El científico otorgó a Juan Arroyo un adicional de responsabilidad de 25.000 euros y condiciones excepcionales frente a un despido, ejerciendo siempre como su principal defensor ante el Ministerio.
El científico Mariano Barbacid aseguró contractualmente en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) la posición de Juan Arroyo, ex gerente acusado por dos ex altos cargos de liderar y respaldar un desfalco de entre 25 y 30 millones en 17 años, una denuncia que están investigando a fondo la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, y cuyas evidencias han provocado el despido de Arroyo y dos de sus subordinados en la institución.
Barbacid, que según han recopilado los agentes pertenece al círculo cercano de Arroyo desde hace más de 20 años, impulsó dos maniobras para protegerlo al incorporarse Arroyo al CNIO en 2002.
Por un lado, estableció que se le pagara un suplemento anual de casi 25.000 euros por «especial responsabilidad». Por otro, que su despido resultara extraordinariamente costoso para las finanzas del centro. De esta forma, firmó una cláusula por la cual, «en todos los casos de terminación del contrato por iniciativa del empleador» -es decir, independientemente de las circunstancias-, se le abonarían a Arroyo 45 días de salario por cada año trabajado, con un tope de 36 meses, frente a los habituales 20 días por año y 12 meses como máximo.
EL MUNDO tuvo acceso a estas cláusulas, calificadas como «muy poco habituales» por la actual gerencia del centro, y que ponen en evidencia uno de los aspectos centrales en las investigaciones llevadas a cabo por Anticorrupción y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF): la estrecha relación entre Barbacid y Arroyo y una convergencia de intereses que los agentes examinan minuciosamente.
Fue el propio Barbacid, entonces director científico del CNIO — creado en 2000 — quien autorizó en 2002 el complemento salarial para Arroyo, que había trabajado en los años 80 en el Ministerio de Hacienda, así como su blindaje laboral. Además, Barbacid se mantuvo como defensor férreo del gerente de facto del centro entre 2002 y 2025 (aunque oficialmente entre 2002 y 2007 ostentara el cargo de Vicedirector de Asuntos Económicos), según ha confirmado EL MUNDO.
Según esta publicación, Barbacid posee al menos una empresa, Herdon Inmobiliaria, ubicada en la misma dirección que varias de Arroyo y su hermano José Luis (un inmueble donde los Barbacid concentran varias propiedades, en Don Quijote, 11, Madrid) y donde también se fundó Zeus SL, uno de los proveedores del CNIO, creada por un ex directivo y a través de la cual se habrían desviado hasta 1,4 millones en fondos públicos, según la denuncia.
La relevancia de estas sociedades radica en que, mediante una red de empresas formadas por exdirectivos del CNIO, se habrían facturado servicios al centro que realmente o se prestaban de manera muy reducida, o directamente no se realizaban, según pudo constatar el entonces gerente, José Manuel Bernabé, y que varios trabajadores reconocieron como servicios «fantasma», según EL MUNDO -Gedosol, una de estas firmas, fundada por el exjefe de Personal, ya ha sido cancelada por el Patronato-.
Adicionalmente, se efectuaban operaciones para eliminar rastros de estos manejos en el sistema SAP del propio CNIO, y uno de los responsables de este sistema resultó ser, según hallazgos de los investigadores, el hermano del administrador de Zeus -aunque fuentes alternativas exculpan a esta persona, que declaró voluntariamente ante la UDEF-. Así se habrían borrado, por ejemplo, evidencias de un viaje de Arroyo y su pareja mexicana a México, sufragado por el CNIO y sin justificación documental.
Mediante el sistema informático, según testimonios obtenidos por la UDEF, se espiaba a otros empleados para mantener bajo control la operativa. Todo esto se realizaba, según recogen las declaraciones — donde se ha registrado una avalancha de testimonios —, bajo el presunto control, a veces explícito según algunos relatos, de Arroyo.
¿Cómo pudo ocurrir todo esto, durante casi dos décadas, en el principal centro de investigación oncológica de España sin que nadie interviniera? Se analiza detalladamente el rol de Barbacid como protector, visible al menos en el caso de Arroyo. Varias carteras ministeriales responsables del centro, inicialmente Sanidad y luego Ciencia, cambiaron de manos en ese periodo, y ante cualquier duda sobre las cuentas del CNIO el temperamento difícil de Barbacid y su imagen pública frenaron cualquier acción, ya fuera con ministros cercanos a la ciencia o externos.
Titulares de Sanidad del PP expresaron serias reservas sobre su gestión: Celia Villalobos mantuvo un enfrentamiento casi público con él, y un exdirector del Instituto Carlos III, Antonio Campos, se negó a aprobar unas cuentas del CNIO por una desviación no justificada de 9,5 millones. Sin embargo, durante esa etapa Barbacid había regresado desde Estados Unidos, donde emigró con una beca Fulbright y desarrolló su carrera con el respaldo de Aznar. Cualquier discrepancia o desajuste financiero era pasado por alto.
