenidos descubren que el trabajo de estos funcionarios es lo que motivó el ingreso en prisión», advierten.
Las mismas fuentes también estiman que estas liberaciones podrían favorecer a traficantes de armas y de personas, y reconocen que ya se ha presentado un «aluvión» de recursos con ese fin.
Desde el ámbito jurídico, se señala que la opción más adecuada es excarcelar a los investigados que cumplan con los requisitos y, acto seguido, celebrar una vista donde — esta vez sí — se les proporcione el nivel de detalle que exige el TC para justificar su ingreso —o regreso— a prisión provisional.