El magistrado interviene tras la decisión de la Audiencia de Madrid de anular su primer intento de procesar mediante esta vía las diligencias contra la esposa del presidente del Gobierno.
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido unificar las dos líneas de investigación sobre Begoña Gómez y avanzar el caso hacia un juicio con jurado. Esta acción se produce después de que la Audiencia de Madrid le reprochara no haber fundamentado adecuadamente su elección de tramitar el caso por la vía del jurado.
En su fallo, Peinado añade a los demás delitos del procedimiento la pieza separada que indagaba la posible malversación relacionada con la implicación de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez en actividades privadas profesionales para la esposa del presidente del Gobierno.
En la pieza principal se investigaban otros cuatro delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por supuestamente favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas; además de apropiación indebida e intrusismo profesional vinculados con su gestión del software utilizado en su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, cuya puesta en marcha contó con la colaboración de Barrabés.
Todos estos hechos se integran y se tratan a través del procedimiento con jurado, dado que dos de los cinco delitos (malversación y tráfico de influencias) deben enjuiciarse de este modo. Esta decisión ya había sido adoptada previamente por Peinado, aunque la Audiencia la revocó considerando que no estaba suficientemente argumentada. Ahora el juez retoma el tema, ofreciendo una fundamentación más amplia.
Siguiendo los pasos previstos para el proceso con jurado, el magistrado ha citado para el próximo 1 de abril a las 12h en el juzgado a los tres investigados, la Fiscalía y las acusaciones. En esta convocatoria se concretarán las imputaciones que las acusaciones populares desean mantener.
El auto emitido hoy no pone fin aún a la investigación ni determina la existencia de indicios suficientes para remitir el caso a juicio. Sin embargo, por su contenido, cumple con esa función, aunque la resolución formal se deberá dictar más adelante. En enero, al resolver los recursos de los imputados, la Audiencia señaló que a este punto, tras más de un año y medio de pesquisa, la decisión de llevar el caso a juicio con jurado debía estar sólidamente fundada. En un procedimiento estándar, este acuerdo suele tomarse al inicio de la investigación y basta que la explicación sea plausible.
Balance de indicios
Peinado recopila lo que considera ha revelado la investigación, que será nuevamente examinada por la Audiencia de Madrid ante los recursos que, con toda probabilidad, se presentarán. El primer dato es la confirmación de que Begoña Gómez y Pedro Sánchez contrajeron matrimonio civil el 27 de julio de 2006. Continúa el ascenso de su esposo al liderazgo del PSOE y su llegada a la Presidencia del Gobierno en junio de 2028, un punto que marca para él un «VERDADERAMENTE TRASCENDENTAL [las mayúsculas son suyas]» en el caso.
«A partir de ese momento, se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional» de Begoña Gómez. «Tras la investidura de Pedro Sánchez», reitera, «se produce una transformación radical en su carrera, que hasta entonces estaba vinculada al ámbito privado del marketing».
El magistrado precisa que, tras un encuentro en La Moncloa con el rector de la UCM, ella consiguió dirigir una nueva cátedra extraordinaria y que contó con el apoyo de Barrabés «para la creación, financiación, desarrollo y estabilidad de dicha cátedra».
Contrariamente, el juez señala que «se produjo una serie de acciones que relacionan el progreso de los proyectos profesionales impulsados por Begoña Gómez con la adjudicación de contratos públicos a empresas ligadas al entorno empresarial de Juan Carlos Barrabés».
Especialmente, destacan adjudicaciones de Red.es en las que la esposa del presidente firmó cartas de recomendación. «Fue presentada dentro de una licitación promovida por un organismo público dependiente del mismo Gobierno que su esposo presidía desde dos años atrás», explica el juzgador, quien también recuerda que en dichos contratos se identificaron «irregularidades relevantes».
El relato continúa con la singular creación de la cátedra, cuyo financiamiento «se organizó mediante aportaciones de empresas de primer nivel que mantienen y mantenían diferentes tipos de vínculos con la Administración General del Estado y otras instituciones oficiales». Según detalla, «la financiación y el respaldo empresarial obtenidos están ligados a una posición de privilegio relacional junto con beneficios o expectativas recíprocas». En la misma línea describe el apoyo recibido de compañías para elaborar un software destinado a su cátedra.
La malversación aparece evidenciada por la constante presencia de la asesora de La Moncloa en dicho ámbito. «La coincidencia de testimonios permite afirmar, para fines indiciarios, que Cristina Álvarez era percibida ante terceros como integrante funcional del equipo de la cátedra y del proyecto del software, participando en reuniones, en asuntos económicos, en comunicaciones con empresas y en el seguimiento de trabajos técnicos, pese a poseer formalmente la condición de personal eventual de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno».
El magistrado detalla asimismo varias circunstancias que le llevan a pensar que Gómez intentó apropiarse del software que las empresas y la UCM desarrollaban para la cátedra y que debería ser de propiedad pública.
«No ofrece duda alguna»
El juez sintetiza este conjunto de hechos en el último de los fundamentos de su resolución, donde señala, puntuando para mayor claridad:
«No cabe duda alguna de que la investigada Begoña Gómez, aprovechando su posición predominante como esposa del Presidente del Gobierno, en actividades no institucionales sino de carácter plenamente privado, se pone en contacto […] con el empresario e igualmente investigado Juan Carlos Barrabés Cónsul, a quien convoca en la sede de la Presidencia del Gobierno. De igual modo hace con el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache Goñi, valiéndose de esa prevalencia —en este caso moral— amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno, lo cual per se impacta en el comportamiento de cualquier ciudadano, quien conoce el poder de su esposo para influir en la toma de decisiones o resoluciones, dictadas directa o indirectamente por sí mismo o asignadas a cualquiera de sus numerosos subordinados jerárquicos, que puedan beneficiar a un empresario, en esta ocasión al investigado Juan Carlos Barrabés Cónsul, al rector de una universidad pública, en este caso la Complutense de Madrid, o a cualquier otra persona».
«Como se ha expuesto, realiza reuniones en las dependencias del Palacio Presidencial, un escenario que puede intimidar a cualquier ciudadano, y redacta cartas sugiriendo, de manera directa o indirecta, adjudicaciones de concursos públicos o contratos de prestación de servicios. Además, logra que se cree específicamente para ella una cátedra extraordinaria que dirige, amparándose en esa posición de influencia derivada de la capacidad decisoria de su esposo, y contrata a su amiga e investigada María Cristina Álvarez Rodríguez, a quien emplea no sólo para trámites protocolarios o institucionales, sino para su actividad privada, desde la gestión cotidiana de la cátedra hasta la colaboración directa […] para obtener financiación de actividades vinculadas tanto a la cátedra como al máster, denominados ambos de Transformación Social Competitiva, así como para la elaboración de un sistema operativo o software que posteriormente intenta registrar como propio».
«Todo lo anterior, como se ha relatado, con fondos provenientes de empresas privadas que, conscientes de quién lo solicitaba (esposa del Presidente del Gobierno), no dudaron en conceder esos apoyos». Para ello, destaca el juez, contó con la «intensa y continua colaboración de la investigada María Cristina Álvarez».