La Fiscalía Anticorrupción responsabiliza a José Manuel Villarejo de filtrar a la prensa el material contenido en el móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos.
Villarejo rechaza esta acusación y señala a Pablo Iglesias, quien tuvo la tarjeta durante varios meses antes de devolvérsela a Bousselham.
El Ministerio Público pide una condena de cinco años de prisión para Villarejo por un presunto delito de revelación de secretos cometido como funcionario público.
La defensa de Villarejo sostiene que actuó de manera particular, mientras que la Abogacía del Estado solicita que la Administración no sea reconocida como responsable civil subsidiaria.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el excomisario José Manuel Villarejo fue quien filtró a los medios el contenido del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos en la Eurocámara.
Así lo expuso este martes el fiscal Jorge Andújar durante la última sesión del juicio contra Villarejo en la Audiencia Nacional, relacionado con el conocido como caso Dina.
Anticorrupción defiende que esa es la única explicación lógica para que ciertos archivos del dispositivo de Bousselham —como conversaciones internas y capturas de pantalla— se publicaran en medios de comunicación tras haber recibido el excomisario esa información en un pendrive.
De hecho, el fiscal resaltó que en las agendas personales del excomisario hay anotaciones que evidenciarían la presunta filtración: «Dani estaba mosca por haberle dado a Olmo el tema de Podemos».
Además, la Fiscalía sostiene que Villarejo tuvo acceso a esos datos «aprovechando su condición de funcionario», dado que en ese momento estaba adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.
Por este motivo, el Ministerio Público reclama cinco años de prisión para el excomisario, por un presunto delito de revelación de secretos en su calidad de funcionario.
No obstante, este martes, la Abogacía del Estado ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no se condene a la Administración como responsable civil subsidiaria de los actos de Villarejo, solicitud que la Fiscalía sí plantea. Esto implicaría que el Estado no tendría que hacerse cargo de indemnizaciones si el acusado resulta condenado.
La Abogacía del Estado argumenta que Villarejo actuó de forma «privada» y «ajena a sus funciones policiales».
El robo del móvil
El dispositivo móvil de Bousselham fue sustraído en noviembre de 2015 dentro de un centro comercial en Alcorcón (Madrid).
En enero de 2016, de manera que no ha quedado completamente esclarecida en el juicio, el móvil llegó a las oficinas de la revista Interviú.
El entonces presidente del Grupo Zeta (al que pertenecía la publicación ya desaparecida), Antonio Asensio, decidió no publicar nada del contenido del teléfono de Bousselham, y contactó con Pablo Iglesias para devolverle la tarjeta.
En ese momento secretario general de Podemos, Iglesias mantuvo la tarjeta bajo su custodia varios meses, sin devolverla ni informar a su propietaria.
Por ello, este martes durante la vista, la defensa de Villarejo, representada por el abogado Antonio García Cabrera, negó que su cliente fuera quien difundió a la prensa ese material.
Incluso sugirió que «pudo ser Pablo Iglesias», quien retuvo esa información durante meses.
Se ha comprobado que el director Alberto Pozas y el subdirector Luis Rendueles de Interviú entregaron a Villarejo un pendrive con copia de los archivos del teléfono de Dina. De hecho, cuando fue detenido en 2017, la Policía encontró varias carpetas con ese contenido en la vivienda del excomisario.
Villarejo afirmó que la reunión con Pozas y Rendueles ocurrió en febrero de 2016, según sus anotaciones, y que el pendrive le fue entregado hasta abril de ese año.
Sin embargo, el fiscal rechazó la existencia de alguna «hipótesis alternativa» que explique que Villarejo fue el responsable de filtrar a los medios OkDiario y El Confidencial el contenido del móvil de Dina Bousselham.
Este último medio incurrió en varias contradicciones, recordó el fiscal: primero afirmó que la tarjeta no funcionaba al ser devuelta por Iglesias, después que sí fue efectiva la primera vez que la usaron y luego dejó de funcionar.
No obstante, según Andújar, estas circunstancias no alteran la acusación por revelación de secretos contra Villarejo.
«¿Que un comisario tenga tu dispositivo sin autorización judicial vulnera la privacidad? Sí, afecta; no debería tenerlo», subrayó el fiscal.
«Y esa circunstancia se agrava porque, como juez o fiscal, debe garantizar la legalidad», añadió. «No es igual un funcionario que un particular», enfatizó.
En la sesión inicial del juicio, el 2 de marzo, tanto Iglesias como Dina acordaron perdonar a Pozas y Rendueles, los dos periodistas de Interviú que entregaron el contenido a Villarejo.
Así, este último quedó como único acusado en el proceso, siendo el único para quien Anticorrupción ha solicitado penas.
Sin embargo, este martes Andújar indicó que si Iglesias y Dina no les hubieran perdonado, también los habría acusado y pedido su condena.
El ‘caso Dina’
La pieza denominada Dina se inició el 19 de marzo de 2019 bajo la instrucción del juez Manuel García-Castellón, a partir de indicios que apuntaban a que la filtración de los mensajes del móvil de Dina a determinados medios podría haber sido realizada por Villarejo.
Al detenerlo en 2017, la Policía encontró en el domicilio del excomisario una copia de los archivos almacenados en el dispositivo de Bousselham.
Dentro de ese material había fotografías personales de la asesora política, documentos internos de Podemos, chats del partido y mensajes del propio Iglesias, entre ellos uno donde expresaba que «azotaría hasta que sangrase» a la presentadora de televisión Mariló Montero.
Los meses posteriores a la llegada del contenido a Interviú, coincidiendo con las negociaciones entre PSOE y Podemos (que contaban con 69 diputados tras las elecciones de diciembre de 2015) para formar Gobierno, aparecieron noticias desfavorables para el partido de Iglesias en los medios OkDiario y El Confidencial.
Según el escrito acusatorio del fiscal, que suscribieron Iglesias y Bousselham, Villarejo, «abusando de sus funciones vinculadas a la inteligencia policial, brindó los archivos descargados [de la tarjeta de Dina] a periodistas cercanos para que publicaran diversas informaciones que desacreditaran al partido Podemos y a su entonces secretario general, Pablo Iglesias».
El caso Dina también generó complicaciones legales para Iglesias. En octubre de 2020, el juez García-Castellón envió una exposición razonada a la Sala Penal del Supremo al considerar que el líder de Podemos podría haber cometido presuntos delitos como descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito.
El instructor señaló que Iglesias accedió a la tarjeta del móvil de Dina, «comprobó que en el dispositivo se guardaban archivos personales y muy íntimos de Bousselham» y «aun así mantuvo la tarjeta en su poder» sin informar a su antigua asesora.
También apuntaba que, meses después, al devolver la tarjeta, ésta estaba «inutilizable».
Iglesias, tanto en el juicio como en sus memorias publicadas en 2022, reconoció haber tenido un comportamiento «paternalista» al retener la tarjeta SD, con la intención de proteger a su dueña y evitarle molestias.
La Sala Penal del Supremo desestimó abrir una causa contra el exlíder de Podemos, ya que la acción no habría prosperado dado que Bousselham lo exoneró explícitamente por la «confianza» existente entre ambos.
Ambos ejercieron en este proceso como acusación particular contra Villarejo, sosteniendo que lo ocurrido con la tarjeta de Dina fue una operación orquestada por las «cloacas del Estado».