CCOO y UGT reprochan al Gobierno de Murcia su negativa a aplicar el Salario Mínimo Interprofesional, acusándolo de respaldar un modelo económico fundamentado en salarios bajos y en la precariedad laboral.
Los sindicatos denuncian la paralización de la negociación colectiva en la región, con convenios laborales estancados desde hace más de diez años.
Más de 150.000 trabajadores dependen del aumento del SMI en la Región de Murcia, y los sindicatos advierten que cuestionar su implementación condena a muchas familias a la precariedad económica.
CCOO y UGT critican al Ejecutivo murciano por debilitar el diálogo social y permitir condiciones laborales indignas incluso en sectores financiados con fondos públicos.
CCOO y UGT de la Región de Murcia denuncian que el Gobierno regional se muestra «opuesto» a la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los sindicatos señalan al Ejecutivo autonómico por “defender un modelo económico basado en salarios bajos, la precariedad y el bloqueo de la negociación colectiva”.
Para ambos sindicatos, la actuación del Gobierno regional no obedece a un debate técnico ni legal, sino a “una clara decisión política: alinearse con quienes llevan años impidiendo el incremento salarial en la Región de Murcia”.
“Resulta inadmisible que el Gobierno de una de las comunidades con los salarios más bajos del país se manifieste en contra del SMI. No solo es una contradicción, sino un ataque directo a los trabajadores y trabajadoras de esta tierra”, denuncian UGT y CCOO.
Los sindicatos califican de “especialmente grave” que el Ejecutivo defienda la negociación colectiva mientras en la Región de Murcia existen convenios bloqueados desde hace más de diez años. “Lo que ocurre en Murcia no es negociación colectiva, es un bloqueo sistemático. Y esto tiene responsables directos”, subrayan.
En la actualidad, más de 150.000 personas trabajadoras en la Región dependen de las subidas del SMI. “Cuestionar su aplicación es condenar a miles de familias a continuar con salarios insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Es ignorar la realidad social murciana”, advierten.
Además, CCOO y UGT denuncian la “hipocresía intolerable” del discurso del Gobierno regional, que asegura garantizar salarios dignos en contratos públicos mientras permite condiciones precarias en sectores financiados con dinero público.
“Si realmente desean asegurar sueldos dignos, deberían comenzar aplicándolo en la sanidad privada y en todos los servicios mantenidos con fondos públicos. No es posible financiar la precariedad desde la Administración y, al mismo tiempo, dar lecciones sobre legalidad”, enfatizan.
“No se puede exigir externamente lo que no se garantiza internamente. En la Región de Murcia, el dinero público sostiene condiciones laborales que no resultan dignas”, añaden.
Los sindicatos acusan al Ejecutivo autonómico además de “debilitar deliberadamente el diálogo social”, al atacar a los agentes sociales y comprometer políticas esenciales contra la pobreza, la desigualdad y la precariedad laboral.
Los convenios
“Cuando un Gobierno permite el bloqueo de los convenios por años y, además, pone en duda las herramientas que posibilitan aumentar los salarios, no está defendiendo la negociación colectiva, sino vaciándola de su contenido”, indican.
CCOO y UGT recalcan que esta posición “no es neutral ni técnica”, sino “una toma de partido que favorece un modelo económico que depende de salarios bajos para sostenerse”.
Por todo lo anterior, exigen al Gobierno regional una rectificación inmediata y un cambio de enfoque. “Gobernar no significa proteger a un sector, sino garantizar condiciones dignas para toda la población”.
Elevar el SMI en esta Región no responde a una cuestión ideológica, sino a una cuestión de justicia. Porque detrás de cada salario hay una vida, y en Murcia existen demasiadas vidas atrapadas en la precariedad”, concluyen.