Durante la etapa de Cristina Garmendia en el PSOE, los conflictos públicos también fueron notorios, por el intento de Barbacid de incorporar financiamiento privado al CNIO y sus esfuerzos para obtener fondos privados para una supuesta cura del cáncer de pulmón que nunca prosperó, lo que llevó al Ministerio a emitir una nota muy crítica, acusándole de «explotar el dolor de las víctimas», en una situación que recuerda a la actual, por las dudas sobre su proyecto de cáncer de páncreas, que se promocionó casi como una cura pero es una expectativa remota.
Garmendia se esforzó por bloquear todo acceso al dinero privado desde el CNIO, y en 2011 Barbacid dejó la dirección científica, siendo sustituido por María Blasco.
Sin embargo, quien se mantuvo fue su mano derecha en la gerencia: Juan Arroyo, quien, según denuncias bajo investigación de Anticorrupción y UDEF, presuntamente ya dirigía desde entonces una red de empresas satélite, establecida alrededor de 2007.
Blasco desconfió de él y buscó en varias ocasiones su destitución — tanto durante la etapa de Rajoy, cuando se le prometió su salida, como tras el regreso de los socialistas en 2018 con Pedro Duque —, pero Barbacid protegió a Arroyo hasta tal punto que finalmente fue Blasco quien fue removida en 2025, tras varias polémicas publicaciones de El País sobre quejas de acoso e irregularidades que luego no volvieron a saberse.
En los dos años finales, quienes se opusieron a la transferencia de patentes del centro hacia Barbacid, o a la consolidación de acuerdos con patrimonio privado en proyectos de este, fueron removidos, usualmente mediante denuncias de acoso.
Así terminó la etapa de Blasco, al igual que la de Roke Oruezábal, entonces director de Innovación, como informó EL MUNDO. Ambos denunciaron ante el actual secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa que Arroyo y Barbacid buscaban desmantelar los activos del centro. Meses después, ella fue destituida y él despedido, mediante un proceso aparentemente promovido por el entorno de Arroyo.
Posteriormente fueron apartados también los directores de Operaciones y Compras, quienes presentaron denuncias ante Anticorrupción tras realizar una auditoría profunda secreta durante casi un año, y que fueron despedidos en septiembre pasado en represalia tan evidente que la Autoridad de Protección al Informante anunció, como adelantó este diario, que el CNIO será sancionado por ello.
Igualmente, estos denunciantes comunicaron a Cruz Cigudosa en dos ocasiones las presuntas irregularidades de casi veinte años que detectaban, pero el Ministerio volvió a abstenerse y quienes fueron despedidos fueron ellos.
En septiembre pasado llegó el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, un alto funcionario de amplia reputación, que finalizaba su carrera procedente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Se afirmó entonces que Bernabé llegaba con la orden de la ministra Diana Morant de «limpiar la casa», pero la realidad es distinta: según ha comentado a su entorno en los últimos meses, solo un equipo coordinado y con pleno respaldo gubernamental podría haber enfrentado lo que encontró, y nadie le advirtió al respecto.
Cuando EL MUNDO publicó en exclusiva a mediados de noviembre la denuncia del exdirector de Operaciones, repleta de indicios de desfalco, y la Fiscalía Anticorrupción intensificó la pesquisa, Bernabé empezó a presentar sus propias denuncias, y a ampliarlas: en apenas dos meses detectó posibles actos de corrupción en múltiples áreas, y sospechaba estar vigilado continuamente.
Solicitó asimismo la salida de Arroyo y dos de sus principales colaboradores, se resistió a algunos proyectos aparentemente destinados a la despatrimonialización del centro impulsados por Barbacid, e incluso detectó que se habían realizado obras no autorizadas en el laboratorio del científico… En pocas semanas, fue objeto de un clásico recurso paralizador: una denuncia por acoso, precisamente de una subordinada de Arroyo cuyo despido Bernabé había solicitado, y que fue aceptada por el Patronato.
Extrañamente, el Ministerio volvió a ignorar la situación, incluso con un funcionario comisionado por él mismo, y aceptó la denuncia divulgada en ‘ABC’, que la trabajadora nunca ratificó, quedando el caso, tras obtener el objetivo, olvidado: para los responsables ministeriales, según varias fuentes en toda esta historia, proteger la candidatura de Diana Morant a la Generalitat Valenciana era más importante que el CNIO ante cualquier acusación de acoso sin atender.
Bernabé incluso comunicó a Ciencia — a través del Instituto Carlos III — que el CNIO estaba cayéndose «a pedazos» debido a la falta de inversión y probablemente a un presunto desfalco de casi veinte años. La realidad actual se presenta kafkiana: las gestiones para encontrar un nuevo responsable de la gerencia no tienen éxito. Nadie desea asumir la responsabilidad de un polvorín después de años bajo una supuesta red clientelar con posibles ‘minas’ ocultas en cada decisión.
Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía Nacional afrontan esta situación y, según ha sabido EL MUNDO, avanzan en sus investigaciones.